Este lunes en el Centro de Justicia de Santiago se interpuso una querella criminal en contra de funcionarios de Carabineros de Chile de la Primera Comisaría de Santiago -en especial por la participación del sargento 2º Víctor Manuel Chávez Andrade de dicha dotación- y de todos quienes resulten responsables de los delitos de abusos, detención ilegal y apremios ilegítimos en contra de dos trabajadores en el marco de un control de identidad realizado en el centro de la capital.
Con el patrocinio del abogado Lorenzo Morales de la ONG Defensoría Popular, Jackson Gallo Vera y Sergio Hola Romero llegaron hasta el Séptimo Juzgado de Garantía para denunciar que el 11 de marzo de 2017, tras un supuesto “procedimiento de control de identidad» al interior de un recinto privado en calle Santo Domingo y posterior «detención ilegal», como se señala en el requerimiento, sufrieron golpes y cachetadas, manotazos en el rostro y puntapiés entre las piernas por parte de un funcionario policial.
Parte de lo sucedido con estos trabajadores pudo ser observado por todo el país en las imágenes transmitidas en el noticiero central de TVN el 15 de diciembre de 2017. El video de la estación televisiva se hizo viral.
En la querella se solicita que quien recabe los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y las respectivas responsabilidades, sea la Brigada de Derechos Humanos o el Departamento V de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de «resguardar la objetividad e imparcialidad de la investigación penal, ya que los imputados son funcionarios activos de Carabineros de Chile”.
“Luego de los hechos, y habiéndoles negado a las víctimas por dos días poder realizar el trámite en la misma Comisaría, se interpuso una denuncia que fue a dar a la Justicia Militar en donde durmió por siete meses, hasta que un fiscal logró enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, donde se investigó aún menos y la causa fue archivada antes de que se hiciera pública», señala el abogado Lorenzo Morales, quien añade que es entonces en este escenario que la querella presentada «busca por tanto obligar al Ministerio Público a investigar a fondo y garantizar la adjudicación de responsabilidades”.
“A nuestro entender -agrega Morales- Carabineros actuó sin motivo aparente, ejecutó acciones de represión sin motivo racional alguno, y violencias innecesarias. En una sociedad democrática uno de los requisitos fundamentales del uso de la fuerza es la regla estricta de la legalidad y proporcionalidad (…) Las policías quedan sometidas a la obligación de un uso austero y eficiente de la fuerza, y las autoridades de las que dependen al escrutinio público por las responsabilidades que tienen cuando lo anterior no ocurre”, apuntó el jurista.
«Nos golpearon alrededor de 25 a 30 minutos»
Tras la presentación de la querella, los denunciantes conversaron con El Ciudadano. Sergio Hola, una de las víctimas de las agresiones, relató que lo ocurrido se generó a partir de un control de identidad realizado al interior del edificio en donde trabaja como conserje y mientras estaban en su horario de colación. «No había ningún tipo de delito», asegura, agregando que luego fueron trasladados a la Comisaría. «Sin revisarnos ni las pertenencias ni nada, nos golpearon; luego le entregan el carnet a mi compañero, me consultan a mí y nos dicen ‘esto fue un control de identidad’ y nos dicen que ‘nos podemos ir’… luego de que nos golpearon alrededor de 25 a 30 minutos… No nos dieron ninguna explicación», recuerda.
El denunciante agrega que al reclamarle por un control de identidad que a su juicio no estaba ajustado a la legalidad, «lo que recibía eran golpizas, más golpes no más». «Finalmente no reclamé más porque me estaban pegando hace mucho rato y los golpes me tenían mal”, asegura Sergio, quien agrega: “En la Comisaría nos golpearon, al lado de los calabozos. Me golpearon la cabeza, las piernas, y una patada cerca de los testículos”.
En tanto, Jackson David Gallo describe lo ocurrido como «algo de terror», refrendando lo expuesto por su compañero de labores. «Sin decirnos nada nos comienzan a pegar, inclusive había varios carabineros que los defendían. Hubo uno que cerró la ventana, decían que el artículo tanto… yo me sentía, no sé, nunca me había pasado esto», detalla el ciudadano peruano.
Gallo asegura además que por su condición de extranjero ha sido víctima de actos discriminatorios por parte de los funcionarios policiales. «Yo trabajo en el centro y siempre me piden el carnet, a veces se burlan… estuve haciendo todos los trámites que corresponden, pero incluso se burlaban porque decían que no trabajaba ahí, estuve como una semana para poner un reclamo en Carabineros, que al día siguiente no me lo tomaron», critica.
«Me siento discriminado», sostiene Jackson, quien agrega: «No sé si será por mi color o porque soy de otra nacionalidad, no sé, pero se me vino encima y nos comenzó a pegar, incluso mi gorro salía volando a metros, y después otro carabinero me lo ponía en la cabeza, y otra vez me pegaban… Llegó la señora Rosita Melo, de la administración, y nos sacó a los 25 minutos. Le dijeron que ‘nunca nos pegaron, que fue un control de identidad’. Mintió el carabinero».
«Son gente de trabajo que fueron atropellados en sus derechos»
En tanto, el abogado Lorenzo Morales -quien califica la detención como «ilegal», de acuerdo a lo determinado por la Corte Suprema- plantea que este caso es «un ejemplo de varios que tenemos como Defensoría Popular, que hay atropellos, uno más, contra personas comunes y corrientes».
Morales destaca que la agresión se realiza en contra de dos trabajadores que, además de desempeñarse part time en el edificio desde donde fueron sacados por la policía, realizan labores en un supermercado. «Es decir, son gente de trabajo que fueron atropellados en sus derechos», apunta. «Esto estaba archivado e iba a quedar en la impunidad total, queremos que eso no ocurra, queremos que los carabineros -estén o no activos; creemos que están activos- respondan ante la Justicia y sean sancionados”, declaró el abogado a El Ciudadano.
– La Defensoría Popular ha llevado diversos casos en los que protocolos de la institución se van de las manos, por decirlo de alguna manera. Ya veíamos el caso de la mujer que perdió un bebé por un aborto espontáneo por golpes de una carabinera. ¿Qué está sucediendo? ¿Carabineros está respondiendo a las víctimas?
El Poder Legislativo al hacer esta reforma fue muy poco cuidadoso. Se sabe que cuando se le entrega un poder omnímodo a la policía no responde a la altura. Eso no es solamente en Chile, sucede en Italia, en España, etc. Abogados de distinta índole, de distintas posiciones políticas, se opusieron. Esto fue criticado en editoriales incluso desde El Mercurio hasta El Siglo. Fue transversal, sabíamos lo que iba a pasar, y finalmente está ocurriendo. La Corte Suprema, a través de dos fallos importantes, el último en la ‘Operación Huracán’, establece que los controles de identidad deben tener ciertas cortapisas, que le establece un protocolo determinado a la policía, y creemos que eso va a ser el rango donde pueden actuar. El futuro Ejecutivo debe notificar a las policías para que actúen dentro del rango que corresponde.
– ¿Y los golpes? ¿En qué minuto la policía puede ejercer violencia desmedida contra dos personas que estaban descansando en su tiempo libre, que los toman, además, desde un recinto privado, y los llevan hasta la Comisaría…? ¿Puede Carabineros, sin una orden, realizar un control de identidad al interior de una propiedad privada?
Puede bajo ciertos requisitos que, en este caso, no están. Y nos parece aún más grave, pues mis dos representados no hicieron ninguna oposición, no provocaron a los policías… Ellos los golpearon, y menos mal que existían las cámaras. Eso va a objetivizar el comportamiento de la policía y creemos que el procedimiento de principio a fin está viciado. Queremos que estos carabineros no sigan en la institución, y que sean formalizados y sancionados por la justicia civil.
Te invitamos a ver la entrevista completa realizada por el Área Audiovisual de El Ciudadano.