Querellados por Gobernación tras protesta contra hidroeléctrica acusan que autoridad «respondió a solicitud de la empresa»

Como un “golpe bajo” considera Francisco Uribe, del Movimiento Ñuble Libre, la querella interpuesta en el Tribunal de San Carlos por la Gobernación de Chillán, provincia de Ñuble, a todos quienes resulten responsables por el delito de desórdenes públicos ocurridos el 22 de enero pasado en la bocatoma del proyecto Central Ñuble de Pasada.

Uribe explica que la querella se debe a que integrantes del Movimiento Ñuble Libre y opositores al proyecto de central de pasada entraron a las faenas para protestar por el incumplimiento de diversos puntos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Pero en vez de que la empresa pusiera una denuncia en Carabineros, la respuesta fue una querella desde la Gobernación.

Algo que el dirigente considera “irrisorio”, considerando -dice- que “no lo hizo la empresa directamente afectada, sino que lo hicieron ellos (Gobernación) apelando al Estado de Derecho, señalando que no podían permitir que se viera vulnerado en la zona”.

Pero, justamente, lo que pretendía la protesta en las faenas de construcción de la hidroeléctrica “fue una última medida para que tomaran en cuenta las denuncias de todos los incumplimientos que ha hecho la empresa y que hemos denunciado por los canales formales y la institucionalidad, y ahí no ha habido ninguna respuesta concreta, ni siquiera un llamado telefónico”, según explica Uribe.

De hecho, el Movimiento Ñuble Libre emitió un comunicado en que adhieren políticos, casi 40 organizaciones ambientales y tres organizaciones vecinales de la zona. Este viernes, en tanto, darán cuenta de que hace nueve meses que denunciaron que Hidroñuble realiza trabajos fuera de los plazos establecidos en la RCA, y la SMA no ha tomado ninguna medida. “Mientras, las obras y los impactos persisten”, aseguran.

Junto con ello, desde Ñuble Libre aclaran que el ingreso a las faenas, al contrario de lo que se expresa en la querella presentada, “no obstruyó la vía pública, fue pacífica, sin mediar violencia alguna ni amedrentamiento”. Incluso -añaden- «contó con la presencia y supervisión de Carabineros”. Es por ello que aseguran que se están presentando de forma “tendenciosa” los hechos, con el objetivo de “desvirtuar los acontecimientos y criminalizar una acción simbólica y pacífica”.

La comunidad sanfabianina tiene la sensación de “abandono”, “impotencia” y desamparo”, señalan, puesto que pese a las reiteradas denuncias que le han hecho llegar por diversos medios, se vieron en la obligación de realizar dicha acción “mediática y simbólica”.

En el comunicado declaran, además, que les entristece enormemente el actuar de la Gobernación, repartición que ha justificado la acción judicial asegurando que «se lesiona el Estado de Derecho”. Los vecinos plantean que llevan años solicitando a la autoridad que “esté de su parte ante el sin fin de ‘lesiones del Estado de Derecho’ que la comunidad ha sufrido por parte de los proyectos Hidroñuble y Punilla”.

En conversación con El Ciudadano, Francisco Uribe, del Movimiento Ñuble Libre, reforzó la idea de que mientras que al titular del proyecto ni siquiera la sancionan por incumplir con el permiso ambiental, a ellos los querellan por desórdenes públicos. “Esto es una desigualdad de trato total, de cómo tratan a la empresa y cómo tratan a la comunidad que reclama que no cumplen con lo que está establecido para ellos, si lo único que debiera ocurrir es que la Superintendencia (de Medio Ambiente) tome cartas en el asunto porque hay muchas denuncias”, espeta el dirigente.

¿Cuáles son los principales incumplimientos que denuncian como comunidad organizada?

Hay muchas denuncias, pero hemos insistido en que se ha vencido el plazo del permiso ambiental, porque en la misma RCA se establece que tienen un plazo de ejecución de tres años, y el proyecto ya sobrepasó ese tiempo y siguen trabajando con el plazo vencido. Eso es algo relevante; no es un exceso de ruido en un día puntual, sino que en la práctica están trabajando con una RCA vencida y eso es incumplir la ley.

¿Por qué crees que la Gobernación puso la querella y no lo hizo la empresa?

Lo que pasa es que en todos los territorios -y aquí se evidencia claramente- ocurre un trabajo conjunto entre el Estado y las empresas, y esto se debe a que uno de los proyectos que está en el territorio es estatal, entonces también es un mensaje a la comunidad no solo por HidroÑuble, sino que están enviando un mensaje a la comunidad de que “si ustedes se oponen vamos a usar la justicia y la fuerza pública contra ustedes”. Es decir, nos entregan señales de su “brazo armado”.

¿Pero qué tiene que ver el proyecto Punilla en esta querella?

Nosotros hicimos una toma pacífica a las faenas de HidroÑuble y al final de una entrevista (en La Discusión) el gobernador termina hablando de que tanto HidroÑuble como Punilla son proyectos que se tienen que desarrollar. Eso no tiene nada que ver con nuestra acción, su mensaje da a entender que no tiene que ver con el hecho puntual, sino más bien con un contexto general de San Fabián de Alico y con la oposición que estamos haciendo y que ellos no quieren que hagamos, y con esto nos meten miedo y temor.

¿Están enviando un mensaje para presionar?

Claro, en lo puntual ahora va a ocurrir algo con Punilla, que está relacionado con un desalojo, porque como este proyecto es un embalse, tendrá como consecuencia erradicaciones y desalojos de la población cordillerana. Han venido amenazando con que si la gente no sale entre los meses de marzo y abril de esa zona, van a meter a la fuerza pública a sacarlos, entonces también es una señal para sacar a los arrieros de la cordillera.

¿Crees que hubo presiones de la empresa para que la Gobernación terminara presentando esta querella?

Sí, creemos que la Gobernación respondió a una solicitud de la empresa porque trabajan en conjunto. Van a hacer lobby al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en conjunto, son parte del mismo grupo por el mismo interés. Pero quizás la empresa les pidió hacerlo porque HidroÑuble no lo quiso hacer para no quedar mal con la comunidad. También es una señal para mostrar algún avance antes que termine el Gobierno, y obviamente, también puede ser porque estos personajes políticos se van a ir a trabajar a la empresa… como fue el caso del ex director de Conama que le aprobó la RCA a HidroÑuble y a Punilla, y hoy trabaja para ambos como abogado, y entra al SEA como ex jefe y, obviamente, tiene mucha influencia en los funcionarios. Lo mismo pudiera ocurrir con otros personajes que están en cargos públicos hoy día y que pueden terminar trabajando ahí mismo.