En una entrevista al portal Soy Puerto Montt, Gabriela Navarro, encargada de extensión científica de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral (UACh), valoró la decisión de la Corte Suprema que hace algunas semanas acogió un recurso de protección y ordenó al Serviu de Los Lagos, Municipalidad de Puerto Montt y a las empresas inmobiliarias GPR Puerto Varas Limitada y Socovesa Sur S.A., a adoptar una serie de medidas de protección del humedal Llantén.
“Para nosotros es importante. Incluso se comentó en el Senado, como un ejemplo nacional. Es un tremendo paso. No hay precedentes a nivel nacional”, indicó Navarro, para quien lo importante es que el pronunciamiento fue respaldado con antecedentes apoyados por científicos de la UACh, que aportaron en los informes que entregaron los vecinos a la Corte Suprema.
En ese sentido, afirmó que el hecho que se reconozca el impacto generado por la empresa y que se le revocaran los permisos “es un precedente para los demás humedales que están en condiciones parecidas en el país”, sobre todo si se considera que actualmente prácticamente no existen herramientas de protección, aunque destaca las iniciativas de los senadores Alfonso de Urresti y de Carolina Goic.
La de Goic, según explicó Gabriela Navarro, tiene que ver con las turberas, cuya importancia radica en la conservación hídrica, mientras que el de De Urresti guarda relación con los humedales urbanos, propuesta que entre otros aspectos, apunta a que estos sean incorporados en la Ley de Vivienda Urbanismo como una categoría que debería estar identificada en los planos reguladores de las comunas.
«La idea es que los municipios puedan determinar cuáles son sus humedales y ver la forma en la que los pueden proteger, como a través de la elaboración de alguna ordenanza», explica. «En principio, la idea es que el municipio elabore un catastro, con apoyo de las universidades, en alianzas con las seremías de Medio Ambiente, para que cuando actualicen sus planos reguladores, incorporarlos como una zona de especial cuidado. Además, que tienen una serie de funciones ecosistémicas».
La académica puntualizó que lo que se propone es la incorporación en la ley de base, «como un agregado en el artículo 10, que incorpore las obras que tengan que ver con la alteración física de un humedal a los estudios de impacto ambiental; pero -además- habla de las ordenanzas municipales. Por eso, y mientras está en proceso la actualización del Plan Regulador, es generar una ordenanza que los incorpore y que indique la exclusión del impacto inmobiliario en estos lugares».
La especialista enfatiza en que se debe «regularizar la basura, que es uno de los principales problemas que hoy tienen, dado que están siendo rellenados con material y usados como basureros clandestinos; así como regular las intervenciones de mascotas, de perros vagos, que es otro de los impactos que hay en estos humedales».
Consultada por el daño que provoca el desarrollo inmobiliario en los humedales, Gabriela Navarro indica que «tiene dos aspectos: el relleno, rellenan estos espacios con áridos para poder construir sobre ellos, y la contaminación, como de las aguas grises, lo que pasa con los conectores; además, la gente comienza a dejar su basura», concluyó la científica.
Fuente: Soy Puerto Montt
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