Presentan medida cautelar ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos por proyecto hidroeléctrico Alto Maipo

La medida cautelar fue presentada por abogados de la ONG Justicia y Reparación, en representación de un grupo de habitantes del Cajón del Maipo y de la ciudad de Santiago, victimas frente a la CIDH, entre los que se encuentran Nathalie Joignant, activista por el agua y el cambio climático, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, premio Nobel medioambiental Right Livelihood Award, entre otros vecinos y activistas.

Los firmantes solicitaron a la Comisión que tramite y acoja en su totalidad la medida cautelar y que disponga que el Estado de Chile suspenda el inicio de las operaciones del proyecto Alto Maipo, en atención a los riesgos que este representa para la vida, integridad y la salud de los habitantes de RM, al intervenir y entubar las aguas del río Maipo y de importantes afluentes, especialmente, considerando el grave contexto de sequía que vive el país. También se solicita que el CIDH ordene al Estado la creación de una mesa de trabajo integrada por autoridades públicas y representantes de AES Andes, Aguas Andinas y organizaciones de la sociedad civil para efectos de iniciar un diálogo integral, abierto y de buena fe, acerca de la protección y sostenibilidad de la cuenca del río Maipo.

Del mismo modo, solicitaron que se haga uso de la facultad que le confiere el artículo 25.5 de su Reglamento porque “la inmediatez del daño potencial no admite demora” ya que, según la información emitida por Aes Andes y Alto Maipo, las obras iniciarán operaciones -hecho generador del daño- durante el mes de diciembre del presente año. 

“Hemos recurrido a la Comisión Interamericana para que tome cartas urgentes en un asunto que no resiste demora, luego de haber acudido a todas las instancias nacionales. Alto Maipo no debe entrar en operación por los múltiples riesgos que implica, tal como que hemos advertido y visibilizado por más de una década, junto a miles de personas que se han manifestado en su contra. Este es un proyecto inviable, que acelera, además, los graves efectos del cambio climático” señaló Nathalie Joignant, activista, ex candidata a Gobernadora por la Región metropolitana y vocera de No Alto Maipo.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín concordó señalando que “la entrada en operaciones de Alto Maipo representa un riesgo para la integridad de todos quienes acceden al agua a través de la cuenca del Maipo. Si el Estado no adopta medidas al respecto, es la protección regional de derechos humanos la que debe operar”, subrayó, citada en nota de prensa.

En la misma línea, Juan Pablo Orrego, presidente de ONG Ecosistemas, cuestionó el hecho que “En Chile ha habido denegación de justicia constante respecto a Alto Maipo. Un proyecto nefasto y riesgoso que ha avanzado solo gracias al lobby financiero y político internacional y nacional, del más alto nivel, desplegado desde el gobierno, la embajada y los bancos multilaterales norteamericanos -BID y Banco Mundial, a través de IFC-, al que se suma el lobby austriaco de Strabag -socia de Aes Andes con 7% del proyecto- y el lobby francés por GDF Suéz, a través de Aguas Andinas y su controvertido contrato.

Alto Maipo es un proyecto hidroeléctrico de gran magnitud, cuya propietaria principal es la empresa estadounidense AES Gener S.A y la austriaca STRABAG, entre otros accionistas. El proyecto se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Santiago, en la comuna de San José de Maipo, en la cuenca del río Maipo, en Chile. 

Es importante agregar que AES Gener S.A -hoy Aes Andes- celebró un contrato con la empresa Aguas Andina, encargada de la provisión de agua potable a partir de los afluentes de la cuenca del Maipo, con el propósito de obligar jurídicamente a ésta última a abstenerse de utilizar aguas cristalinas presentes en la cuenca del río para la provisión de agua potable. Todo ello con el objetivo de que esas aguas, precisamente, fuesen utilizadas por el proyecto Alto Maipo de manera prioritaria. La validez de dicho contrato ante el derecho chileno aún se encuentra sujeta a discusión en tribunales.

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