Por Leopoldo Lavín Mujica (*) / El movimiento social, protagonista y propulsor de la impactante rebelión social detonada por el movimiento estudiantil “Evade” el 18 de octubre, ha sido claro al presentar las reivindicaciones por las que lucha. Después de más de 43 días su fuerza y potencial de cambios continúan intactos. Pese a la brutal represión de la que ha sido objeto por parte del régimen político post-dictadura liderado desde el gobierno por Piñera y la oligarquía empresarial que lo respalda. Nada le gustaría más al Gobierno que descabezarlo, amedrentarlo o institucionalizarlo hasta la impotencia. Volver a la normalidad domesticada, a la sumisión voluntaria de los abusos, al consenso artificial. Es lo que explica los rasgos de militarización acelerada del país y el uso del poder mediático tradicional para fabricar, incertidumbre, atemorizar e intentar criminalizar la actividad multicéfala del movimiento social. Y es lo que también da cuenta del desprestigio de un gobierno devenido en semanas un paria internacional, pero observado con atención por el impacto político del potente movimiento social chileno en un mundo globalizado.
El vano intento de la institucionalidad por capturar las demandas del movimiento social
Ha sido un triunfo rotundo para el movimiento social que se extendió a todo Chile el haber impuesto en la escena política los temas que las luchas socio-políticas-ambientales-feministas, algo dispersas, venían levantando. Y ha sido el parlamento y la casta política quienes han debido adaptarse a las demandas del movimiento social, y no así los partidos de oposición los que han requerido del apoyo popular para llevar adelante una agenda de cambios, a todas luces insuficientes. Las tentativas de institucionalizar el movimiento y despojarlo de su energía y creatividad al igual que deformar las demandas que él porta han quedado al desnudo en lo que respecta al proceso y la Asamblea Constituyente, las pensiones, al salario mínimo, al endeudamiento universitario, a la salud pública universal y de calidad, a las reivindicaciones de los pueblos autóctonos, a la política fiscal progresiva donde paguen los ricos, etc.
La acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick y las tentativas contra el mismo presidente Piñera y émulo de autócrata, si bien son de iniciativa parlamentaria, se nutren del profundo agravio que los sectores movilizados experimentan después de muertes, torturas, mutilaciones y violaciones de manos de las fuerzas de Orden denunciadas por organizaciones de DD.HH internacionales reconocidas.
La potencia política y cultural de los movimientos sociales
Es un signo de los tiempos presentes: los colectivos de mujeres se han incorporado de manera resuelta a la lucha concreta contra un gobierno que ejerce la violencia propia del Estado Patriarcal. Las manifestaciones masivas de organizaciones feministas (con la performance de Lastesis) del país han causado una fuerte impresión entre los sectores de la oligarquía dominante. La denuncia frontal de las mujeres organizadas en el plano cultural, se expresa también en la reivindicación política de Asamblea Constituyente paritaria, es decir 50% de mujeres en ella. A este feminismo cultural y político en ascenso se agregan las expresiones de solidaridad con la Rebelión social en marcha de jóvenes estudiantes de colegios privados de las clases medias acomodadas y profesionales, pero receptivas a las demandas, puesto que sufren del endeudamiento y de la precariedad debido al neoliberalismo aplicado a la salud, la educación y a las pensiones.
Sólo falta una reivindicación más clara y potente del movimiento ecologista ante la inminente crisis ecológica a la que el capitalismo desbocado conduce, y que para muchos científicos y militantes ecologistas avanza a pasos agigantados hacia el colapso civilizatorio. La pregunta clave al respecto es: ¿cómo enfrentarlo: con una sociedad extremadamente desigual, o con una donde hay que compartir los bienes comunes con urgencia para evitar lo peor de la catástrofe que se viene? Esta cuestión de evidente rango constitucional es sistemáticamente soslayada por la elite constitucionalista, política y mediática del sistema incapaz de establecer conexiones entre realidades sociales, políticas, ecológicas y económicas, que se interrelacionan.
¿Qué esperar de la Mesa de Unidad Social en este contexto de crisis política y de Rebelión Social y Popular?
Entre las organizaciones receptivas y promotoras de las demandas ciudadanas, populares y de trabajadores se encuentra la Mesa de Unidad Social. Ahí participan liderazgos vinculados al espectro político de oposición, pero que mantienen distancias con la política de pactos acerca del proceso constituyente institucional. Su propuesta para una Asamblea Constituyente es, al menos, clara. Se trata de elegir una Asamblea Constituyente paritaria, que asuma el carácter plurinacional del Estado chileno y que sea soberana en su ejercicio, metodología y definiciones con mayoría simple (50%+1) junto con el mecanismo de plebiscito sobre los disensos. Es la alternativa al “Acuerdo” cocinado firmado por sectores de derecha de la casta parlamentaria que da el poder de veto a 1/3 y que le entrega la tutela de la forma y mecanismos a una Comisión Técnica cuoteada entre partidos políticos. Lo que es otro botón de muestra del aislamiento de la casta política, resultado de la ruptura del vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados.
A los paros convocados por la Mesa de Unidad Social, que han creado pánico en el empresariado, se han añadido los protagonizados por los trabajadores de base de la salud, que llevan más de un mes luchando por una salud digna para el pueblo. En este contexto, las funas al ministro de Salud Mañalich expresan una actitud generalizada de rechazo hacia la gestión neoliberal de la salud pública; el mismo ministro tiene intereses en clínicas privadas, factor de agravio para la gran mayoría de la población privada de salud.
La huelga de los recolectores de la basura de la Región Metropolitana fue hecha con un discurso abiertamente clasista en lucha contra los niveles de explotación a los que son sometidos los trabajadores. Los y las trabajadores del retail, de cadenas de supermercados y malls se han manifestado incorporándose al movimiento de cambio y rebelión contra el sistema y a la fractura social social a partir de sus propias reivindicaciones de horarios justos. Además, los trabajadores del Metro de Santiago se organizaron y se negaron a que los costos de la reparación de las estaciones cayeran sobre sus hombros.
Los trabajadores portuarios han sido parte de los paros convocados y es evidente que si los trabajadores de sectores estratégicos de la economía como los mineros, forestales, de las telecomunicaciones, salmoneros o del transporte público se incorporan de manera resuelta a la movilización social en torno a un pliego de petición político del pueblo que sea compartido, debatido y aprobado por ellos en instancias democráticas, se entrará en una etapa superior e irresistible del movimiento por cambios estructurales.
La Mesa de Unidad Social fue a La Moneda, se reunió con el ministro Blumel y nada obtuvo. Ahora tiene la responsabilidad de reconocer que es en el pueblo movilizado que está el potencial de cambios y actuar en consecuencia. Junto con convocar públicamente a centrales sindicales (como la CGT de Manuel Ahumada Lillo, presidente de la Central Clasista) renuentes al trabajo unitario. Lo que implica que la Mesa de Unidad Social debe darse la tarea política, reivindicativa y democrática de articular las demandas y trabajar por hacer converger todas las luchas, además de preparar una movilización nacional, promover asambleas por la base, plantear la unidad social y política del pueblo y debatir acerca de la necesidad de tener un gobierno que permita satisfacer las necesidades del pueblo de Chile en tiempos de profunda crisis política y de desadaptación institucional a los desafíos sociales.
Ahora bien, la crisis institucional y del sistema de partidos indica que es pertinente para el pueblo dotarse de un gobierno de los movimientos sociales, del pueblo movilizado y de los trabajadores que aún hoy “mueven las industrias”, la producción, el transporte, los servicios, la venta, las telecomunicaciones y … también el consumo.
Es lógico. Se trata entonces de darle forma a esta urgencia política en un contexto de profunda crisis de la vieja institucionalidad, pero que intentará recomponerse con el sostén de la vieja casta parlamentaria y con toda la violencia de la que dispone el Estado pos dictadura para ahogar la demanda general de que la “Dignidad se haga costumbre”, es decir que la vida sea digna.
(*) Profesor jubilado de Filosofía (Collège de Limoilou), MA en Communication publique Université Laval Québec, Canadá.
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