El prefecto regional de la Policía de Investigaciones de Aysén, Alfredo Espinoza Ugarte, comentó el reproche efectuado por la Contraloría General de la República a la millonaria compra institucional de mobiliario y aparatos electrónicos, cedidos en «préstamo» al jefe policial para uso particular, en la vivienda fiscal que habita en la ciudad de Coyhaique.
Televisores, microondas, un refrigerador y hasta un sacajugos detectó el organismo en el listado de enseres adquiridos con fondos públicos, traspasados indebidamente a Espinoza por un total de $8.351.956, tal como informó en exclusiva El Ciudadano el pasado viernes, acompañando copia de la investigación de 25 páginas abierta a raíz de una denuncia anónima que alertó sobre las malas prácticas.
La fiscalización también descubrió un pago en exceso por el traslado de muebles del oficial a Coyhaique, por un monto superior a los tres millones y medio de pesos, y la entrega indebida de una asignación cercana a un millón y medio de pesos entre noviembre de 2015 y junio de 2016.
Respecto a lo anterior, en una entrevista que concedió ayer a El Diario de Aysén – medio que recurrentemente publica sus columnas -, Espinoza declaró que «no hay enriquecimiento ilícito, no hay ningún tipo de conducta tipificada como delito, no hay mala fe, ni dolo». Igualmente, recalcó que los objetos fueron pagados a nivel central con recursos que no estaban en la región.
«Lo que sí existe y la Contraloría así lo concluye, es que hay observaciones a procedimientos internos que no se están cumpliendo de acuerdo a las normas y lo que haremos es adecuarnos a lo que nos dice la Contraloría”, argumentó, agregando que «no hay corrupción, al contrario, consecuente con uno de nuestros valores hemos sido transparentes, entregando toda la información».
La autoridad señaló que los dineros que no resultaron descontados de sus liquidaciones de sueldo por asignación de vivienda fiscal y arriendo, fueron restituidos «inmediatamente al darse cuenta del error, antes de que finalizara la investigación de Contraloría».
Cabe señalar que el informe de ese ente subrayó que la policía civil no tomó medidas oportunas de propia iniciativa para cortar el sobrepago durante el proceso de requerimiento de antecedentes efectuado en la revisión de cuentas.
Pese a que el fin de semana recién pasado solicitamos entrevistar a Espinoza, la oficina regional de Asuntos Públicos de la policía civil de Aysén explicó el lunes que el jefe involucrado rechazó conversar con este medio para entregar su versión.
El caso ha impactado negativamente en la imagen del prefecto, tanto a nivel externo como interno. Dentro de las filas se habla del apoyo incondicional que recibiría desde Santiago por el director general Héctor Espinosa, quien al igual que él y Marcos Vásquez, anterior jefe máximo de la PDI, realizó carrera policial en Concepción. Los tres compartirían lazos de amistad como apoderados de colegios masónicos penquistas.
Aunque el prefecto Espinoza descartó la configuración de posibles delitos, la Fiscalía Local de Coyhaique desarrolla, actualmente, una investigación desformalizada por un caso similar que presenta ribetes de «malversación de caudales públicos» en contra del actual director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén, Pedro Durán Branchi.
El 27 de diciembre de 2016, un oficio elaborado por el fiscal jefe Luis González Aracena llegó a las manos de Durán para informar la apertura de una causa por «malversación» y pedir antecedentes sobre el uso irregular de una vivienda fiscal del Serviu y la compra de bienes para la misma.
El Ministerio Público requirió acceso a los sumarios incoados por el Serviu en torno al Informe de Investigación Especial 387/2016 de la Contraloría Regional de Aysén, que indagó eventuales faltas a la probidad cometidas por Durán a raíz de una denuncia anónima.
Dicho proceso concluyó que el director del servicio, entre junio y julio de 2015, dispuso la compra de muebles y enseres por un monto de $1.478.349 para la citada casa – objetándose $775.470 del total, por no ser un gasto que correspondiera ser solventado con recursos del Estado.
Sumado a lo anterior, se supo que Durán no pagó el arriendo del inmueble por su uso, hecho que lo obligó a devolver la suma de $409.087 y que Contraloría observó, pero suavizó, en el pronunciamiento final del documento.
Allí, la Contraloría señaló que el acto administrativo del Serviu que autorizó la adquisición de los muebles por trato directo – en la empresa Sodimac S.A. – «alude expresamente a la intención de que el inmueble sea utilizado como casa de huéspedes», y que, en virtud de ello, «al momento de la compra de los bienes de que se trata, la vivienda no se encontraba asignada al citado directivo», como sí lo fue más tarde.
«En las condiciones descritas, no es posible entender que tales elementos fueran a utilizarse en el interés personal de la referida jefatura», agrega el análisis, señalando que «en la especie existe una justa causa de error en el proceder de quienes intervinieron en el proceso de compra, al entender que la adquisición de enseres para el alhajamiento de la misma era coherente con dicho objetivo original (de ser solo una casa de huéspedes)».
Dicho esto, el caso del prefecto Alfredo Espinoza podría tener mayor gravedad, ya que los muebles y aparatos domésticos se compraron y «prestaron» con el propósito expreso de su uso particular en la vivienda fiscal, acorde al informe respectivo. Además, los montos involucrados son mucho mayores, y a la fecha no han sido restituidos ni por la institución ni por quien los usa – persona que a través de un posterior remate, según comentan los entendidos, podría apropiarse de ellos a bajo costo.
El Ciudadano intentó conocer la postura de la Fiscalía Regional de Aysén (que ya investiga al director regional del Serviu, Pedro Durán), frente a las irregularidades advertidas por Contraloría en el amoblado de la vivienda usada por el mentado jefe de la PDI.
A través de su encargado de comunicaciones, el ente perseguidor de delitos señaló que «no ha recibido comunicación de la mencionada Investigación Especial N° 740-2016 expuesta en vuestro medio de comunicación y que involucraría a un oficial superior de la Policía de Investigaciones de Chile, la cual tampoco se encuentra disponible aún en el sitio web de la Contraloría».
Respecto a si existe la posibilidad de abrir una investigación de oficio contra Espinoza, la Fiscalía se limitó a decir que «sólo ha tomado conocimiento de los antecedentes expuestos en forma pública por los medios de comunicación y sobre la materia, no existe una investigación penal al efecto».
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