El pasado 19 de diciembre, la periodista Daniela Toro fue atropellada por un retén móvil en plena avenida Irarrázaval, quedando con serias lesiones y con la imposibilidad de trabajar por casi dos meses. A pesar que en primera instancia los funcionarios manifestaron su voluntad de hacerse cargo de los costos del tratamiento, hasta ahora la institución no se ha comunicado con la afectada.
«Estoy muy traumada con este hecho», señala la afecta. Por este motivo, presentó una querella criminal por lesiones graves contra los cabos Felipe Arcos y Ricardo Matamala, ambos pertenecientes a la 33 Comisaría de Ñuñoa.
En conversación con El Ciudadano, Toro explica que «el 19 de diciembre volvía a casa cuando me interceptó un retén móvil que retrocedía a mucha velocidad. Los carabineros estaban descompensados tratando de arreglar el vehículo y prestándome menos atención a mí». Incluso alega la pérdida de su bicicleta pues «ellos se la llevaron y nunca más la vi».
La profesional agrega que hasta ahora el tratamiento ha tenido un costo de $700 mil, sin que Carabineros haya cancelado un peso hasta el momento. «Ellos me aseguraron que los gastos médicos serían cubiertos por su seguro, pero hasta ahora he debido pagar todo yo. Esto no puede ser en una institución que debiera darnos confianza y protección», recalca Toro. Y agrega: «en primera instancia se me comunicio con el subteniente de la 33 comisaría y nunca más me llamaron».
A pesar de lo dramático del hecho, Toro se da tiempo para contar una anécdota que refleja cual es el actuar de Carabineros detrás del volante: «Al momento del accidente me trasladan al hospital, donde pase toda la noche internada. Muy temprano al otro día me dan el alta y son los mismo funcionarios policiales los que me llevan a mi casa. En el camino a mi casa se saltan una luz roja, yo les dije que son imprudentes e irresponsables«.
«Quiero visibilizar algo que ocurre cada día, carabineros que condiucen de forma irresponsable. Todos debíeramos hacerlo porque es muy importante», asegura la periodista afectada.
A su turno, el abogado de la afectada, Cristobal Millaqueo, sostuvo que «en el sur tenemos un huracán y aquí tenemos un remolino, porque esto pasa a muchos ciudadanos. Son hechos negligentes de los funcionarios y esto debemos denunciarlo», agregando que «esta es una invitación a que los ciudadanos ejerzan su derechos»
Al mismo tiempo, el abogado Millaqueo revela detalles de la actuación de los funcionarios policiales luego del accidente: «ellos, cuando la trasladan al hospital, le piden que diga que son lesiones leves tratando de ocultar el hecho. Esto desprestigia aun mas a la institución».
Finalmente, el jurista expresa su interés porque los hechos queden totalmente esclarecidos y que para ello «esperamos que está investigación la realice la PDI», con tal de contar con todas las garantías para una correcta investigación.
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