La reciente promulgación de la Ley Naín-Retamal requiere, más allá de las legítimas posiciones que se puedan adoptar al respecto, algunas consideraciones relevantes.
La mentada ley es una iniciativa legal que establece sanciones penales para quienes atenten contra la integridad física o psíquica de Carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas durante el cumplimiento de sus funciones. La ley, que lleva el nombre de un carabinero fallecido en 2017 tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad, ha generado controversia en el país y ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.
Entre las principales implicancias de esta ley se encuentra el aumento de las sanciones penales para quienes cometan delitos contra carabineros o militares. Esto significa que aquellos que sean condenados por lesiones graves o gravísimas en contra de un miembro de las fuerzas de seguridad enfrentarán penas de cárcel que van desde los 5 a los 20 años. Asimismo, la ley contempla sanciones para quienes cometan delitos de daño, robo con intimidación o hurto en contra de bienes de uso público, como vehículos policiales.
Por una parte, la aprobación de la Ley Naín Retamal o Ley Gatillo Fácil, como también se le nombra, ha sido celebrada por diversos sectores políticos y organizaciones de carabineros y militares, quienes argumentan que esta iniciativa busca proteger a quienes velan por la seguridad del país y combatir la violencia hacia las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la ley ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que esta normativa puede ser utilizada para criminalizar las movilizaciones sociales y manifestaciones pacíficas, y que puede generar un clima de impunidad frente a posibles abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Estará esta Ley siendo promulgada como un parche antes de la herida de un posible nuevo levantamiento social?
Algunos personeros han señalado que la ley podría tener un efecto contraproducente en términos de seguridad, ya que puede generar un clima de polarización y violencia en el país. Algunos han argumentado que esto podría llevar a un aumento de la violencia y la delincuencia, ya que la ley podría generar un sentimiento de impunidad y venganza entre aquellos que se sienten perjudicados por las fuerzas de seguridad.
Su promulgación ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, quienes argumentan que puede ser utilizada para criminalizar las movilizaciones sociales y manifestaciones pacíficas, y que puede generar un clima de impunidad frente a posibles abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
Diversos personajes en Chile han emitido comentarios y opiniones al respecto. Sebastián Piñera, celebró la aprobación de la ley y la describió como «un acto de justicia hacia quienes nos protegen y nos cuidan todos los días». El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacó que esta ley busca proteger a las fuerzas de seguridad y combatir la violencia en el país. El director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, señaló que esta ley permitirá que los delitos cometidos en contra de los miembros de las fuerzas de seguridad sean sancionados de manera más efectiva. El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, criticó la ley y argumentó que puede ser utilizada para reprimir las manifestaciones pacíficas y criminalizar la protesta social. La presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, expresó su preocupación por el efecto que podría tener esta ley en la violencia en el país, y señaló que «la seguridad no se construye con más represión». La Comisión Chilena de Derechos Humanos y diversas organizaciones de derechos humanos han criticado la ley y señalado que puede ser utilizada para criminalizar la protesta social y generar un clima de impunidad frente a posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. La organización Amnistía Internacional señaló que la ley «abre una peligrosa brecha en la protección de los derechos humanos en Chile» y que «criminalizar la protesta social es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”. La aprobación de la Ley Naín Retamal ha generado preocupación entre diversos organismos de derechos humanos en Chile, quienes han señalado que esta ley podría tener consecuencias negativas en la protección de los derechos humanos en el país.
Además, la ley puede generar un clima de impunidad frente a posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Al establecer penas más severas para quienes cometan delitos en contra de miembros de las fuerzas de seguridad, se corre el riesgo de que se justifiquen abusos cometidos por estas fuerzas. Esto puede tener un efecto negativo en la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Otro peligro de esta ley es que puede perpetuar la violencia en el país. Al establecer penas más severas para los delitos cometidos en contra de miembros de las fuerzas de seguridad, se puede generar una escalada de la violencia, en lugar de promover un clima de paz y respeto por los derechos humanos.
Carabineros de Chile ha creado fama de violadores a los derechos humanos y, como lo señala la investigación publicada por El Ciudadano, 144 Carabineros han sido formalizados entre el 2019 y 2022 por delitos como apremios ilegítimos, torturas u homicidio frustrado, entre otros. Lo curioso, es que actualmente la formación de los Carabineros de Chile en temas de derechos humanos es un tema relevante, ya que estas fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de proteger los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. En este sentido, cabe destacar que la formación en derechos humanos es parte del currículum de la Escuela de Carabineros de Chile, donde se imparte un curso de Derechos Humanos y Deberes del Carabinero.
Este curso tiene como objetivo proporcionar a los futuros carabineros los conocimientos necesarios para respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual, entre otros aspectos. Durante el curso, se abordan temas como la historia de los derechos humanos, los principios fundamentales de los derechos humanos, la importancia de la no discriminación, la libertad de expresión, la detención y el uso de la fuerza, entre otros.
Además, los Carabineros de Chile reciben capacitación constante en materia de derechos humanos a lo largo de su carrera, a través de cursos y programas de formación continua. Esta capacitación tiene como objetivo mantener actualizados a los carabineros en temas relevantes de derechos humanos y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas.
Es importante destacar que, si bien la formación en derechos humanos es un aspecto relevante en la formación de los carabineros, esto se contradice con los numerosos casos de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de miembros de estas fuerzas de seguridad. Por ello, es fundamental que se haga carne la promesa de campaña del presidente Boric en el sentido de refundar la institución, parta que trabaje de forma efectiva en la formación y capacitación de los carabineros en materia de derechos humanos, y se garantice una cultura institucional que promueva el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.
En Chile, han habido diversas críticas hacia los abusos cometidos por miembros de Carabineros, principalmente en relación a violaciones de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza en el control del orden público. Uno de los principales problemas es la impunidad en que habitualmente quedan los abusos cometidos por carabineros. Se ha denunciado que muchos de los casos de violaciones a los derechos humanos han quedado impunes, lo que genera una sensación de falta de justicia y de desprotección para la ciudadanía. Otra crítica recurrente es la falta de transparencia y responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública. En muchas ocasiones, se ha denunciado la falta de claridad y de rigurosidad en las investigaciones de los abusos cometidos por carabineros, lo que ha generado desconfianza en la ciudadanía. También se ha cuestionado el uso excesivo de la fuerza por parte de los carabineros en el control del orden público. Se ha denunciado el uso de gases lacrimógenos, balines y otros elementos disuasorios, que muchas veces han causado lesiones graves en los manifestantes. como los más de 400 casos de trauma ocular durante la revuelta social. Por último, se ha criticado la criminalización de la protesta social, donde se han registrado detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros, en lugar de garantizar la protección de los derechos humanos de los manifestantes.
En definitiva, se requiere un mayor compromiso y acción por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la revisión y mejora de los protocolos y formación en derechos humanos para los miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Será esta ley un aporte en este sentido? La respuesta está a la luz de los días que corren.
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