Este viernes 29 de enero, el diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), presentó un proyecto de ley que sanciona el incumplimiento del programa de vacunación COVID-19 dirigido por la autoridad sanitaria.
«La idea matriz de este proyecto es sancionar como una falta grave a la probidad, con sanciones que pueden llegar hasta la destitución del cargo, en caso que alguna autoridad del Estado o funcionario público utilice su condición para saltarse el orden de prelación establecido en la norma», señaló Leiva.
La moción es dirigida a aquella autoridad que «desempeñe un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de éstos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público o por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; por los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el general director de Carabineros o el director general de la Policía de Investigaciones», dice un inciso de la iniciativa.
«Lo que buscamos con este proyecto es disuadir, prevenir y evitar que cualquier autoridad en nuestro país utilice sus privilegios y sus fueros, para vacunarse antes, ellos y sus familias, de lo que la autoridad sanitaria ha dispuesto en el orden de prelación del proceso de inmunización», agregó el parlamentario del PS.
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El proyecto fue firmado por los diputados Miguel Ángel Calisto, miembro del partido Demócrata Cristiano (DC); Andres Longton y Karin Luck de Renovación Nacional (RN) y los diputados socialistas Luis Rocafull, Juan Santana, Maya Fernández, Marcos Ilabaca y Juan Luis Castro.
Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal), de acuerdo con información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) confirmó que hasta este jueves 28 de enero, a las 22:20 horas, el Plan de Vacunación contra el COVID-19 registró 56.764 personas inoculadas en Chile, de ellas, 10.347 personas ya han recibido su primera y segunda dosis.
Fuentes: El Mostrador/Minsal/El Desconcierto.