A pesar de la indicación sustitutiva que ingresó el Ejecutivo el pasado 12 de marzo de este año para reformular el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural del gobierno de Sebastián Piñera, son varias las organizaciones patrimoniales que la rechazan, por la casi nula participación ciudadana en su discusión, por no realizar consulta indígena y por considerar que las intenciones de este gobierno no son realmente proteger el patrimonio cultural en Chile.
Esta nueva indicación a la que El Ciudadano tuvo acceso, busca empezar de cero la discusión del proyecto que ingresó el 17 de junio de 2019, debido a una fuerte oposición desde organizaciones sociales y expertos del ámbito patrimonial.
El Presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, José Osorio, indicó que las principales falencias de esta ley es que no ha contado con participación ciudadana vinculante, y que tampoco hubo ni va a haber consulta indígena, lo que consideró grave. » Hoy día el gobierno quiere reiniciar la discusión del proyecto, pero nuestras comunidades no van a estar disponibles para esa discusión, por lo que vamos a solicitar a la Cámara de Diputados que la rechace», señaló.
Además, recalcó que el proyecto de gobierno no incorporó nada de lo que propusieron en la iniciativa legislativa que buscó modificar la actual Ley de Monumentos Nacionales. La propuesta fue levantada desde la ciudadanía con apoyo de diez diputados y diputadas, ingresando al Congreso en 2018, un año antes que la del ejecutivo, quien no la consideró.
Por otro lado, el miembro del Consejo de Monumentos Nacionales y quien representa a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Gastón Fernández, señaló que no está de acuerdo con la iniciativa del gobierno por ser «inconsulta, inútil y que detrás, hay una maniobra distractora».
«El gobierno de Sebastián Piñera nunca ha tenido una preocupación muy especial por la protección patrimonial, él quiere más bien aligerar y desproteger el patrimonio», enfatizó en declaraciones a El Ciudadano.
Visión neoliberal
Osorio agregó que la modificación de esta ley es un amarre, porque «más que proteger el patrimonio, viene a consolidar una visión neoliberal».
» La Ley de Patrimonio es una ley de amarre que el gobierno está intentando dejar a pocos meses de su fin, que pretende dar espacio a la inversión privada en el campo patrimonial en muchos aspectos que en la ley actual ha logrado contener la acción privada en muchos lugares y espacios a las inmobiliarias, mineras y concesiones de autopistas por ejemplo, y esto se quiere cambiar en definitiva», planteó.
Además, Fernández comentó que el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio «lo único que ha hecho es crear burocracia, pero no ha significado una protección real y verdadera».
Cabe recordar los bajos recursos que tuvo el presupuesto para la cartera de cultura en 2020, afectando fuertemente a instituciones culturales. El panorama estuvo acompañado de declaraciones desafortunadas de la propia ministra de cultura, Consuelo Valdés, quien dijo en entrevista a CNN que “un peso que se coloque en Cultura, es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”.
Patrimonio en la Nueva Constitución
En el marco del proceso constituyente que comenzará este año, se hace necesario incorporar en la nueva carta magna la discusión sobre la protección sobre el patrimonio y cultura.
Al respecto, Osorio indicó que «es más coherente que esta ley se discuta en torno al proceso constituyente».
«Es imposible en el marco de la nueva constitución que se nos viene, hayan leyes amarre como este proyecto» insistió.
Mientras que a juicio de Fernández, en la nueva Constitución hay que partir por velar que la protección patrimonial sea función primeramente de la comunidad, pero también del Estado, y que este facilite recursos para que se garantice, ya que indicó que actualmente hay una «aparente protección patrimonial» que no es suficiente.