Respuesta al inserto de Organizaciones de canalistas publicado en la Tercera

Los titulares de derechos de aprovechamiento son quienes gozan de la exclusividad para determinar el destino de uso del agua. Esto ocasiona que la necesidad de poner énfasis en el cuidado estratégico del agua no sea solo en extremo complejo y engorroso, sino que muchas veces inconstitucional.

Ciudadano

24/07/2022 4:22pm

Ante el inserto publicado por organizaciones de propietarios de derechos de agua en un diario de circulación nacional, manifestándose contrarias a la propuesta constitucional, queremos compartir con la ciudadanía nuestra preocupación, pues la declaración comete omisiones flagrantes en dos ejes necesarios para informarse sobre el complejo escenario hídrico que afecta a nuestro país y las razones que fundamentan las propuestas del nuevo texto constitucional en torno al agua.

En primer lugar, pareciera que las organizaciones firmantes de dicho extracto no se dan aún por enteradas de los ya incontrovertibles efectos que el calentamiento global tiene sobre los ecosistemas, los que han sido ampliamente documentados por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, en cuyos lapidarios informes el recurso hídrico se consagra como un bien cada vez más escaso para nuestro país. (IPCC 2021).

Chile es el país #18 de 168 en el ranking mundial de riesgo hídrico, según el World Resources Institute (WRI, 2021). Como país arrastramos una marcada tendencia a la baja en nuestra pluviometría, y a pesar de que este año ha sido particularmente lluvioso, los datos indican que nos estamos secando.

Este escenario impone enormes desafíos a las sociedades modernas, y es en este punto donde radica la segunda omisión del comunicado. Ya que nuestro país destaca en el mundo por carecer del cuerpo jurídico necesario para ejercer soberanía sobre los recursos hídricos.

Hoy existen más de 50 instituciones que tienen relación con la gestión del agua, sin embargo, los titulares de derechos de aprovechamiento son quienes gozan de la exclusividad para determinar el destino de uso del agua. Esto ocasiona que la necesidad de poner énfasis en el cuidado estratégico del agua no sea solo en extremo complejo y engorroso, sino que muchas veces inconstitucional.

El nuevo proyecto constitucional pone a disposición de la ciudadanía las herramientas necesarias para avanzar en un desarrollo agrícola sostenible, poniendo énfasis en la soberanía alimentaria, la protección de las cuencas y la subsistencia humana, permitiendo abordar de manera interdisciplinaria el problema de la sequía.

La labor técnica que las asociaciones de canalistas brindan en la conducción del agua en el país es innegable y su mirada es valiosa, pero no es la única, sino que también debe estar el resto de la sociedad civil y la autoridad implicadas, de modo que la confluencia y confrontación de los distintos intereses e interpretaciones pueda construirse entre todos un mejor modelo de administración en provecho de todos y no solo de aquellos que transitoriamente están haciendo uso del agua. En este sentido, la propuesta
constitucional abre la discusión sobre temas que son de interés público, no la cierra; transparentando que hay un conflicto evidente entre el actual régimen de gestión, la crisis climática, los derechos de aprovechamiento y el interés común por avanzar en el cuidado y regeneración de las cuencas y otras fuentes del bien hídrico. Resolver dicho nudo es el sentido vital de la propuesta constitucional.

Así, es importante recalcar, como señala el artículo trigésimo quinto transitorio del borrador: “Con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución.

Mientras no se dicte la legislación ordenada en el artículo transitorio, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Agua en materia de constitución y extinción de autorizaciones.” Esto quiere decir, que de facto se asume la urgencia de redistribuir donde sea necesario el uso de los caudales de las cuencas, privilegiando el consumo humano, la protección medioambiental y la soberanía alimentaria de manera
ordenada y responsable, sin dar espacio, como se pretende señalar en el inserto, a un caos que afecte en el corto y mediano plazo, el suministro de agua para actividades que hoy son esenciales para el país. Lo que se acaba es la comercialización de los derechos de agua.

Invitamos a los regantes a ser parte de esta discusión con altura de miras, poniendo el interés colectivo por sobre el interés particular y llamamos a la ciudadanía a votar informados.

Nos encontramos ante la oportunidad histórica de enmendar nuestro contrato social y debemos asumir responsablemente este proceso de cambio, pues después del 4 de septiembre necesitaremos de todas las voluntades para alcanzar ese anhelo de transformaciones con estabilidad.

Las organizaciones adherentes representamos a la diversidad de personas y territorios presentes en nuestro país, donde lo rural se lleva con orgullo y los sueños por el bienestar de generaciones actuales y futuras tienen hoy la esperanza de materializarse.

¡Este 4 de septiembre vota informado!

Adhieren a la carta: