Durante la marcha tradicional que se realiza todos los años en Santiago, desde la Alameda hasta el Cementerio General, donde participan millares de familiares, amigos y pueblo que recuerda a las y los luchadores sociales caídos durante la dictadura pinochetista y los gobiernos civiles posteriores, este 8 de septiembre fue asesinado el joven Alonso Verdejo y otros dos muchachos resultaron heridos, a manos de Patricio Salerick Villafaña Juica. El principal sospechoso de los crímenes habría empleado un puñal o cuchillo para acometer contra los jóvenes que participaban en la caminata, en la calle Recoleta y Santos Dumont, según las grabaciones y denuncias de medios independientes.
Los datos entregados por el Ministerio Público afirman que el presunto asesino del estudiante Alonso Verdejo, tiene 32 años de edad y es de nacionalidad chilena.
Nicolás Verdejo Bravo, hermano de Alonso, es arquitecto y autor de la prestigiosa Editorial LOM. Al enterarse del crimen, escribió:
«Las líneas más difíciles de mi vida me tocó trazar. Mi amado Alonso, mi hermano, amigo, compañero y alma inmensamente generosa y rebelde se queda conmigo como un dolor que acepto padecer. Todo con tal de sentir su tierno sigilo; que no te irás y no me dejarás caer. Te amé desde que te cargué en mis brazos hace insuficientes 27 años, y te amaré cada día que me quede de vida. Descansa en paz, chancho precioso».
“Soy un contra-marcha”, dijo el victimario Patricio Villafaña, tras su audiencia de formalización, donde quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por ser considerado un peligro para la sociedad.
El joven Alonso Verdejo recibió dos puñaladas con un cuchillo y, conforme al reporte de Carabineros, murió momentos después en el Hospital San José, por la gravedad de sus heridas.
Independientemente del trágico hecho -que se agrega a las agresiones con resultado de muerte que han ocurrido los últimos tiempos en medio de manifestaciones populares, como por ejemplo, en el tiroteo acaecido contra los participantes del Primero de Mayo alternativo en la Estación Central de Santiago, cuando en 2022 fue asesinada la comunicadora social de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, por balazos provenientes de miembros del crimen organizado-, la romería de este año al cementerio más grande Chile fue especialmente reprimida por parte de las Fuerzas Especiales (FFEE) y el Grupo de Operaciones Especiales (Gope) de carabineros.
De hecho, el ataque conjunto de coches blindados lanza-gases y lanza-aguas contra los asistentes comenzó prácticamente antes de que la marcha saliera de la Alameda, lo que causó la fragmentación inmediata de la caminata y aumentó la tensión social de los manifestantes, quienes debieron reagruparse en diversos tramos del trayecto que conduce al Cementerio General, siendo reprimidos permanentemente. Incluso, ya una vez alcanzado el punto de llegada, las fuerzas policiales ingresaron violentamente a la necrópolis metropolitana.
Asimismo, y más allá de los múltiples casos de carabineros de civil concurrentes a las protestas públicas con el propósito de provocar a los participantes, no se descarta la posibilidad de que, en el país, al igual que en otros lugares del continente, las fuerzas coactivas del Estado actúen coludidas con organizaciones e individuos ligados a la delincuencia y las mafias privadas. Ello, con el propósito de que los uniformados no parezcan implicados en incidentes que dañen su imagen ante la población, de modo de transferir o «tercerizar» a criminales comunes «el trabajo sucio».
Por Andrés Figueroa Cornejo
Columna publicada originalmente el 9 de septiembre de 2024 en Liberación.
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