Por Janis Meneses Palma.
Es posible levantar un prontuario al presidente. También podemos hacerlo con el modelo social y económico que su sector y él defienden y cuyas consecuencias son también criminales.
El Modelo Neoliberal en Chile tiene, al menos, dos momentos bien marcados: la instalación y su perfeccionamiento. La instalación del modelo fue forzada por la dictadura cívico militar y su perfeccionamiento ocurre durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, proceso medianamente interrumpido por la revuelta popular y la Convención.
La instalación consistió en el despliegue de una serie de políticas exportadas principalmente desde Estados Unidos, avaladas por los militares y civiles que compartieron el poder durante la dictadura, teniendo como hito fundamental la Constitución de 1980, base jurídica de toda su institucionalidad. Instalaron con ella las ideas fundantes del modelo: por un lado la familia aislada, biparental, heteronormada, sin contexto comunitario y con mujeres sumidas al sostén y reproducción de la vida, como el núcleo fundamental de la sociedad; por otro, la mercantilización multidimensional de los Derechos Fundamentales, el Estado subsidiario, la venta total o parcial de los bienes comunes, las concesiones, la precarización del trabajo, la destrucción del tejido social, el empobrecimiento cultural, la competencia y el individualismo como pilares fundamentales de la construcción de identidad en las Chilenas y Chilenos.
El perfeccionamiento consistió en radicalizar el modelo, al mismo tiempo que contenía el malestar social que se expresaba con cada vez más fuerza. Vendieron lo que no vendió la dictadura y crearon nuevos subsidios o aumentaron los ya existentes. Profundizaron la crisis de lo público, incorporaron políticas empresariales y de mercado a la gestión del servicio público: el Accountability y el nuevo Management Público. Permitieron la continuidad del desfalco al Estado. Sólo se apropiaron de las demandas sociales, pero mantuvieron la afinidad con los principios de la constitución del 80. Entonces, dentro del modelo, nunca fue factible avanzar a una vida con Derechos Fundamentales. La privatización nos obliga a la deuda y a la enajenación. En definitiva, para cumplir su objetivo, el Modelo Neoliberal necesita que nos falte lo básico. Los resultados están a la vista:
En Salud, FONASA concentra alrededor del 80% de las personas, pero recibe menos del 50% de los recursos. El sistema de concesiones que conocemos como “salud pública” (FONASA, GES, AUGE) invierte, además, de modo desigual: FONASA paga $4.950 por el ítem “consulta médica” a los hospitales públicos y $11.730 a una clínica privada. Quizás por esta razón, en Chile menos del 50% de los médicos trabajan en el sector público. La concentración de recursos es grosera y puede determinar la vida de quienes acceden: a diciembre de 2020, las listas de espera para consulta de especialidad eran de 1.6 millones y de 2.5 millones en cirugías.
En Educación, se han cerrado al menos 864 escuelas públicas del país, desde la dictadura a la fecha. La educación pública corresponde sólo a un 36% y el sistema castigador de Carrera Docente no garantiza condiciones laborales mínimas: las y los docentes trabajan más horas de lo normal, incluso durante la pandemia han llegado a un promedio de 16,5 hrs. diarias, de lunes a domingo, sin considerar las tareas de cuidados y de trabajo no remunerado, en una profesión altamente feminizada, donde el 73% del cuerpo docente son profesoras (94,7% en Ed. Especial y 99,1% en Ed. Básica). No es extraño entonces, que el 20% de docentes abandone la profesión a los 5 años de ejercicio.
En Vivienda, la situación también es catastrófica. Una familia promedio en Chile debe ahorrar el 100% de sus ingresos durante 7,6 años para poder pagar una casa o un departamento, en un contexto en el cual el precio de las viviendas ha aumentado un 67,8% entre 2011 y 2019, por lo cual en la actualidad tenemos 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. Estos números representan una cantidad de trabajadoras/es y niñas/os sin condiciones mínimas de salubridad y dignidad, vulneradas/os en sus derechos fundamentales. Actualmente tenemos un déficit de más de 400 mil viviendas.
En Chile, el 96% de los programas de infancias son tercerizados y sus trabajadores subcontratados. En 2019 se registraron 841 externalizaciones de servicios. En 2021 ha entrado en funcionamiento el Servicio Mejor Niñez, que pretende reemplazar al SENAME, pero manteniendo casi intactas sus lógicas de financiamiento y gestión. Más de un 30% de los y las trabajadores de programas de infancia presenta signos de desgaste laboral.
El agua en Chile está completamente en manos privadas, al 2020 sólo el 12,3% de los derechos de agua que están habilitados para consumo son usados para el consumo humano. El uso doméstico equivale solo al 6% de las extracciones de agua.
Mientras tanto, en materia de Seguridad social, el lucro con los Derechos Fundamentales sigue: las AFP ganan más de $1.050 millones diarios, pero las pensiones no mejoran: el 80% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y aún con un ahorro de $100 millones, no es posible obtener una jubilación promedio superior a $450.000. Este año, el 50% de las personas que recibió su primera pensión autofinanciada de vejez en agosto, habiendo cotizado entre 30 y 35 años, alcanzó un monto inferior a $204.458.
En este contexto de desprotección y considerando a las fuerzas conservadoras que se alzan en defensa del modelo ¿Cuánta protección tienen las familias? El 27,1% de los trabajos son informales, el 50% de trabajadoras/es en Chile gana menos de $420.000 líquidos y, si las personas en Chile dependieran sólo de los ingresos del trabajo, 4 de cada 10 no superaría la línea de la pobreza. Las mujeres que son madres ganan en promedio un 20,8% menos que aquellas que no tienen hijas o hijos y reciben un 27% menos por realizar el mismo trabajo. Por otro lado, la tasa de sindicalización en 2018 se situó en 20,6%, el 50% no se sindicaliza por temor a consecuencias negativas en su trabajo. La tasa de cobertura de negociación colectiva real en 2015 fue de un 9,6%.
Los hogares sin Derechos Fundamentales son, en definitiva, sostenidos por las mujeres que cubren las necesidades con trabajo no remunerado: principalmente labores domésticas y de cuidados, explicando con esto la potencia de los movimientos feministas.
En dictadura impusieron un negocio que luego fue perfeccionado. Dejando un contundente prontuario incluso más grande al mostrado en estas líneas. Con el pretexto de la cobertura y el acceso, transformaron los ámbitos propios de los Derechos Fundamentales en verdaderas industrias que benefician a unos pocos y precarizan a la mayoría.
La Convención no debe ser un nuevo hito en la historia del neoliberalismo, debemos crear un nuevo modelo que permita fortalecer lo público y común. Avancemos no sólo a identificar cuáles derechos serán consignados en la Nueva Constitución, sino también, a crear un nuevo Estado, con mecanismos directos de financiamiento, a redefinir las instituciones del Estado y su gestión, a desconcentrar el poder, a descentralizar, a garantizar y proveer los Derechos Fundamentales y, por supuesto, fomentar nuevos valores.
De la mano de la ciencia, la cultura y las luchas históricas del movimiento social pongamos fin al prontuario del Neoliberalismo. Trabajemos en conjunto para expandir nuestras posibilidades: tenemos todo por construir.
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