Remueven a controvertida jefa jurídica de la PDI

Un golpe de timón realizó este mes el director de la PDI Héctor Espinosa, al disponer el retiro con efectos inmediatos de la prefecto inspector Rosana Pajarito, funcionaria de conocida carrera en la Jefatura Jurídica de la institución.

Según fuentes policiales de El Ciudadano, la abogada se habría negado a explicar la razón por la cual no presentó querellas contra los responsables del crimen del detective Franco Collao, quien fue baleado por asaltantes en 2015.

La sentencia contra los autores del homicidio que enlutó a Investigaciones, resuelta en junio por el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, no dejó contenta a la familia de la víctima, que exigía penas más altas.

Y es que si bien se dictó cadena perpetua para Esteban Medina -uno de los cinco implicados en la muerte-, los otros responsables, Nelson Núñez, Pablo Letelier y Daniel Olivares, fueron condenados a 18 años de presidio efectivo, mientras que Carlos Cataldo, chofer del taxi involucrado en la embestida, fue condenado a 16 años.

Este escenario habría inquietado al mandamás de la policía civil, quien pidió una cuenta escrita pormenorizada sobre la ausencia de acciones penales a la hoy prefecto (r) Pajarito, sin que ésta absolviera las dudas en los términos requeridos por el superior.

De acuerdo al reglamento, la Jefatura Jurídica de la PDI tiene el deber de asesorar a la superioridad en materias propias del derecho, participar en la elaboración de la normativa institucional y asumir la defensa del personal ante causas judiciales por hechos ocurridos en el cumplimiento de su labor.

«NO TENGO POR QUÉ RESPONDER»

El desempeño de Pajarito también fue blanco de cuestionamientos en 2013, cuando se le exigió explicar el procedimiento usado para expulsar de la PDI al ex subcomisario Héctor Guzmán, quien denunció una red de protección policial hacia locales nocturnos de Valparaíso.

El impactante testimonio de Guzmán, transmitido en 2009 por el programa «Contacto» de Canal 13, reveló vínculos entre policías y Carlos Parra Ruz (alias «El Charly»), sujeto condenado por trata de personas e inducción al comercio sexual infantil en sus locales «Pandemonium» y «Hotel Lousiana».

Y aunque fuera del reportaje quedó la declaración de la testigo María Delgado, quien reconoció fotográficamente al director de Investigaciones de esos años, Arturo Herrera, como eventual cliente de los prostíbulos en un tribunal, éste tuvo que dar un paso al costado, ofreciendo su renuncia a la presidenta Michelle Bachelet.

Así las cosas, en un posterior juicio contra Guzmán por la «apropiación indebida» de su placa de servicio -con la cual se quedó tras ser despedido arbitrariamente, argumentó en su defensa- Pajarito no fue capaz de contestar si el Ejecutivo era habitualmente informado del motivo por el cual se llamaba a retiro a los detectives para la firma del decreto que oficializaba su alejamiento de las filas.

Tampoco aclaró si el gobierno tramitó incondicionalmente el retiro de Guzmán, sin importar los fundamentos que existieron detrás de esa determinación por parte de la PDI, tomando en cuenta que en ella participó el jefe de inteligencia, Héctor Puga, quien era padre de uno de los involucrados en el caso de corrupción.

«Desconozco el tema administrativo interno de tramitación (de oficios al Ministerio de Defensa de la época para solicitar los retiros)… No tengo por qué responder cuál es mi función», contestó Pajarito al abogado Ruben Jerez, quien representaba a Guzmán.

PRESUNTOS LAZOS CON ESTAFADOR

Poco antes de esta polémica intervención en estrados, el Departamento V de «Asuntos Internos» de la PDI -unidad que investiga a los policías- tomó en serio un escrito procedente de Italia, acusando presuntas influencias de Pajarito en favor de un jurista querellado por estafas: su ex socio -y ex funcionario policial-, Fernando Hernández.

«Debimos comparecer en el tribunal observando en algunas oportunidades a la señora Rosana Pajarito como abogada de Fernando Hernández», testificó una de las denunciantes en el marco de la investigación que ordenó la Inspectoría General de la PDI, bajo el entonces director Marcos Vásquez, a través de la Providencia (R) Nº 670 del 17 de diciembre de 2012.

En la indagatoria, según documentos recabados por este medio, Pajarito admitió conocer al abogado Hernández «prácticamente desde su ingreso a la institución el año 1979», ser madrina de su hijo y haberlo representado -como sugerían las víctimas- en un juicio por injurias y calumnias contra quienes le imputaban delitos financieros.

La prefecto reconoció haber boleteado y compartido techo con Hernández en Compañía 1390, oficina 808, a través de la sociedad «Consultores Profesionales Asociados Limitada», constituida en 1994, precisando que nunca se enteró de sus «faltas a la ética profesional» y que también le debía dinero.

«Lo que menos deseo es ver a este personaje… también funcionarios retirados de la institución, y a quienes él tuvo la oportunidad de conocer, los ha engañado, vendiéndoles propiedades que no existen y que simula ser reales», indicó Pajarito al Departamento V.

Esta explicación bastó para cerrar el expediente y sobreseer a Pajarito. No obstante, respecto a la situación judicial del denunciado, el informe concluyó: «existen sobre él dos demandas desde el año 2009, por los delitos de estafa y apropiación indebida, permaneciendo en condición de rebeldía».