Una denuncia por eventuales presiones del Departamento V de «Asuntos Internos» de la Policía de Investigaciones de Chile entabló el funcionario de iniciales G. B. S., quien se querelló contra la Comisión Médica institucional por anomalías en el otorgamiento de beneficios de salud.
«Él tenía una invalidez grado dos y se la bajaron a invalidez grado uno de forma artificiosa. No había ningún antecedente nuevo que diera cuenta que el paciente estaba en mejores condiciones. Anda con muletas, se traslada con dificultades en Metro y están mandándolo a trabajar así», declaró en diciembre de 2017 el abogado Marcos Herrera Chirino, quien representa al policía.
El afectado pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago investigar posibles delitos de prevaricación y falsificación de instrumento público en las resoluciones del ente facultativo, por lo que el tribunal derivó los antecedentes al Ministerio Público para abrir una causa penal.
El libelo plantea que el Informe Técnico Nº 115 de la Comisión Médica de Investigaciones acredita que el miembro de la PDI sufrió una lesión de carácter grave en la rodilla izquierda. Un año más tarde, careciendo de antecedentes que modificaran la patología observada por un traumatólogo del Hospital Dipreca, la entidad minimizó la dolencia, agrega.
En febrero, el persecutor adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Víctor Vidal, traspasó el control de la investigación desde el Departamento V de la PDI al OS9 de Carabineros. Un hecho concreto justificó la decisión: G. B. S. acusó a un alto oficial de la institución, que hasta inicios de este año era «juez y parte» en el caso, por presunto hostigamiento.
Con la indagatoria en pleno desarrollo, una comitiva encabezada por el jefe del Departamento V, subprefecto Jorge Acuña, habría llegado «sin previo aviso» al domicilio particular del detective. Según relató el denunciante en una declaración jurada, la visita pasó a convertirse rápidamente en un interrogatorio, con la autoridad «manteniendo siempre una actitud corporal desafiante», cuestionando tanto su condición médica como los motivos de la querella presentada contra la PDI.
«Una vez finalizado el cuestionamiento de parte del Sr. Jorge Acuña, por mi acción de querellarme en contra de la institución, recién ahí proceden a indicarme que no eran ellos los que estaban a cargo de la investigación penal, sino que era otra funcionaria policial a cargo del procedimiento, la cual tomaría contacto telefónico conmigo en el transcurso del día», indica el documento.
Frente a eso, Acuña le habría señalado en «tono alto y golpeado» que mejor declarara en el cuartel sin su abogado, ya que la cosa era «entre colegas». «Finalmente, el Jefe del Departamento Quinto de la PDI… me señala que veía difícil que la institución haya cometido algún tipo de irregularidad acusada en mi caso, ya que estaba todo reglamentado el actuar de los funcionarios», puntualiza.
Los imputados confirieron patrocinio al abogado Juan de la Fuente Valiente, oficial de la Jefatura Jurídica de la PDI.
Matías Rojas – [email protected]
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