Presos políticos mapuche efectuaron demandas coyunturales e históricas desde Temuco y Angol

Los primeros días de febrero el machi Celestino Córdova y Juan Cheuqueta divulgaron un comunicado desde la Cárcel de Temuco, en la cual expusieron cuatro puntos, además aseguraron que “no se descarta la realización de una huelga de hambre de ser necesario”.

Primeramente, exigen ser trasladados a los Centros de Educación y Trabajo de los presos políticos mapuche y no mapuche adherentes a las reivindicaciones sociales; modificación del reglamento de los establecimientos penitenciarios, decreto ley Nº518; habilitación de un módulo especial para todos los presos por causas común pertenecientes a pueblos originarios y, por último, demanda de tierra, territorio y recursos naturales.

En la declaración explicaron que “si bien existen reglamentos y decretos de ley como el N° 518 y el N° 321, ninguno hace mención ni se hace cargo de la realidad particular y cultural de los internos de los pueblos indígenas, siendo por el contrario más perjudiciales, como lo ocurrido con la actual modificación al decreto N° 321 de libertad condicional que restringen las garantías y derechos de los internos”.

Por otra parte, los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol también emitieron una declaración política, en donde afirmaron que “nuestra lucha es por recuperar el territorio como objetivo principal, para luego generar autonomía en todos los sentidos, por lo tanto, nuestra lucha es contra el Estado y el gran empresariado que irrumpe y corrompe en las comunidades mapuche”.

Además, enfatizaron que “queremos ser claros, no somos parte de las ideas tales como: asamblea constituyente, escaños reservados para los pueblos indígenas ni Estado plurinacional, todas estas ideas tienen como objetivo desaparecer a nuestro pueblo mapuche”. 

En la declaración responsabilizan a instituciones tales como el Ministerio del Interior; tribunales; Fiscalía; organismos de DDHH nacionales y regionales; Gendarmería y, finalmente, a la Defensoría Penal Mapuche, de quienes afirmaron que “fue creada por el Estado para demostrar que el mapuche tiene acceso a la defensa y justicia, sin embargo, es un organismo que está a disposición del Estado para condenar y encarcelar al mapuche”.