Presentan norma a la Convención para incluir un capítulo en la nueva Constitución sobre el mundo rural

Un grupo de constituyentes independientes presentó ante la Convención Constitucional, una iniciativa de norma, con el fin de establecer un capítulo en la nueva Carta Magna sobre el mundo rural.

Dicha norma es patrocinada por los convencionales César Uribe Araya (D19); Lisette Vergara Riquelme (D6), Francisca Arauna Urrutia ( D18), Manuela Royo Letelier (D23), Francisco Caamaño Rojas ( D14), Carolina Vilches Fuenzalida ( D6), Alejandra Flores ( D2) y Gloria Alvarado Jorquera ( D16).

También respaldaron esta iniciativa los convencionales Loreto Vallejos Dávila ( D15), Cristóbal Andrade León ( D6), Eduardo Castillo Vigouroux (D23), Helmuth Martinez Llancapan ( D23), Camila Zárate Zárate (D7), Nicolas Núñez Gangas (D16), Roberto Celedón Férnandez (D17) y Paola Grandón González (lD17).

La iniciativa consta en total de 16 artículos, y fue adherida por los convencionales Marcos Barraza Gómez ( D13), Claudio Gómez Castro (D6) y Valentina Miranda Arce (D8).

La propuesta tiene como objetivo atender la situación que viven muchos trabajadores agrícolas que sufren abuso laboral.

«Muchos trabajadores y trabajadoras agrícolas viven situaciones de abuso laboral y con mucha presión para limitar sus organizaciones reivindicativas, y se han debilitado las representaciones nacionales y/o regionales y los apoyos de fondos públicos para sus operaciones», refiere el texto presentado ante la Convención Constitucional.

Para esto, la iniciativa propone como primeras disposiciones definir al Mundo Rural, así como buscar brindar un «reconocimiento a la población rural formada fundamentalmente por campesinos y campesinas, pueblos originarios, pescadores artesanales, recolectores artesanales y otras personas que trabajan en zonas rurales, como sujetos históricos, portadores de una cultura y cosmovisión propias».

De igual forma, la norma establece que el Estado debe reconocer a todos los trabajadores del mundo rural, por lo que deben garantizársele el derecho a la tierra, al agua, al libre manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos y a los recursos económicos necesarios para la producción.

«No se permitirá la privatización de la capacidad reproductiva de plantas y animales, como tampoco de sus procesos vitales, componentes  y estructuras celulares, genéticas y químicas. Asimismo, no se permitirá la producción, uso, consumo e importación de cultivos y alimentos transgénicos en el país, incluida la prohibición de producción de semillas transgénicas», establece uno de los articulados.

El texto incluye el reconocimiento a los trabajadores de la tierra y su contribución a la soberanía alimentaria.

«El Estado reconoce la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos. La alimentación y la soberanía alimentaria son derechos fundamentales e inalienables. La realización de estos derechos son principios ordenadores de las políticas agrícolas y alimentarias del país. La producción de alimentos para el consumo interno, deberá ordenar el conjunto de la producción agrícola».

Con el fin de proteger a los trabajadores agrícolas y de la pesca, se propone una ley que regule las condiciones de higiene así como la seguridad laboral en las faenas rurales.

«El trabajo en la agricultura, silvicultura, agroindustria, pesca y extracción de productos del Mar y otras actividades afines, requerirán una regulación específica, atendida la naturaleza de estas faenas, en una Ley especial que proteja los derechos de las y los trabajadores. Lo mismo vale para los trabajos de temporada o esporádicos, sean ejecutados por mano de obra nacional o migrante», señala el texto.

Los campesinos, pueblos indígenas, pescadores y todos los trabajadores de las zonas rurales, tendrán derecho a integrar sindicatos y cooperativas, con el fin de proteger y negociar a favor de los intereses de sus representados.

Por otra parte, entre las propuestas, se encuentra el reconocimiento de una ciudadanía rural.

«El Estado reconoce la ciudadanía rural- como una expresión legitima de la ciudadanía general- en cuanto se consideran factores propios de la vida rural, como su presencia en los territorios, incluso en los más apartados, ejerciendo la totalidad de los derechos y deberes que esta Constitución consagra, como expresión de igualdad de todos sus ciudadanos».