Querella a Carabineros por aborto: «Estamos frente a un caso de violencia policial de género»

La Defensoría Popular presentó este martes una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la agente policial que presuntamente golpeó a la actriz María Paz Cajas provocándole un aborto en el marco de la marcha estudiantil del pasado 26 de mayo.

La acción legal se interpone en contra de Tiare Vergara Torres, a quien acusan de abusos, detención ilegal y lesiones, y contra los otros cómplices y encubridores que provocaron la detención ilegal y arbitraria de la joven.

María Paz Cajas asegura en el texto que los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes fueron «violentamente detenidos por Carabineros sin que estuvieran causando algún tipo de desorden» y ella decidió «intervenir».

La actriz fue trasladada a la tercera comisaría de Santiago, donde asegura haber recibido insultos y amedrentamientos «hasta que la funcionaria Tiare Vergara Torres se posiciona frente a mí, mientras que los demás carabineros me sostenían, dándome una patada en la vagina«, señala.

La querellante relata que fue cuando llegó al SAPU de Renca que se dio cuenta de que «algo me bajaba de entre las piernas» y que «estaba absolutamente ensangrentada». Allí la derivaron al Hospital San Juan de Dios acompañada de la agente Vergara y del funcionario policial Boris Maldonado, que «en todo momento me dieron un trato degradante y violento», indica.

Las pruebas de embarazo realizadas en el centro médico -un análisis de sangre y una ecografía intravaginal- dieron positivo y constataron un embarazo de cinco semanas que se registró en el informe médico de hospital. Sin embargo, según detalla la querella, los oficiales pretendían ocultarlo y mostrar sólo el certificado del SAPU, «el único que hablaba de lesiones no visibles», apunta, «momento en el cual intervengo y les señalo que tienen que exhibir también el del San Juan de Dios, es cuando el carabinero Balboa me amenaza con mandarme al calabozo nuevamente», precisa.

A pesar de que los resultados de los exámenes del Hospital San Juan de Dios se perdieron, una semana después la querellante acudió al médico para practicarse un legrado, porque el aborto quedó incompleto, «poniendo fin de esta manera a un doloroso aborto ocasionado violentamente por un tercero«, concluye.

¿Otro caso impune?

Para la abogada querellante, Fernanda Molina, «estamos frente a un caso de violencia policial de género porque se atentó contra la integridad física, corporal, sexual y reproductiva de María Paz».

«Esperamos que se haga justicia y que no exista impunidad, como en la mayoría de los casos de violencia policial, que  pasan a la justicia militar y ahí los agentes son cuasi parte en la materia», agrega la jurista.

Molina asegura que «es necesario que se erradiquen estas prácticas de las comisarías para poder avanzar en un estado de derecho verdadderamente democrático, porque son prácticas propias de una dictadura militarizada«. E insiste que hay que empezar por revisar los protocolos de Carabineros y fiscalizar lo que ocurre al interior de las comisarías.

La abogada concluye «si bien el Código sanciona duramente a la mujer cuando es ella la que practica aborto, cuando es un tercero quien lo ocasiona a través de la violencia  -además por parte de un agente del Estado- es difícil de sancionar porque el Código exige que exista un conocimiento por parte del hechor de que ella estaba embarazada y, además, el aborto no está tipificado como lesión grave«. Ante esta situación, a la que además se añade que en Chile no se reconoce el delito de tortura propiamente, Molina es clara en señalar que «suge la necesidad de que se tipifique un delito de violencia policial de género porque se busca atentar contra la corporalidad integridad física, sexual y reproductiva para alejarnos a las mujeres del espacio público, y no existe forma para sancionarlo actualmente».

Meritxell Freixas