Santiago: Trabajadores a honorarios del sector vivienda desestiman argumentos del Ministerio de Hacienda

Sorprendidos se encuentran los honorarios del sector vivienda tras conocer los descargos que Hacienda hizo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Según consta en el sistema judicial, Teatinos 120 desestimó arbitrariedades y aseguró que con el cambio a contrata los trabajadores a honorarios quedarán en mejores condiciones que los de planta.

Para los trabajadores a honorarios del Sector Vivienda región Metropolitana (Minvu, Seremi, Serviu RM) eran de esperar los descargos de la cartera, dadas las malas experiencias en las mesas de trabajo, según señala Jorge Guzmán, abogado de los asociados. Para el profesional, los argumentos de Hacienda son contradictorios, pues se ha ofrecido una regularización de contrataciones y ello choca con la afirmación de que los honorarios no serían funcionarios públicos.

“Es lamentable que el propio Estado no pueda aceptar que hay un mal uso de recursos públicos para proceder a la contratación de personal en forma precaria, pero es justamente el fundamento para elevar el recurso a un tribunal”, agregó el abogado del sindicato, indicando que tales declaraciones son lamentables, pues Hacienda estaría respondiendo de la misma manera que lo hace una empresa privada, siendo que se trata de un servicio estatal.

“Se dice que se están mejorando los sueldos a través de una serie de bonos mensualizados, que en la práctica y en los hechos no es una situación real y es justamente el motivo por el cual  se ha interpuesto el recurso de protección. Esta materia no la va a resolver el poder Ejecutivo sino que los tribunales de justicia, además la resolución se ajusta a derecho y a lo que estableció la ley de presupuestos en esta misma materia”, dijo Guzmán.

Los trabajadores a honorarios del Sector Vivienda región Metropolitana (Minvu, Seremi, Serviu RM) presentaron el 16 de agosto un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, contra las autoridades actuales de Hacienda y  Vivienda, que desean imponer un sistema de traspaso a contrata que vulnera derechos constitucionales, según alegan los funcionarios.