Parecía que nada podía evidenciar más la indiferencia y dejadez de los gobiernos chilenos hacia los extranjeros que llegan a este país en busca de una oportunidad, que el desinterés para renovar la Ley de Migración y promover un nuevo texto que sustituya al impulsado en tiempos de dictadura –uno de los más antiguos del continente–, con un claro enfoque economicista y centrado en la defensa y seguridad del país.
Sin embargo, un grupo mixto de diputados, encabezados por Paulina Núñez (RN), presentó una iniciativa para endurecer las penas y facilitar las expulsiones de los extranjeros que se encuentran privados de libertad en Chile. El texto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
En la moción, a la cual dan apoyo los legisladores Cristián Monckeberg (RN), Claudia Nogueira y Felipe Ward (UDI) y Daniella Cicardini (PS), se destaca la necesidad de “perfeccionar la legislación que aborda el tratamiento de penas para extranjeros, sean estos residentes o no en el país”.
Para ellos, “la perfección” de la actual Ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, pasa por expulsar del país a todo extranjero -tenga o no su situación legalizada- que haya sido condenado por crimen (más de cinco años). La medida ampliaría considerablemente las expulsiones de inmigrantes, ya que hoy día la normativa vigente sólo prevé la deportación en caso de que el condenado se encuentre en situación irregular en el país y cumpla penas iguales o inferiores a los cinco años de cárcel (delito simple).
En conversación con El Ciudadano, el diputado Felipe Ward declaró que “a lo que apunta esta iniciativa es justamente a aumentar las probabilidades de condena” y a “advertir al delincuente de que las penas van a ser más altas”. Ward precisó que “hoy día sólo un 10% de los delitos de mayor connotación social terminan en condena y esto se debe a que ha habido una lucha poco exitosa en contra de la delincuencia”.
El parlamentario reconoció que la expulsión implica “una pena adicional” para el condenado, pero justificó la medida: “Cada persona que está privada de libertad en Chile le cuesta al estado cerca de 360.000 pesos”. Y agregó: “Quienes pierden su condición de ciudadano por haber cometido un crimen o un simple delito y tengan la condición de extranjero, tendrían que cumplir la pena fuera del país para ahorrar sus costos asociados”.
Enfoque racista
La socióloga e investigadora experta en migraciones de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, respondió, a través de este medio, al diputado de la UDI que si se analiza la inmigración en términos económicos, habría que plantear “cuántos beneficios genera un inmigrante en Chile, sobretodo en los nichos laborales donde los propietarios los tienen bajo situación de trata, alimentando el tráfico de inmigrantes”. Y añadió: “Mientras más irregular es el inmigrante, más grande es el negocio”.
Sobre la lucha contra la delincuencia, la socióloga replicó que “si actuamos para que el delito sea realmente castigado, hagámoslo para todos los delincuentes, porque aquellos de cuello alto siguen estando libres”. Esto, en referencia a los casos de corrupción como Penta, SQM, Corpesca o Caval, todos ellos destapados durante este 2015. Y espetó: “En la cárcel entran sólo los más excluidos de los excluidos”.
En opinión de Tijoux, las expulsiones de los extranjeros con situación legalizada suponen “un acto fuera de todo derecho, sobretodo cuando la persona tiene sus redes creadas en el país porque llevaba tiempo con situación regularizada”. “No es otra cosa que expulsar a alguien que no desean tener acá, alguien a quien consideran como un indeseable. Son actitudes que tienen que ver con el racismo, que forman parte del concepto general de lo que es el ámbito de la inmigración en Chile”.
Emilia Tijoux reflexionó sobre las razones estructurales por las cuales las personas llegan a esta situación: “Hay inmigrantes encarcelados que nunca antes habían tenido ningún problema. Intentan entrar en Chile ilegalmente por las distintas fronteras, sobretodo por el norte. Es gente pobre procedente de Bolivia, Colombia, Perú, que migra por la necesidad de buscar trabajo y sobrevivir, sin dinero.» La académica detalló que, en el intento de entrar en Chile, «a veces quedan en manos de los coyotes, que operan como mafias organizadas a cambio de dinero u otros intercambios como ingerir óvulos de droga. Luego de eso son detenidos. Muchas de estas personas están delinquiendo antes de entrar al país por necesidad”.
Meritxell Freixas
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