Representación Rapa Nui expuso ante Comisión del Senado por abandono estatal en tiempos de pandemia

A fines de abril, hubo una toma del aeropuerto Mataveri de Rapanui por la llegada de un avión Latam con personas ajenas a la isla, en un territorio que presenta un estado de latencia, que se encuentra libre del coronavirus por la determinación de sus propios habitantes, y en medio del incumplimiento de normativas por parte del Estado chileno, según se ha denunciado.

Sin embargo, la toma del aeropuerto fue la «punta del iceberg» de un conflicto mayor, que se ha agudizado en tiempos de pandemia y que involucra una directa responsabilidad del Estado chileno, razón por la cual, este 5 de mayo, una delegación Rapa Nui expuso ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, instancia integrada por los senadores Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón y Ximena Órdenes, presidenta de esta instancia legislativa.

Las intervenciones desde Rapa Nui, vía zoom, fueron realizadas por la presidenta del Consejo de Gestión de Carga Demográfica de Rapa Nui, Luz del Carmen Zasso Paoa. También, desde de la agrupación de mujeres Nación Maohi Rapa Nui “Ngavi’e”, Ruty Pakomio y Valeria Pakarati; y el Consejero Rapa Nui ante Conadi, Rafael Tuki.

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En ese sentido, algunas de las normativas que se deben aplicar a la realidad en Rapa Nui y que a juicio de los exponentes no se han cumplido, se refieren al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. También, al Artículo 126 bis. de la Constitución Política, que establece que Rapa Nui es territorio especial, considerando los casi 3.700 kilómetros de distancia entre el continente y la Isla, y la cultura ancestral que vive allí. También y en particular, se da cuenta de la poca operatividad de la nueva ley Ley 21.070.

Al respecto, Rapa Nui tiene un estado de latencia por carga demográfica, es decir, la capacidad de los servicios de la isla no cubre las necesidades en el contexto de un aumento progresivo de la población. La ley 21.070 permite restringir la llegada de nuevos residentes a territorio pascuense: los visitantes podrán permanecer, a lo sumo, 30 días en Rapa Nui.

A partir del 3 de mayo, sin embargo, quienes pretenden quedarse como residentes en territorio insular ya no podrán hacerlo, salvo contadas excepciones, con el propósito de posibilitar un desarrollo sostenible, cuidando la calidad de vida de sus habitantes y conservando el patrimonio ancestral, cultural identitario y ambiental.

Dado lo anterior, la presidenta del Consejo de Gestión de Carga Demográfica indicó que la Ley 21.070 debe ser operativa, ya que -estima- no se han destinado los recursos ni coordinaciones necesarias para que sea eficaz en su implementación. «Hay gente que debe salir de la isla, pero también debe haber gente que tiene que ingresar», dijo. Asimismo, señaló que la empresa Latam debe tener criterios con los precios. «Los precios en la isla han subido», recalcó.

Desde de la agrupación de mujeres Nación Maohi Rapa Nui “Ngavi’e”, añadieron que en tiempos de pandemia, se ha subido un 300 % el valor de la carga, lo que ha encarecido aún más la vida en la isla. «El Estado ha sido ciego en todas sus formas, en aplicabilidad y todas sus normativas de un país unitario. En el continente el límite de pobreza es de $171.113 para la canasta alimenticia, pero en Rapa Nui es de $425.492, supera el sueldo mínimo del Chile continental. Sin pandemia esto ya nos traía problemas, en tiempo de pandemia ha sido peor», indica Valeria Pakarati.

La representante afirmó también que no se está cumpliendo con el Convenio 169 de la OIT en diversas materias sobre derechos indígenas: «La isla está libre de Covid gracias al accionar y determinación de sus habitantes, y no se justifica el toque de queda, que afecta a las actividades económicas. Ahora la isla se mantiene con los sueldos de los empleados públicos, y numerosas actividades independientes están muy afectadas y en definitiva, están en franco abandono».

Asimismo, acusaron que debido a la realidad propia de la isla en materia cultural y social, una gran mayoría no aplica para los programas sociales del Estado, pues estos no se han adecuado a la realidad isleña, «estableciendo políticas públicas a realidades homogenizantes y unitarias, sin atender la situación especial de Rapa Nui».

Conflicto con Latam y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Para el Consejero Rapa Nui ante Conadi, Rafael Tuki, «hay un monopolio de Latam en la Isla y me parece que con una complicidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es la única línea aérea que viene a la Isla, y manipula un poco la situación. Rapa Nui ha tenido oferta de llegada de otras líneas, con competencia de precios, pero lamentablemente, los funcionarios de Latam hoy en día, son ex directores-funcionarios de la DGAC».

Una de las alusiones que hace Tuki sobre Latam y la DGAC, es la de Enrique Rosende, ejecutivo de Latam, oficial retirado de la Fuerza Aérea de Chile, quien se desempeñó como Comandante del Grupo de Aviación y fue Jefe de la División de Educación y Director General de Aviación Civil en Chile de 2002 a 2006. Hoy, como ejecutivo de Latam, habría tomado decisiones que involucran afectaciones a Rapa Nui, según Tuki.

Otro tema que plantea el Consejero ante la Conadi, y también candidato constituyente, es el Toque de Queda: «No hay Covid, es un territorio indígena, pero igual no se permite realizar actividades económicas propias para la subsistencia, como en materia pesca y agricultura. Es un atentado», enfatizó.

Finalmente, ante el abandono estatal a Rapa Nui, Tuki plantea que el Estado chileno haga cumplimiento de las normas internacionales, que permita el ejercicio de sus derechos como Estado libre asociado: «El ejercicio de la autonomía y autodeterminación como Rapa Nui, para la gestión ante otros países y conseguir recursos internacionalmente, ya que la situación es crítica. La isla de Rapa Nui debe ser respetada, hay un pueblo milenario aquí que ha sido históricamente maltratado y colonizado».