Reforma al Código de Aguas: La urgencia que emerge de la pandemia por el COVID-19

El 29 de enero, la Comisión de Agricultura del Senado despachó la reforma al Código de Aguas, tras 9 años de tramitación y después de ser aprobada por la Cámara de Diputados y la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta. A principios de marzo, en tanto, los legisladores zanjaron una serie de modificaciones presentadas por el Gobierno y que eran de su atribución exclusiva, correspondiendo ahora que la iniciativa sea revisada por la Comisión de Constitución, que preside el senador Alfonso de Urresti (PS).

Uno de los objetivos del proyecto es terminar con la lógica mercantil en la institucionalidad hídrica, instituyendo el derecho humano al agua y el uso prioritario enfocado en la sustentabilidad. Al respecto, la senadora Adriana Muñoz (PPD) ya expresó su interés en acelerar la tramitación: “Ojalá los colegas de la Comisión de Constitución tengan la voluntad de tramitar rápido el proyecto. Sería una gran señal, porque se establece la prioridad de agua para todos. Es muy pertinente que salga en los próximos meses esto. Para mí eso es una urgencia. Hay mucha gente que aún en Chile depende de los camiones aljibe para disponer de agua” manifestó la legisladora.

Muñoz agregó en este contexto que su mayor urgencia como presidenta del Senado será el despacho de la reforma al Código de Aguas, considerando que “es esencial para combatir la emergencia del coronavirus”.

Similar opinión expresó la senadora Yasna Provoste (DC), al dar cuenta de su confianza en que “se pueda acelerar el ritmo de aprobación porque hoy son miles de familias que están en una situación de mucha asimetría respecto de algunos usos intensivos y excesivos que hacen uso y abuso de un bien nacional de uso público”.

Panel de Expertos

Una de las figuras que el Gobierno apostaba por incorporar al proyecto era tercerizar determinadas atribuciones de la Dirección General de Aguas, a través de un panel de expertos. Sin embargo, luego de ser aprobada en la Comisión de Agricultura, el Ejecutivo optó por retirar el financiamiento para su operación, con lo cual el panel perdió viabilidad.

Al contrario de lo que dio a entender el Gobierno, la controversia con los senadores de la Comisión no se dio por la necesidad o no de un panel de expertos, sino fundamentalmente por sus atribuciones: “La comisión no rechazó la presencia de un panel de expertos sino que restringió su funcionamiento porque nosotros creemos que el liderazgo en materia hídrica lo tiene que tener el Estado, y no corresponde tercerizarlos a través un panel de expertos que tenía una lógica privatizadora”, señaló la senadora Provoste.  

En este sentido, la parlamentaria manifestó su contrariedad por la decisión de retirar la figura y más aún que el gobierno haya dado a entender que fue por el rechazo del parlamento: “Los cinco miembros integrantes de la Comisión habíamos definido funciones claras para el panel de expertos, que por cierto era acotado y no en esta lógica privatizadora que el gobierno quería”, indicó Provoste.

Finalmente, la senadora DC explicó que uno de los ejes en los cuales los legisladores esperaban que el panel de expertos se involucrara era en el apoyo en los planes estratégicos de cuencas: “Nosotros esperábamos que los recursos asociados al informe financiero del proyecto de ley se pudiesen destinar a fortalecer los planes estratégicos, que son obligatorios por cuencas, y que además se fueran a integrar el Fondo de Innovación y Estudio que se propone en el mismo proyecto de ley”, concluyó.