Este sábado, el abogado del dirigente mapuche Héctor Llaitul, Rodrigo Román, realizó un punto de prensa en las afueras de la cárcel El Manzano 2 en Concepción, donde se refirió al proceso seguido en contra de su representado, recluido en dicho recinto. En ese sentido, calificó la acción como una «operación política» de la inteligencia policial, que vendría a ser «como un Huracán dos», en referencia al montaje realizado en 2017 contra el vocero de la CAM.
En esa línea, el abogado explicó que las declaraciones de Llaitul, en las que admite que la Coordinadora Arauco Malleco participa del robo de madera para financiar una resistencia armada, le corresponden en su rol de Werken, es decir, como el vocero del movimiento: «No es un rol de jefatura o liderazgo en términos jerárquicos, como nos pretende hacer creer la policía y la fiscalía», afirmó Rodrigo Román.
Otro punto importante para el abogado tiene que ver con la filtración de antecedentes que no están en la carpeta investigativa y que no han sido puestos a disposición de la defensa, haciendo referencia en específico a la conversación entre una asesora de la ex ministra Jeanette Vega y Llaitul.
Finalmente, Román criticó a la fiscalía por filtrar antecedentes “que no están en la carpeta investigativa y al que no ha sido puesta a disposición de la defensa”, haciendo referencia a la conversación entre una asesora de la ex ministra Jeanette Vega y Llaitul, lo que catalogó como “temas colaterales”.
«Lo que hay que denunciar es que la Fiscalía de Chile o la policía han filtrado información, lo que muy posiblemente los hace acreedores de sanciones penales y administrativas, porque eso es constitutivo de delito en Chile», cerró el abogado, quien acusó que a Llaitul se le persigue «por delitos ideológicos».
«Efectivamente aquí estamos en presencia de lo que se conoce como el Derecho Penal Político. Se ha invocado la Ley de Seguridad del Estado. Ustedes bien lo saben, que esta es una ley penal especial que pocas veces se ha utilizado durante la vigencia de la democracia, por decirlo de alguna forma», aseguró Román, quien calificó como «curioso» que a partir de la ampliación de la querella por parte del actual Gobierno, «se activan todos los dispositivos penales al punto que se arma esta cronología de hechos y se le imputan delitos ideológicos».
Finalmente, el abogado defensor confirmó la interposición de un recurso de amparo que tiene como dos objetivos: Revocar la prisión preventiva y optar «a su rápida libertad», quitando de su formalización la Ley de Seguridad del Estado; y por otra parte, si el Tribunal no considera la medida, «procurar su más rápido traslado al CDP de Temuco, al módulo de comuneros», unidad que -puntualizó Román- «está ideada específicamente para comuneros, no estamos postulando a una situación de privilegios».
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