Fotografía: Referencial
El juicio contra 16 acusados de ser parte de la denominada «primera línea» durante la Revuelta Social iniciada en octubre de 2019 quedó fijado para el próximo 6 de junio.
Por su parte, la investigación de la Fiscalía Centro Norte señala que el 3 de marzo de 2020 los acusados se habrían reunido en la intersección de calle Ramón Corvalán Malgarejo y Carabineros de Chile, en el centro de Santiago.
Los imputados, criminalizados en el contexto de protestas, son acusados de haber utilizado diversos elementos contundentes para turbar la tranquilidad del lugar, y de interrumpir sin autorización la libre circulación de personas y vehículos.
La acusación, que pareciera no reconocer en ningún momento el derecho constitucional a la manifestación, se empeña en establecer los hechos como un «ataque», y agrega un supuesto enfrentamiento contra Carabineros, que habría dejado en su momento a dos funcionarios lesionados.
Según un documento al que tuvo acceso Radio Bío-Bío, el Ministerio del Interior que comanda Izkia Siches continúa como querellante en la causa que enfrenta a los manifestantes a cargos por desórdenes públicos.
«Se persigue a un grupo de personas solo por haber estado en una manifestación»
El abogado penalista, Ramón Sepúlveda, quien defiende a uno de los imputados, sostuvo que «se persigue a un grupo de personas, entre ellos muchos jóvenes, por el solo hecho de haber estado en una manifestación, entre ellos un joven con la condición de Trastorno del Espectro Autista, con quien se dio un tratamiento terrible».
Sepúlveda señaló además que la expectativa social probablemente estaba con que el Gobierno de Gabriel Boric hubiera desistido de la acusación particular que presentó el gobierno anterior, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.
En esta causa se ordenó la prisión preventiva de los imputados a petición del gobierno de Piñera. Por lo que no deja de sorprender que la administración de Boric siga con esta acción y busque además condenar a estos jóvenes.
Para 12 de los imputados, la Fiscalía Centro Norte pide 300 y 541 días de presidio, más la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. En cambio, para los otros cuatro pide 540 días y 3 años de presidio.
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