Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegaron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, junto al senador Alejandro Navarro y parte de la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), con el objetivo de presentar un recurso de nulidad de derecho público en contra de Cuprum, por el proceso de fusión con una AFP de papel –Argentum– en el año 2015, operación que le significó evadir US$ 130 millones en impuestos, a través de un «goodwill tributario”.
En punto de prensa afuera del Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, Luis Mesina, vocero de No+AFP, explicó que la acción interpuesta ante el tribunal de alzada capitalino permitirá «que la ciudadanía en nuestro país restituya la confianza hacia y las instituciones que nunca debieron cometer el error gravísimo de cautelar el interés de las grandes corporaciones financieras”.
En este sentido, Mesina apuntó a la compañía Principal, propietaria de Cuprum, y al grupo Penta, anterior controlador de la AFP. “Es importante que la ciudadanía lo recuerde, de forma tal que no nos olvidemos que detrás de esta operación absolutamente delictual, donde están los señores Délano y Lavín, delincuentes de cuello y corbata, que han hecho de nuestro país una práctica permanente de abuso sistemático, con el objeto de capturar, en el caso particular, el ahorro previsional, colocarlo a otros objetivos, pero lo más grave, dañar el patrimonio público”, enfatizó el dirigente.
En tanto, el senador Alejandro Navarro situó a Argentum dentro del grupo de las AFP “fantasmas”, aquellas que “no recibieron un peso de cotizaciones, jamás pagaron una pensión, no tenían oficinas, no tenían plan de negocios, no tenían funcionarios, es decir, no existían”.
“Sin embargo, estos fantasmas se fusionaron con Cuprum, para optar al mecanismo del goodwill, abolido en la última reforma tributaria, pero que a última hora, y a pesar de una resolución de Contraloría que declaraba ilegal y no ajustada a derecho esta fusión entre Cuprum y Argentum, la Superintendencia de Pensiones siguió adelante, respaldando que Chile tuviera que pagar desde sus impuestos, US$ 130 millones”, agregó el parlamentario por el Biobío.
En su intervención, Navarro sacó al pizarrón a la ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, quien debió salir de su cargo tras la cuestionada operación, y manifestó que las sucesivas administraciones del país han tenido responsabilidad por la fusión. “La tuvo el gobierno anterior, con el ministro Rodrigo Valdés, que respaldó esta fusión. La tiene hoy, donde no hay un pronunciamiento del actual gobierno”, afirmó.
Desde la Coordinadora anunciaron que el próximo 19 de enero resolverán su plan de acción para el 2019 y llamaron a la ciudadanía a movilizarse, porque “no es posible que estas empresas que lucran con nuestros dineros que, forzosamente, entregamos de nuestras pensiones, ademas evadan impuestos”, subrayó Carolina Espinoza, dirigenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) y vocera de No+AFP.
En esta línea, José Pérez, presidente de la ANEF, sostuvo que “el modelo de AFP no es un sistema previsional, es un sistema empresarial de negocios que lucra con los ahorros de las y los trabajadores”.