Fuentes directas de la investigación revelaron a medios locales que son simpatizantes de derecha
El denominado caso AK-47, por la venta ilegal de este tipo de fusil y sus municiones, acaparó la atención en Chile y genera polémica. Este miércoles fuentes directas de la investigación revelaron a medios locales detalles sobre el perfil de los involucrados.
De acuerdo con los reportes de Radio Bío Bío, ya en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se imputó a cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones (Ley 17.798 de Control de Armas).
Entre ellos figura un matrimonio penquista, de la comuna Concepción, y un padre con su hijo. Todos, tres hombres y dos mujeres, residen en el barrio alto de Santiago y son simpatizantes de derecha.
Hasta el momento, solo trascendió que al hombre de iniciales J.J.V.M. se le dictó prisión preventiva mientras a los demás varones se les aplicaron medidas cautelares como arresto domiciliario, firma y arraigo nacional.
Sobre el detenido, Radio Bío Bío detalló que es piloto y fanático de las motos, aviones y tiene una playlist, en su cuenta de Youtube, en la que muestra videos de armas y describe episodios de la dictadura de Augusto Pinochet. Él aparece como vendedor en la transacción ilegal del fusil y es hijo de C.S.V.P., uno de los otros imputados.
Por otro lado, el Cuarto Juzgado determinó para las dos mujeres acusadas, identificadas con las iniciales C.L.U.S y V.A.B.P., arresto domiciliario nocturno.
Las pesquisas por este caso comenzaron hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) dio con la información de la venta de un fusil AK-47 ruso con un cargador de 36 balas por un millón y medio de pesos. Se maneja la teoría de que estos armamentos fueron requisados al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y que llegó a manos de los involucrados a través de un “familiar militar”.
En redes sociales, los chilenos exigieron a la administración de Sebastián Piñera aplicar la Ley de Seguridad del Estado en contra de estas cinco personas por ser un peligro real para la sociedad, reportó Ilustrado.
A cargo de la investigación está el persecutor Andrés Iturra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente y ahora los imputados en el caso deberán explicar el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre, refirió Radio Bío Bío.
Fuentes: Radio Bío Bío, Ilustrado.
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