Renta básica universal: Una opción de emergencia

Por Robinson Silva – Vía Resumen / La Renta Básica Universal, también denominada como ingreso ciudadano en algunos países, ha sido parte de una debate político y económico de relativa importancia en las últimas décadas, particularmente en la Unión Europea. Esta política social puede considerarse como una medida social-liberal, toda vez que ha surgido como propuesta desde políticos provenientes de esos núcleos de pensamiento.

Si hubiere que explicarla brevemente, consiste en pagar a lxs ciudadanxs un ingreso suficiente, más allá del mínimo, para que pueda participar debidamente en la economía de un país y sin tener que entregar contraprestación alguna.

Ahora bien, la renta básica universal tiene antecedentes en pensadores como Bertrand Russell y George Cole, entre otros. Particularmente el filósofo inglés pensaba que asegurar un salario mínimo para todos, trabajen o no, garantizaba la adquisición de bienes en el mercado, siendo ello un verdadero aliciente para desechar ideas socialistas o comunistas, puesto que este salario impulsaría la paz social, cuestión que está dentro del pensamiento socialista democrático del inglés. Es en esta línea, que muchos países, crecientemente, fueron implementado salarios mínimos, pero para la población precarizada y solo para palear las necesidades básicas.

De esta forma, y con el correr del Siglo XX, muchos pensadores fueron profundizando en estas ideas de corte liberal. Los países de origen anglosajón generaron las conocidas formas de crédito o dividendo social, una modalidad de distribución del ingreso para desempleados y que fue defendida nada menos que -por el hoy- resucitado pensamiento de J. M. Keynes, oráculo del estado desarrollista de mediados del pasado.

Posteriormente, múltiples teóricos, incluido el mismísimo Von Hayek, infaltable cita en textos sobre neoliberalismo, era partidario de este salario para todos los nacionales cuando el país alcanzare un grado de riqueza importante, resguardando la libertad general, según sus ideas.

Ya en tiempos más contemporáneos, esta idea ha cuajado en el impuesto negativo sobre la renta, es decir, las personas no pagan impuestos cuando demuestran estar bajo los ingresos necesarios para mantenerse. Junto con ello, aparecen las políticas sociales reparatorias que buscan focalizar la vulnerabilidad de las personas y atacar con políticas dirigidas la denominada «lucha contra la pobreza». Esta situación es perfectamente conocida en Chile, pues funciona desde hace décadas en nuestro Estado, convirtiéndose en el sello de la política social del país.

En Europa y otros espacios del capitalismo avanzado, se ha debatido acerca de la destrucción de empleos producto de la automatización y procesos asociados, también por las formas precarias del trabajo neoliberal; con ello ha nacido la idea de pagar esta renta básica universal a todxs lxs ciudadanxs, producto de la imposibilidad de contar con empleo para todxs: eso ya no será posible, por lo tanto los Estados deben garantizar una renta que permita continuar con los flujos de consumo que requiere una economía globalizada.

Estas políticas heredan las discusiones sobre la tasa Tobin, impuesto sobre operaciones financieras para pagar derechos sociales, y hoy devienen en propuestas socialdemócratas asociadas a las izquierdas liberales, como Podemos, o Siryza.

Bien, llegados hasta aquí, creemos que esta renta básica universal no es ninguna panacea, no reemplazará jamás un estado de derechos sociales garantizados, pero en situaciones de emergencia como un gran cataclismo o una pandemia mundial, puede implementarse como forma de mantener las relaciones laborales mientras se repone la «normalidad» y sin echar mano a los fondos de lxs trabajadoxs, como está haciendo el gobierno de Piñera.

Tenemos Estado para que nos proteja en tiempos de crisis, por lo menos eso imaginamos. Esta medida podría implementarse para la población más precarizada o con riesgo de perder el empleo: independientes, trabajadores informales, subcontrato, entre otras. Alemania ya lo ha hecho por 90 días: en Chile se ha decidido subsidiar a las empresas para que no quiebren (dogma neoliberal), mientras desde el gobierno se les da señales claras para despedir a las personas (herencia autoritaria).

En definitiva, es profundamente político lo que se ha hecho con las arcas fiscales en medio de una situación de emergencia. Seguramente están pensando en el cliché de la «oportunidad de negocios», solo que esta vez la mercancía es la vida humana, algo cruel, por no llamarlo definitivamente miserable.