Este viernes 29 de enero, el diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), presentó un proyecto de ley que sanciona el incumplimiento del programa de vacunación COVID-19 dirigido por la autoridad sanitaria.
«La idea matriz de este proyecto es sancionar como una falta grave a la probidad, con sanciones que pueden llegar hasta la destitución del cargo, en caso que alguna autoridad del Estado o funcionario público utilice su condición para saltarse el orden de prelación establecido en la norma», señaló Leiva.
La moción es dirigida a aquella autoridad que «desempeñe un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de éstos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público o por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; por los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el general director de Carabineros o el director general de la Policía de Investigaciones», dice un inciso de la iniciativa.
«Lo que buscamos con este proyecto es disuadir, prevenir y evitar que cualquier autoridad en nuestro país utilice sus privilegios y sus fueros, para vacunarse antes, ellos y sus familias, de lo que la autoridad sanitaria ha dispuesto en el orden de prelación del proceso de inmunización», agregó el parlamentario del PS.
El proyecto fue firmado por los diputados Miguel Ángel Calisto, miembro del partido Demócrata Cristiano (DC); Andres Longton y Karin Luck de Renovación Nacional (RN) y los diputados socialistas Luis Rocafull, Juan Santana, Maya Fernández, Marcos Ilabaca y Juan Luis Castro.
Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal), de acuerdo con información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) confirmó que hasta este jueves 28 de enero, a las 22:20 horas, el Plan de Vacunación contra el COVID-19 registró 56.764 personas inoculadas en Chile, de ellas, 10.347 personas ya han recibido su primera y segunda dosis.
Fuentes: El Mostrador/Minsal/El Desconcierto.