Presentan proyectos para agilizar el pago de los bonos de incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación

Debido a un retraso de años, llegando en algunos casos a los cuatro años de espera, es que un grupo de diputados y diputadas de la Comisión de Educación de la Cámara Baja presentaron dos iniciativas legislativas para optimizar los tiempos y facilitar los pagos pendientes para miles de profesores y asistentes de la educación que desde 2017 esperan poder recibir las bonificaciones pactadas por ley de incentivo al retiro.

Los proyectos, uno para los profesionales de la educación y el otro para los asistentes de la educación, vienen a acotar los plazos de los pagos, mejorar los procesos de postulación, como también a aplicar multas para los responsables de cumplir con las obligaciones, para de esta forma poder regularizar los atrasos.

Según el diputado Rodrigo González (PPD), uno de los impulsores de las iniciativas, «los pagos del bono de incentivo al retiro están paralizados en el Ministerio de Educación o con los sostenedores municipales, incluso hay profesores y asistentes que han fallecido sin recibir su retiro por las trabas administrativas, burocráticas y la demora que ha tenido el Mineduc y las Corporaciones Municipales. Con estos proyectos buscamos hacer expedito y ágil el sistema de retiros porque las leyes y los derechos tienen que cumplirse, no es posible que leyes dictadas hace más de 5 años no se estén cumpliendo».

En tanto, para el presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas (DC), las iniciativas nacen por la negativa del Ejecutivo a dar solución a los incumplimientos, y anunció que se les dará una rápida tramitación: «Hemos denunciado y hemos gestionado ante el Mineduc, el ministro y todas las autoridades, una agilización de este proceso. Cuatro años de retraso tiene el cumplimiento de la ley y en consecuencia, ante la nula respuesta del Gobierno y del Ministerio, nos hemos visto en la obligación de patrocinar estos proyectos elaborados en conjunto con los dirigentes del Colegio de Profesores y de los asistentes de la educación, y me comprometo a ponerlos en tabla en la comisión a la brevedad».

Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), aseguró que los problemas vienen de larga data, y el Mineduc ha hecho caso omiso a las denuncias: «Este es un tema que ha estado en las acusaciones constitucionales, en las comisiones de educación tanto de la Cámara como del Senado, pero aún no tiene respuesta. El Ministerio de Educación ha preferido obviar, mirar para el lado y entonces tenemos a miles de profesoras y profesores y asistentes de la educación a la espera de recibir este bono de incentivo al retiro. Este proyecto es prioritario porque hay profesores y profesoras que han muerto esperando este bono y no lo podemos seguir permitiendo».

La presentación de los proyectos contó con la presencia del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien valoró las iniciativas e hizo un llamado enfático a que se cumpla con la actual legislación.

«Queremos expresar nuestro profundo malestar por el incumplimiento a la ley que durante años viene realizando el Estado de Chile a través de los municipios en todo el país. Aquí tenemos profesores y profesoras que durante más de cuatro años están esperando su bono de retiro. Algunos lamentablemente han muerto durante la espera», afirmó Díaz.

En esa línea, el dirigente advirtió que «cuando un profesor, un trabajador, no cumple la ley, inmediatamente le caen todas las penas del infierno, sin embargo, cuando es al trabajador que no se le cumple la ley, pareciera que no ocurre absolutamente nada. Valoramos esta iniciativa y la celeridad con que fue presentada. Hacemos un llamado al ministro y subsecretario de educación, al gobierno, a que se cumpla con la ley».

Finalmente, los asistentes de la educación, representados por Miguel Ángel Araneda, presidente de la Conaech, aseguró que los proyectos vienen a corregir vicios de la ley vigente: «Nuestros colegas quedaron con una ley mal hecha que lamentablemente por los años de espera, que son en promedio de 3 a 4 años, no se les calcula ese tiempo trabajado, no se prioriza a quienes están enfermos, incluso con enfermedades terminales, y lo peor de todo es que tampoco se hace el cálculo en el momento del retiro, sino que se hace en la postulación. Esperamos que el Ministro de Educación tenga la voluntad de patrocinar y apoyar estos proyectos de ley», cerró el dirigente.