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En el escrito se detallan más de 3.500 documentos y otros medios de prueba, además de decenas de testigos y peritos, que se presentaran en juicio para acreditar los delitos. Sorpresivamente la fiscalía de Copiapó decidió “no perseverar” en este caso, por “no tener antecedentes suficientes”.
Después de una intensa audiencia donde se analizó la decisión de la fiscalía local de Copiapó de no llevar a juicio oral al ex intendente de la región de Atacama, Francisco Sánchez, en una causa donde se le imputa una millonaria estafa a la empresa controlada por capitales japoneses, Atacama Kozan, el Juzgado de Garantía de la capital de la Región de Atacama autorizó a la víctima para seguir el proceso sin el Ministerio Público.
En ese contexto, hace algunos días se concretó la presentación de una acusación que detalla los hechos y delitos que se le imputan al Francisco Sánchez y su colaborador, Rodrigo Albornoz, los que incluyen el haber defraudado a la compañía mientras eran ejecutivos de la empresa, pero también en el periodo en que Sánchez se despeñaba como Intendente de la Región de Atacama designado por la segunda administración de Sebastián Piñera.
En la acusación se le imputan a Francisco Sánchez y Rodrigo Albornoz cuatro delitos de estafa consumados y reiterados en calidad de autores, y se les pide a cada uno 15 años de cárcel efectiva, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En la presentación también se detallan más de 35 testigos y peritos que se ofrecen para ser llevados a juicio, sumado a más de 3.500 documentos y otros medios de prueba reunidos en una investigación que superó los dos años.
Esto resulta llamativo, ya que la fiscalía de Copiapó decidió no llevar a juicio a Sánchez señalando que no habrían “antecedentes suficientes”. También llamó la atención que en la audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, donde se comunicó la señalada decisión del Ministerio Publico, la fiscalía argumentó en contra de la petición de los querellantes, Atacama Kozan, de poder seguir adelante el proceso penal sin el Ministerio Público, a pesar que esa decisión no lo afectaba a dicha institución.
Fiscalía actuaría de forma conjunta con los abogados de Sánchez y Albornoz “transformándose en los hechos en sus abogados” según señaló una fuete cercana al caso, que calificó esa actuación como “escandalosamente impresentable”.
La forma como se ha llevado adelante la investigación ha generado múltiples cuestionamientos a la imparcialidad de la fiscalía en la región de Atacama, señalándose que en sus decisiones se ampararía a personas vinculadas al actual senador por Atacama, Rafael Prohens, y en general a sectores de Chile Vamos, en contraste con la decidida persecución criminal que sigue en contra de personas de otros sectores políticos, como el caso del diputado Jaime Mulet.
El Juzgado de Garantía de Copiapó tuvo por presentada sin reparos la acusación formulada en contra de Sánchez y Albornoz, y fijó una audiencia de preparación de Juicio Oral para el día 12 de enero de 2023.
El Ciudadano
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