La semana noticiosa en Chile post 18 de septiembre estuvo marcada por la detención de 11 integrantes de la agrupación autodenominada como «Resistencia Mapuche Lafkenche», quienes se habían atribuido varios atentados incendiarios contra cabañas de veraneo y vehículos, entre otros elementos.
Dentro de los detenidos habían dos carabineros, uno activo (Darwin Carrillo) y otro en retiro (Luis Berna), quienes cumplían distintas funciones dentro de la organización. Y como corren tiempos de información digital disponible para quien sepa buscar, una vez conocidos los nombres de los dos policías comenzaron a aparecer algunos nexos «interesantes».
Por ejemplo, en sus redes sociales, el carabinero Carrillo menciona como su «amigo» a Fernando Fuentealba Lobos, perteneciente a la agrupación «Víctimas del Terrorismo de la Macro Zona Sur», organización de ultraderecha promovida por APRA (donde participa la actual diputada Gloria Naveillán), y que además es dueño del Hotel Curef, que fue incendiado, precisamente, por la Resistencia Mapuche Lafkenche en 2022.
Así, mientras algunos canales de televisión se preguntaban ¿cómo corrompió a un carabinero activo un grupo terrorista?, muchos recordaron al ex capitán de esta institución, Miguel Ángel Toledo, quien en 2017 denunció la participación de carabineros en el robo de madera e incendios en la Macro Zona Sur, asegurando además que dentro de los guardias privados de las forestales hay policías, incluyendo funcionarios activos de la PDI.
«Río revuelto»
Desde la zona sur, una fuente reservada de El Ciudadano en las comunidades mapuche dio su visión sobre estos hechos, que empiezan a mostrar la magnitud de los nexos que existirían entre empresarios, latifundistas y políticos, con la violencia que se vive hace años en la zona.
«En el fondo hay de todo en esto, hay como un río revuelto. Hay componentes de carabineros y fuerzas de la Derecha que están metidos en estos grupos, pero también hay jóvenes de distintos lugares que por su ideología, lo que hacen es entrar a militar en estos grupos», señala la fuente de El Ciudadano.
«Y lo que sucede es que muchas veces, es que estos jóvenes, por el carácter de su mirada a la situación, rompen con las comunidades, y entonces estas acciones (como los atentados incendiarios) son llevadas a cabo sin los permisos o la autorización de las autoridades ancestrales», agrega nuestra fuente.
¿Por qué rompen con las comunidades? Según la fuente de El Ciudadano en el sur, «ellos consideran a algunos como winka trewa, es decir traidores, porque se sientan a conversar con el gobierno o con algún alcalde, y por eso finalmente llevan a cabo atentados y otras acciones de ese tipo».
Lamentablemente, en este «río revuelto», lo que prevalece -con la complicidad de los medios de comunicación empresariales- son los montajes y la criminalización de las comunidades mapuche que verdaderamente llevan largo tiempo exigiendo una solución a las problemáticas que las y los aquejan, como por ejemplo, la presencia de las empresas forestales en la zona y la instalación de proyectos energéticos o extractivos en sus territorios ancestrales y sagrados.
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