Proyecto de ley promovido por la UDI, RN y Evópoli criminaliza a quienes viven en tomas y campamentos

Movimientos sociales alertan que a través de un proyecto de ley presentado por parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli que plantea penas de cárcel por vivir en campamentos y a autoriza a Carabineros a realizar desalojos sin órdenes de tribunales.

La iniciativa parlamentaria 14.015/25, presentada por el senador por la Araucanía, Felipe Kast (Evópoli) y las senadoras Ena Von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN) busca modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

El texto fue refundido con otro similar, impulsado por la también senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena.

En la presentación ante el Senado del proyecto de ley de “Usurpación de terrenos”  se plantea que la moción tiene por objeto disuadir la comisión el desarrollo de las usurpaciones o castigar eficazmente en su defecto; «para ello le otorgamos el carácter de delito, quitamos límite a la flagrancia y establecemos una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, facilitando la posibilidad de detener a los ocupantes ilegítimos, evitando el escalamiento del ilícito en conductas más nocivas y peligrosas para la sociedad».

El texto al que tuvo acceso El Ciudadano, señala que uno de las propuestas es «darle carácter de delito a la usurpación, estableciendo para la usurpación violenta una sanción base de presidio menor en su grado mínimo, independiente de la pena que correspondieren por la violencia que se causare».

Plantea también que se impida cumplir la pena mediante el pago de multa.

En cuanto a las detenciones de los «usurpadores», se busca que Carabineros pueda llevar a cabo estos procedimientos sin órdenes de tribunales.

«Modificamos el Código Procesal Penal en ese artículo, con el objeto de permitir la detención de los infractores en todos los casos, exceptuados los simples delitos que tengan asociadas una pena única de multa. Con esto se evita que, al desalojar a los infractores (para el caso de la usurpación no violenta), estos vuelvan a ingresar al predio apenas se hayan retirado las policías. Permitiendo esto se faculta su detención hasta la audiencia de control de detención y formalización. Se abre opción a su vez para casos como desórdenes públicos, hurtos menores, etc.», señala el proyecto que se discutió en la última sesión que realizó la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia presidida por el senador Francisco Huenchumilla y que integran José Miguel Durana, José Miguel Insulza, Felipe Kast y Jaime Quintana.

En la sesión de esta semana participaron el Subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando y al arquitecto de Atisba, Iván Poduje.

El representante del Ejecutivo se refirió a la situación de las tomas y campamentos del país, que se han visto fuertemente incrementadas en el último tiempo, e indicó que la cartera de Vivienda interviene en aquellos casos en que se requiere mejorar la calidad de vida transitoria en campamentos que llevan más tiempo instalados y puso énfasis en la necesidad de distinguir entre ocupación por extrema necesidad o con otros fines.

Por su parte, el arquitecto Poduje se refirió a la aparición y proliferación de los denominados «loteos brujos», señalando que la mayoría de ellos no resuelven necesidades básicas de vivienda, y que a su juicio,no tienen ninguna similitud con los campamentos que están destinados a suplir la necesidad de viviendas inmediatas.

«Los loteos brujos tienen sitios cercados y pinchados, que están a la venta por el controlador de la toma…los campamentos tienen colonización inmediata y en los loteos brujos no…este modelo consolida la informalidad, viene del modelo mexicano y puede ser una rama inmobiliaria de los narcotraficantes», dijo.

Cabe recordar que durante los primeros días de marzo, los senadores por la Región de la Araucanía se entrevistaron con Sebastián Piñera en La Moneda para solicitarle poner suma urgencia a la discusión de este proyecto en el Senado.

Según Kast, los cinco senadores coinciden en que “la agenda indígena debe retomar la fuerza que tenía bajo la conducción del entonces ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y en segundo lugar que, el Estado de Chile ha fracasado en el conflicto en la macrozona sur”.

Criminalizar las tomas de terreno

Desde los movimiento sociales y los campamentos de tomas de terrenos advierten que este proyecto de ley es parte del paquetazo represivo que el gobierno de Piñera ha impulsado para tratar de frenar la creciente protesta y la tendencia de las masas populares a desbordar la legalidad. 

Señalan que la iniciativa tiene como objetivo principalmente entregar mayores herramientas persecutorias a las policías y fiscalías para hacer frente al aumento de las recuperaciones de tierra en la Araucanía.

Asimismo, busca dotar al Estado de mayores herramientas para facilitar los desalojos de las recuperaciones de tierra por parte de las comunidades mapuche y las tomas de terreno donde los pobres de campo y ciudad se esfuerzan para construir un lugar donde vivir con dignidad.

A través de un comunicado denunciaron que el proyecto de ley 14.015-25 criminaliza las tomas de terrenos.

«Quieren imponer pena de cárcel y penas de trabajo forzoso no remunerado en “beneficio de la comunidad” para quienes  ocupan una casa o se toman un terreno», explicaron.

También alertaron que autoriza el desalojo de las tomas sin autorización judicial

«Esto nos entregaría  sin defensa en manos de carabineros  que han desatado una violencia criminal y desmedida contra el pueblo  en las protestas y movilizaciones sociales», expresaron.

10 años de cárcel

Adicionalmente, el  intendente de Valparaíso, Jorge Martínez (RN), advirtió que se busca arremeter firmemente contra de los loteos irregularidades que en el el último tiempo han ido en aumento.

A su juicio, los denominados loteos brujos y tomas ilegales de terrenos se han transformado en una problemática regional que día a día aumenta.

«Han generado un problema de orden público severo, que han generado procedimientos de balas locas, bandas y otras situaciones delictuales. Hay lugares en donde bandas se han tomado terrenos para después venderlos a vil precio a personas ingenuas o no, que entendían estas comprando legítimamente un predio», sostuvo en declaraciones a La Estrella de Valparaíso.

Explicó que de acuerdo a la legislación actual este proceder encaja en el delito de usurpación, considerándolo solo una falta con apenas una multa como sanción.

«Su pena es una multa, y es una multa baja, por tanto, es muy poco probable que a raíz de una enuncia por usurpaciónse logre un resultado efectivo por diversas circunstancias», acotó.

Es por ellos que el Gobierno emprendió un cambio de estrategia jurídica, a raíz del caso del asesinato del empresario de Concón, Alejandro Correa, en Quilpué.

Aunque en el parlamento existe un proyecto de ley que busca endurecer dicha sanción, la Intendencia anunció plantear a través de la Ley General de Urbanismo y Construcción que establece en su artículo 138 un delito especial que tiene hasta 10 años de cárcel contra el propietario, loteador, urbanizados que realice cualquier acto de transferencia de dominio y otros.

«Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo», es decir, una pena que puede llegar hasta 10 años de cárcel» advirtió Martínez.

«Las municipalidades (alcaldes), los intendentes y gobernadores y los servicios regionales de vivienda poseen legitimidad activa para poder querellarnos por estos delitos y devolver la tranquilidad a los barrios más vulnerables por culpa de ‘inmobiliarias ilegales’ que lucran con bienes y sueños ajenos», detalló el jefe regional.

Estigmatización de las tomas

Por parte de los movimientos sociales que participan en las denominadas «tomas», Taira Pizarro condenó este intento de criminalizar la ocupación de terrenos que se encuentran abandonados, y rechazó que se trate de estigmatizar a las tomas y no se muestre lo bueno que se hace en ellas.

«Nosotros pensamos que las tomas y la apropiación de terrenos que están abandonados son un derecho humano», afirmó Pizarro, directora la Biblioteca del Campamento Violeta Parra, y quien desde hace 6 años promueve en el cerro Yungay Alto de Valparaíso, proyectos de cultura y auto sustentabilidad.

«Pensamos que cualquier persona debería tener un terreno para cultivar sus alimentos y creemos que también podemos entender como educarnos en un proceso de construcción, junto con las escuelas de estos cerros, que es lo que hemos llevado a cabo con las escuelas», subrayó la licenciada en Artes titulada de la Universidad de Chile y Magister en Arte mención Patrimonio.

Rechazó el contenido del proyecto 14.015/25, presentado por la UDI, RN y Evópoli.

«No creemos que esto sea al azar, estas personas quieren criminalizar las tomas de terreno por el conflicto mapuche, porque quieren ponernos como terroristas dentro de un Estado que ha sido terrorista con las artes y con las personas. Incluso en esta toma, después del 18 de octubre, hubieron dos atentados y acá está viniendo las personas de derecha desde hace rato en nombre Techos para Chile», afirmó.

«Han venido con el disfraz de la idea de Felipe Berios, que es tan hermosa, pero son juntas de dinero que son sucios que corrompen nuestros quehaceres extractivisan nuestras almas y hacen que la gente no active su pensamiento crítico, que es lo que estamos haciendo en muchas tomas», subrayó Pizarro.

Indicó que esta visión de la vida es muy difícil de entender por parte de personas «que solo se preocupan por sobrevivir solas e individualizadas en un medio competitivo y explotador de nuestros medios naturales».

«Es difícil poner la valentía adelante, pero sabemos que es un camino largo y este proceso lo hemos disfrutado porque sabemos que nuestras hijas e hijos crecerán en un país más libre», planteó.

Protesta en los campamentos

El próximo lunes 10 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, los campamentos en resistencia se movilizaran en una jornada de protestas por cada territorio en rechazo al proyecto de ley que plantea penas de cárcel por vivir en campamentos y a autoriza a Carabineros a realizar los desalojos.

«Hacemos un llamado a todas las tomas, campamentos, comités de allegados y a los sin casa  a unir las fuerzas en una sola acción, una sola voz,   contra el intento de un grupo de parlamentarios de criminalizar las ocupaciones “ilegales” a sabiendas del problema social y la crisis humanitaria habitacional que vive Chile y el mundo», plantearon en un comunicado.

Asimismo, exigen el retiro inmediato «de este proyecto de ley maldita, la destitución del ministro de la vivienda y acusación constitucional contra los parlamentarios de la derecha que presentan el proyecto de ley 14.015-25»; así como la aplicación de un programa de reubicación «bajo la asignación directa del DS 49 que promueva el buen uso de la tierra, la vida digna, la posesión comunitaria del suelo y la aplicación extraordinaria de emergencia de una ley de suelos que otorgue posesión del suelo a las familias que ya se encentran habitando una toma o campamento».