La Fiscalía Militar de Coyhaique sometió a proceso al capitán Nicolás Calderón Calderón, ex mandamás de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros de Aysén, como presunto autor del delito de falsedad de registros, previsto y sancionado en el artículo 368 del código de justicia castrense.
Teniendo a la vista dos informes, uno de la Sección de Inteligencia de la policía uniformada y otro de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, el fiscal militar y oficial de Ejército, Claudio Jara Olivares, determinó que existen «presunciones fundadas» para establecer que al acusado le corresponde participación directa en el ilícito, de forma reiterada.
Según consta en la resolución, emitida el 21 de diciembre del año recién pasado, Calderón habría falsificado múltiples tablas de servicio de la Unidad de Contabilidad y Finanzas de la Prefectura Aysén Nº 27, correlativas con los meses de enero a diciembre de 2014.
Como adelantara El Ciudadano cuatro meses antes, a través de un reportaje, el hecho fue detectado cuando el sargento segundo de Carabineros, Miguel Riveros Maldonado – quien era subalterno del procesado -, advirtió que el entonces teniente Calderón recargaba sus servicios, lo cual perjudicaba su relación familiar y generaba diversos problemas de salud.
El 7 de julio de 2014, la Prefectura abrió una investigación para esclarecer los hechos reclamados, solicitando copia autenticada de las respectivas tablas de servicio objetadas por Riveros a la Subcomisaría de Fuerzas Especiales. De acuerdo a lo indicado por la Justicia Militar, «el Oficial, a sabiendas que no las mantenía en el archivo físico de la Unidad como correspondía reglamentariamente… sin informar de ello a sus mandos, las confeccionó e imprimió desde su computador», situación que volvió a repetir en dos ocasiones más.
Al respecto, el fiscal militar señaló que «comparados dichos documentos entre sí (los originales con los adulterados), existen diferencias de forma y contenido en cuanto a las firmas de quienes suscriben como de los servicios de que dan cuenta para el mismo mes, en distintos funcionarios».
La situación se habría agravado cuando Calderón remitió a la Prefectura nuevas tablas falsas, en cumplimiento de una solicitud realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para presentarlas como medio de prueba en el juicio laboral que otro sargento, José Martínez Ávila, había iniciado contra Carabineros.
Recordemos que en su demanda, Martínez alegó ser víctima de serie de hostigamientos luego de negarse a proteger a un oficial – Víctor Follert Alarcón – eventualmente involucrado en el baleo que dejó sin visión de un globo ocular al pescador Teófilo Haro, en medio del conflicto social de Aysén de 2012.
La causa fue tomada por el magistrado Óscar Barría Alvarado, quien luego de escuchar los argumentos contrarios de la institución, estableció que la recarga laboral del sargento, que culminó en un despido abrupto, representó una vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la vida y su integridad física y psíquica. El fallo – que marcó un precedente en casos de tutela de ex uniformados – terminó siendo revertido ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Sobre esta situación, el fiscal Jara, a petición de la Corte Marcial, dirige otra investigación – causa rol Nº 50-2016 – con miras a establecer la comisión del delito previsto en el artículo 207 del Código Penal, que sanciona a quien presentare testigos, peritos, intérpretes u otros medios de prueba falsos o adulterados a un tribunal.
Según fuentes de El Ciudadano, Calderón estaría cumpliendo prisión preventiva en un cuartel policial de la Región de Valparaíso. Allí trabaja desde enero de 2016, como subcomisario administrativo de la Segunda Comisaría de Quilpué.
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