Por Tarsicio Antezana
Ante la persistente y progresiva contaminación y deterioro del ecosistema marino de mares interiores de la Patagonia, representada por la generación de condiciones anaeróbicas en 30-50% de las concesiones, y las operaciones de limpieza autorizadas y subrepticias que incluyen el cadeneo, arado, remoción, cobertura del lecho marino, inyección de oxígeno, etc, el Parlamento ha estado estudiando por más de dos años una modificación de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura.
Este proyecto actualmente en Comisión Mixta, implica una nueva perturbación del lecho marino, que incide en el mejor de los casos en la recuperación de los niveles naturales de oxígeno en la columna de agua y cercana al fondo e ignora la recuperación de las comunidades biológicas naturales.La gestación del proyecto y su contenido reflejan un desconocimiento del ecosistema marino, y una mínima comprensión de los graves impactos que ocasiona la acuicultura, y su regulación.
En las sesiones de las comisiones de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado y de la Cámara de Diputados se consultó reiteradamente a los representantes de la institucionalidad de gobierno ( e.g. Ministerio de Economía) y de la industria acuícola (que han causado o/y permitido esta crisis ambiental), y también se escuchó pero no se acogió las recomendaciones de 3-4 expertos en biología marina y ecología, que fueron unánimes por la no intervención del lecho marino dadas las graves consecuencias ecológicas previstas (e.g. dispersión de contaminantes, de fertilizantes, de quistes de especies de mareas rojas, etc.).
El proyecto aunque pretende revertir el estado de agotamiento del oxígeno disuelto provocado por la sobrecarga de fecas y restos de materia orgánica que caracterizan las condiciones anaeróbicas, y así poder seguir operando, ignora el grave deterioro de la biodiversidad y de las comunidades biológicas que en la virtual ausencia de oxígeno, y una elevada acidificación han sido diezmadas. Es preciso entender que regular la acuicultura o más bien restringir las operaciones cuando se han alcanzado condiciones anaeróbicas nos parece una aberrante y perversa forma de hacerlo, y que está muy lejos de asegurar o siquiera abordar la sustentabilidad ambiental y equilibrio del ecosistema marino.
Esta forma de regular, representó hace casi 20 años, el muy precario conocimiento científico de las estructuras y del funcionamiento del ecosistema marino y la decision de eludir la estimación de la Capacidad de Carga, lo cual se mantiene hasta la actualidad.En efecto las condiciones anaeróbicas implican un alto nivel de deterioro, como es la reducción del 70% del oxigeno disuelto y la acidificación cercana al 900%, que disminuyen drásticamente la biodiversidad y la composición y funcionamiento de las comunidades naturales y su reemplazo por bacterias anaeróbicas adaptadas a ambientes pútridos.
Pues bien, esta modificación a la ley reincide en utilizar esta misma vara de regulación al pretender reoxigenar el lecho marino con artificios físicos y químicos, y en nada intenta la recuperación del ecosistema afectado, que implique su equilibrio y sustentabilidad; en efecto no menciona ni tiene como objetivo explícito ni implícito, la eventual recolonización, asentamiento y recuperación de las comunidades biológicas naturales del ambiente bentónico, demersal y pelágico que han sido afectados. Tanto el Plan de Recuperación ( acciones concretas de intervención en el lecho marino y mal llamadas de “bioremediación”), como el Plan de Investigación (mejoramiento de esas técnicas o métodos de intervención) propuestos, ignoran explícitamente la recuperación de las comunidades naturales.
Estas acciones del Parlamento parecen desconocer la urgencia de incrementar el conocimiento del ecosistema marino ya deteriorado, y de insistir en su sobresimplicación y aplicar a tientas ( con un alto grado de incertidumbre y riesgo) acciones de remediación y mitigación. Este proyecto debiera ser pospuesto mientras no se logre previamente una rigurosa evaluación de los impactos y de las alternativas de recuperación del ecosistema marino, por expertos independientes y ajenos a la misma institucionalidad de gobierno y de la industria acuícola, que han privilegiado el crecimiento hasta lo infinito, y generado las graves “externalidades” que ha sufrido el patrimonio ambiental y cultural de los mares interiores.
De este proyecto, como de otras restricciones inherentes a la regulación actual de la acuicultura surge la percepción de que las sanciones o penalización de las malas prácticas incluido el persistente vertimiento de materia orgánica y de contaminantes son más bien permisivas y no disuasivas, y que este proyecto de amarre no es consistente con la revision y anulación eventual de la Ley de Pesca y Acuicultura, ni las acciones de renovación profunda que analiza la Convención Constituyente.
Dr. Tarsicio Antezana J. Asociación Defensa del Ambiente y la Cultura de Chiloe (ADAC).