Ricardo Yáñez renunció oficialmente como general director de Carabineros, en un contexto de crecientes presiones políticas y judiciales. Su decisión se produce a días de su audiencia de formalización, programada para el 1 de octubre, donde enfrentaría cargos relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019. Su gestión, marcada por una constante tensión entre la institución y sectores políticos, ha estado bajo escrutinio debido a las denuncias de abusos y la respuesta policial a las protestas sociales.
La renuncia de Yáñez también ocurre en un momento crítico para Carabineros, con demandas sociales de reformas profundas en la institución. Durante su mandato, se enfrentó a la difícil tarea de liderar a la policía en un escenario de creciente desconfianza pública, mientras intentaba equilibrar el control del orden público y los derechos humanos. Aunque implementó algunas medidas de modernización y capacitación, su gestión no logró frenar los cuestionamientos sobre la falta de transparencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la institución.
Su salida deja a Carabineros en un momento de incertidumbre, mientras el gobierno y los sectores políticos analizan el perfil de su sucesor, que deberá enfrentar el reto de restaurar la confianza en una institución clave para la seguridad del país. La renuncia de Yáñez ha generado múltiples reacciones, tanto en el ámbito político como en la opinión pública, y se espera que su reemplazo impulse las reformas necesarias para una mayor rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en la policía chilena.
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