Durante esta mañana, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado discutió una serie de medidas destinadas a a modificar la Ley del Tránsito y la Ley 18.287, en las que se contemplan iniciativas que buscan castigar y multar a los infractores y evasores del sistema de transporte público.
Una de las medidas más llamativas -hasta ahora desapercibida en el debate de la opinión pública- tiene que ver con la creación de un registro destinado a aglutinar los datos de las personas que hayan sido infraccionadas por el no pago de su pasaje y que no hayan acudido al Juzgado de Policía Local a regularizar la situación y cancelar su multa.
La indicación fue introducida por el Ejecutivo, como una desesperada medida para agudizar la sanción social en contra de los evasores del Transantiago. Según el Ministerio del Transporte, cerca de un 30% de los usuarios no cancela su pasaje, lo que constituye la cifra más alta desde que comenzó el sistema y que genera pérdidas mensuales por 17 mil millones de pesos.
La propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Transportes y deberá pasar a la Comisión de Hacienda y luego al Senado para ser votada. En esta instancia, una de las indicaciones sobre el carácter público del registro podrá ser repuesta. Además, en la comisión se acordó acortar el plazo de 90 días -para su entrada en vigencia- a sólo 60 días, lo que permitiría su creación durante octubre de este año.
AMBIGÜEDAD SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
La normativa ya contempla penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multas que van desde las 6 a 50 UTM -sobre los dos millones de pesos- para quienes falsifiquen algún medio de pago. Respecto al registro, pese a que se rechazó la indicación para que éste tuviera carácter público, de todos modos podrá ser consultado por organismos estatales y particulares, lo que deja en duda la privacidad que existirá sobre los datos.
El ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobos, señaló que «estamos contentos y agradecemos el trabajo que hemos realizado con los senadores para lograr los acuerdos que se votaron hoy. Yo creo que es una ley muy necesaria».
El secretario de Estado aseguró que es necesario buscar un equilibrio «entre protección de datos personales versus la necesidad de incrementar las sanciones económicas y sociales de ser un infractor que no acudió al Juzgado». Además, Gómez-Lobos especificó que «el registro puede ser consultado por personas naturales en el caso de personas determinadas. Lo que está protegido es la base de datos, no se pueden hacer consultas masivas».
El ministro recalcó que las personas que paguen sus multas podrán salir del registro, agregando que ninguna medida por sí sola reducirá significativamente la evasión. Esto porque, además del registro público, se intensificarán los planes de fiscalización, además de iniciativas de las empresas, que sumarán nuevos torniquetes a los buses y posibles cámaras móviles.
Por su parte, el senador Manuel Antonio Matta (DC) -quien preside la comisión- agregó que a la sanción social se sumarán otras medidas, como que el ciudadano infractor no pueda obtener documentos públicos.
«Hay elementos que lo sancionan y le pesan y la idea es justamente exponerlo a esas sanciones, obviamente con los debidos resguardos, ya que se tratará de un registro que no es público, se puede acceder a determinada persona del registro, pero no será público para respetar la privacidad de cada una de las personas», justificó.
Sin embargo, haciendo evidentes las contradicciones acerca del carácter público del registro, Matta señaló que «cualquier persona puede pedir (la información) sobre determinada persona».
En tanto, el senador José Manuel Ossandón fue uno de los que se manifestó en contra del carácter público del registro. Sin embargo, hoy señaló que «creemos que los evasores al Transantiago tiene que tener cierto castigo para empezar a recuperar la decencia en esto y que entre todos financiemos el transporte público».
El parlamentario reconoció que las deficiencias del servicio son una de las razones tras la alta evasión ciudadana, por lo que esto es «un granito de arena en un tema muy complejo«. Además, recordó que hay jueces que deben enfrentarse a la idea de enviar a la cárcel a personas que no pueden pagar su multa y no tienen dinero para movilizarse.
«Hay jueces de policía local a lo que les aparece una señora, llega llena de cabros chicos, dice que no tiene qué comer. Y no la puedes meter presa por eso. Esto es parte de un problema más profundo, que tiene que ver con el desprestigio de un sistema público malo y mal diseñado», recalcó Ossandón.
ONG DERECHOS DIGITALES: «CREA UN VERDADERO DICOM DE LOS POBRES»
Desde la ONG Derechos Digitales cuestionaron fuertemente la creación del registro.
Pablo Viollier, investigador de la organización, recalcó que el el deber del Estado es proteger los datos sensibles y personales de los ciudadanos y que aquí, en lugar de cumplir con su obligación, el «Estado conscientemente y a propósito expone los datos de sus ciudadanos en una lógica de garrote y zanahoria. En un plan de escarnio público intenta solucionar un problema, como la evasión del pago del transporte, afectando materias tan sensibles como el acceso al empleo».
Viollier enfatizó que la creación del registro de evasores e infractores del Transantiago crea «un verdadero Dicom de los pobres que va a tener los mismos efectos perniciosos que tuvo Dicom».
En efecto, la experiencia del registro de Dicom ha generado diversos problemas, pero principalmente ha contribuido al círculo vicioso entre la mantención de deudas y las dificultades de acceso a un empleo. Además, la iniciativa iría en contra del derecho a la privacidad, consagrado en la Constitución.
Sin embargo, los especialistas advierten que el problema no reside sólo en la existencia del registro, sino en las bases de datos paralelas que se crearán a partir de él. «El gobierno insiste en que es cosa de que las personas paguen la multa que deben para salir del registro, pero en Chile no existe ninguna entidad de control dedicada a fiscalizar la ley de datos personales, nadie se va a encargar de eso. Cuando las empresas armen estas bases de datos paralelas ilegales, el Estado no tendrá posibilidad de verlo», argumenta Viollier.
Así, se abriría la puerta a un registro de datos paralelo que puede obstaculizar la obtención de empleos u otros aspectos. «Esto afecta tu participación económica, cultural y social. Vamos a estar creando parias sociales y va a ser el mismo Estado el que exponga sus datos para subsanar una política pública que además entrega un servicio tan deficiente como el Transantiago», agrega el investigador de Derechos Digitales.
Como una especie de «Dicom para los pobres», la propuesta del gobierno deposita sus esperanzas en las consecuencias del escarnio público, excediendo cualquier proporcionalidad vista hasta ahora. De hecho, destaca Voillier, el único registro actual existente -creado por ley- es el de pedófilos.
«Vamos a pasar a tener un registro público de pedófilos a un registro de personas que deben multas de 30 lucas. Y en medio de eso, no hay registro de evasores de impuesto, abusadores sexuales o personas que manejen en estado de ebriedad. Hay montón de cosas más graves, donde tampoco debería existir registro público, pero aún así no tiene ningún sentido», cierra el investigador.
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