La Cámara Alta, aprobó por unanimidad las dos iniciativas que pretenden mejorar las condiciones de ingreso al mundo laboral por parte de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes, quedando ambas con un plazo para presentar indicaciones y posibles correcciones hasta el próximo 11 de mayo.
La iniciativa originada en la Cámara de Diputados, según consigna su página, presenta en lo medular los siguientes alcances:
– Obliga a las unidades laborales del sector público o privado a reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo para personas que posean alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente.
– Establece que en las licitaciones de la Administración del Estado, se dará preferencia a los postulantes que sean empleadores de personas con discapacidad y se excluyen de las contrataciones a quienes hayan sido condenados por discriminación por causa de discapacidad.
Por otra parte, el segundo proyecto puesto en marcha, pretende modificar el Código del Trabajo y prohibir la discriminación por discapacidad, estableciendo cuotas mínimas obligatorias de incorporación de personas con capacidades diferentes en las medianas y grandes empresas.
Las disposiciones legales más importantes que incluye esta iniciativa son:
– Incorporar la discapacidad como una de las causales que pueden generar actos discriminatorios, que alteren la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
– Las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, deberán contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 2% del total de quienes presten servicios en ella, a partir del 1° de enero del año subsiguiente al de publicación de este proyecto como ley.
– Sanciona las infracciones a lo dispuesto en el párrafo anterior con multa 50 UTM ($ 2.162.000) por cada trabajador que el empleador, en conformidad a dicha norma, debía contratar.