Salmonera Nova Austral, señalada por fraude y delito ambiental, recibió subsidios estatales por más $131 mil millones

La Fiscalía procesó a cinco exaltos ejecutivos de la salmonera Nova Austral a mediados de marzo, luego que se constatara que informaron datos falsos sobre los peces sembrados y cosechados, y las tasas de mortalidad de los centros de cultivo, con la finalidad de engañar a la entidad fiscalizadora.

En concreto, los formalizados son el exgerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides, el gerente regional e hijo ilustre de Porvenir, Drago Covacic, los jefes Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.

A lo que se suma también la introducción de químicos al mar que esterilizaban a los animales.

Ahora, una investigación realizada por la fundación Terram reveló que la salmonera habría recibido más de $131 mil millones entre 2001 y 2020 por conceptos de subsidios estatales entregados bajo la denominada Ley Navarino.

En concreto, la Ley Navarino entregó $299.343 millones en subsidios a 207 empresas de diversa índole. De ese monto, $131.564 millones fueron destinados a Nova Austral S.A., lo que se traduce en el 44% del total bonificado en aquel periodo, refiere El Mostrador.

De igual forma, en el informe se constató que aquellos montos recibidos por la compañía Nova Austral entre los años 2017 y 2018, a través de la ley, equivalen al 38% y 34%, respectivamente, del presupuesto anual del Gobierno Regional de Magallanes.

En el informe de la fundación, se revela que, solo en el 2020, la Región de Magallanes registró un rápido crecimiento en la industrial salmonera.

«La situación de la Región de Magallanes resulta particularmente ilustrativa, ya que en el año 2020 representó un 17% de las cosechas totales a nivel nacional, en circunstancias que al año 2002 no superaba el 1% de la misma, reflejo del rápido crecimiento y expansión de la industria salmonera hacia zonas más australes», señala el informe.

«Considerando exclusivamente los últimos 10 años, se evidencia que la tasa de crecimiento promedio de dicha industria ha sido de un 181%, alcanzando en 2020 el máximo histórico para la región, por lo que cobra relevancia comprender cómo distintos regímenes de excepción, como el de bonificaciones vía Ley Navarino han favorecido dicho incremento», puntualiza el texto.

Esta ley, promulgada en 1985, establece un régimen de excepción aduanero y tributario para aquella porción del territorio comprendido entre la isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y un sector de la costa sur del Estrecho de Magallanes, para beneficiar a ciertas industrias que, al instalarse, favorecieran el poblamiento de dicha porción del territorio.

Revisión de la ley

El abogado de Fundación Terram y uno de los autores de la minuta, Christian Paredes, señaló que “vale la pena preguntarse si la justificación y objetivo de fomento perseguido al momento de su promulgación asociado al poblamiento de esa zona, subsiste hasta hoy como para sostener la vigencia de esta legislación”, cita El Mostrador.

Por esta razón, la fundación realizó un conjunto de recomendaciones como la necesidad de compatibilizar los requisitos para obtener estos beneficios.

Para esto, detalla el informe, podría exigirse “la evaluación de impacto ambiental de determinadas actividades beneficiadas, o la pérdida definitiva de la bonificación ante sanciones ambientales o la condena a la reparación del daño ambiental».

Además, se propone incluir “incluir otra clase de actividades más allá de las cinco actualmente contempladas, tales como la educación ambiental y la conservación, así como evaluar la posibilidad de excluir otras, como mineras y cierta clase de actividades industriales, en atención al grado de consolidación de la industria y volumen de ventas por sector”.