Este miércoles 18 de noviembre, comunidades y asociaciones del pueblo quechua presentaron una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamando la consulta del mecanismo de escaños reservados, según información recogida por Radio JGM.
Los demandantes indican que en la tramitación del proyecto de ley para los escaños reservados se busca “imponer una determinada forma de participación en el proceso constitucional», sin atender su cultura indígena.
El libelo va dirigido al jefe de Estado, Sebastián Piñera, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y a los miembros de la Comisión de Constitución de ambas Cámaras legislativas.
Los quechua agregan que «cerca de 100 organizaciones indígenas han apoyado los escaños mediante firmas, pero ese número está lejos de las 3.000 organizaciones registradas por el Estado, más las orgánicas ancestrales. No se puede pretender que existe un consenso indígena con menos del 0,5 % de apoyo indígena a los escaños. Menos con encuestas a ciudadanos no indígenas que no necesariamente conocen en profundidad a los pueblos originarios”.
En este contexto, exigieron ser escuchados sin prejuicios, para brindar su aporte y profundizar la partición indígena «para que sea de todos, y no solo para académicos, políticos y las élites indígenas urbanas militantes de partidos», y aclararon que no buscan «boicotear el proceso constituyente», ya que les han dicho que se carece de tiempo para materializar dichas sugerencias.
“Nos han dicho que no hay tiempo, que las fechas son inamovibles. Nosotros hemos esperado cientos de años por la restitución de nuestra dignidad, mientras que académicos y políticos no pueden esperar unos meses para que nuestra participación sea real y no un simulacro. Cuestionamos la moralidad de quienes se apuran en promover un proceso que por rápido, puede dar lugar a fraudes y decepciones históricas, cuyas heridas sufrirán los pueblos, no quienes promueven desde una élite intelectual y política las reformas inconsultas”, sentenciaron.
La demanda detalla que se acude directamente al sistema interamericano sin tener que agotar recursos internos porque tanto las Cortes de Apelaciones en recursos de protección, como el Tribunal Constitucional han rechazado sistemáticamente los reclamos de proyectos de ley en trámite que no han sido consultados de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y otros tratados, por lo que el Estado de Chile vulnera los artículos 8.1, 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.
Las organizaciones quechua que presentaron la demanda son: Asociación Indígena Quechua Wakmanta Paqariy, de Arica y Parinacota; Comunidad Indígena Quechua de Quipisca, de Tarapacá; Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo, de Tarapacá; Comunidad Indígena Quechua de Mamiña, de Tarapacá; Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, de Tarapacá; Comunidad Quechua Territorial de Pica, de Tarapacá; Asociación Indígena Quechua de la Comuna de Pica (Matilla-Pica-Quisma), de Tarapacá; Comunidad Indígena de Macaya, de Tarapacá; Asociación Indígena del Pueblo de Kosca, de Antofagasta; Comunidad Quechua del pueblo de Kosca, de Antofagasta; Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, de Antofagasta; Comunidad Indígena Quechua de San Pedro Estación, de Antofagasta; Comunidad Quechua del pueblo de Cebollar Ascotán, de Antofagasta.
Fuentes: El Desconcierto/Radio JMG.
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