Decenas de grandes empresas y dirigentes políticos no fueron investigados ni sancionados por la justicia penal por el financiamiento ilegal a las campañas, reveló una investigación realizada por el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER).
Este medio analizó 45 denuncias que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) para que esas empresas pagaran multas.
El análisis de las sentencias reveló la existencia de una “nómina transversal” que incluye a dirigentes de derecha y centroizquierda, vinculados a personas que extendieron las boletas por las que estas empresas fueron sancionadas por los TTA.
Entre las boletas rectificadas figuran pagos a personas o sociedades relacionados con los presidentes de la DC y UDI, a un ministro del Tribunal Constitucional, a parlamentarios, a ex ministros, a Michelle Bachelet y al actual mandatario, Sebastián Piñera, entre otras figuras públicas.
Según el reportaje escrito por Nicolás Sepúlveda para CIPER, las denuncias presentadas por el SII en los Tribunales Tributarios constituyen lo que se denominó “salida administrativa” a los casos de financiamiento ilegal de la política: “Un eufemismo que implicaba que las empresas y políticos involucrados no serían investigados por la Fiscalía y no tendrían sanciones penales”.
Ya que denuncias ante los Tribunales Tributarios no conducen a una investigación penal, nadie indagó si los pagos que recibieron las decenas de personas vinculadas a políticos, a través de boletas y facturas falsas, tuvieron un correlato en leyes aprobadas en el Congreso o en otras gestiones para beneficiar intereses privados.
Según la investigación realizada por el citado medio, apenas tres investigaciones se hicieron a fondo en los tribunales de justicia penal: SQM, Penta y Corpesca. En esta última se detectaron delitos como cohecho y soborno, donde la entrega de dinero ilegal tuvo relación con la elaboración de políticas públicas.
“Los procesos en los Tribunales Tributarios se originaron por 45 denuncias presentadas por el SII, las que involucran a 28 empresas que pagaron boletas falsas a personas relacionadas con políticos. Fueron las propias empresas las que rectificaron esas boletas ante Impuestos Internos, porque no podían probar que los servicios pagados efectivamente se realizaron. Gracias a las sanciones aplicadas en estos casos por los TTA, el SII ha recolectado $3.700 millones en multas”, reseñó el reportaje.
Financiamiento ilegal a políticos
CIPER reveló que entre sentencias alojadas en los Tribunales Tributarios referidas al financiamiento político ilegal figuran los nombres de dirigentes políticos, así como de sus familiares, asesores y colaboradores.
Una de las sentencias fue la que se dictó contra el senador Iván Moreira (UDI), desconocida hasta ahora, quien debió cancelar $14,2 millones por facilitar boletas falsas a una serie de empresas, entre la que se cuenta una sociedad de un hijo del actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
En otras de las sentencias tributarias aparecen personas o sociedades vinculadas al presidente de la DC, Fuad Chahín; al presidente de la UDI, Javier Macaya; al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI); al ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); al ex senador y ex ministro del Interior Andrés Zaldivar (DC); al ex senador y ex ministro Alberto Espina (RN); al actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; a los senadores Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Felipe Harboe (PPD); al lobista Enrique Correa; al actual bi ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Jobet; a los diputados Gabriel Silber (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN); y al alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).
Boletas sin denuncias
Sin embargo, no todos los nombres de personas y empresas que emitieron boletas falsas para financiar a políticos figuran en las denuncias tributarias del SII.
Al respecto, CIPER indicó que ninguna de las sociedades relacionadas con financiamiento ilícito para campañas de Michelle Bachelet, como por ejemplo Asesorías Credo, fue denunciada por el SII ante los TTA, ni las que recibieron dineros de SQM ni las que recibieron aportes del Grupo Angelini.
Tampoco las empresas asociadas al financiamiento ilegal de las campañas de Sebastián Piñera fueron denunciadas.
Otra de las ausencias en las denuncias del SII ante los TTA) está relacionada con Cencosud, el retail de Horst Paulmann. Aunque la compañía fue denunciada por haber traspasado $48 millones a una sociedad relacionada con el ex candidato presidencial Marco Enríquez Omínami, no se incluyó una boleta falsa emitida a Ana Palacios, “una “boletera” de la red de financiamiento ilegal de Pablo Longueira”, reseñó CIPER.
Este medio sumó más de 20 empresas que rectificaron pagos realizados a través de boletas falsas relacionados con políticos y que no fueron objeto de denuncia del SII, y señaló que entre las más relevantes se encuentran: “ Endesa, Aguas Andinas, Entel, Cruz del Sur (cuando estaba en manos del Grupo Angelini), Metalpar, Automotora Gildemeister, Alsacia, y dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña (controladores de Entel, Consorcio, Universidad Santo Tomás y Pucobre, entre otras): Inversiones Paso Nevado e Inversiones Longovilo”.
Tampoco se registraron denuncias contra las empresas pesqueras del centro sur del país, agrupadas en Asipes, señaladas de financiar ilegalmente a políticos.
“Las rectificaciones tributarias de esas empresas nunca se conocieron completas. Sí hay pistas: entre los pagos ilegales de Endesa había aportes para campañas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y Aguas Andinas rectificó pagos a personas ligadas a Sebastián Piñera”, destacó CIPER.
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