La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha elevado a sus máximos niveles los clientes morosos en Chile. Sólo en el sector eléctrico totalizan 720.840, de los cuales casi un tercio (206.422 deudores) comenzaron a serlo posteriormente al 31 de marzo 2020, cuando se implementaron las primeras medidas de cuarentena por la pandemia.
Los datos fueron entregados recientemente por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, calculando dichos morosos al 31 de mayo 2021.
Según dicho cálculo, la deuda total asciende a $248.512 millones de pesos, lo que arroja una deuda en promedio de $344.755 pesos por cada cliente moroso.
La cifra corresponde con el 10,4% de los clientes totales de electricidad en el país.
Del total de deudores, el 67% corresponde a clientes residenciales los que conforman el 43% de la deuda total.
También el informe de la SEC detalla que el 64,4% de los deudores dejaron de pagar el suministro eléctrico posteriormente al inicio de la pandemia.
Ya a principios del mes de abril, la asociación Empresas Eléctricas AG, que reúne a las empresas del sector eléctrico privatizado a partir desde la dictadura, estimaba en 600 mil las familias morosas.
En el sector sanitario aparece un panorama similar. Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), citados por emol, casi 800 mil hogares tenían sin pagar dos o más cuentas de agua pendientes a febrero de 2021.
La deuda calculada en ese momento ascendía a $165 mil millones.
El medio también consignó que entre febrero de 2020 y febrero de 2021 hubo un incremento de casi 80 por ciento de hogares con más de cuatro cuentas impagas.
EL NEGOCIO DE LA ELECTRICIDAD
El sector eléctrico de Chile está absolutamente privatizado, estando la provisión de energía a la población en manos de la Compañía General de Electricidad (CGE), Chilquinita, Enel Distribución y el Grupo Saesa, las que controlan el negocio energético en Chile.
Las empresas del sector han dejado de ganar como lo hacían antes de la pandemia. En julio de 2019, las utilidades de la CGE alcanzaron $23.822 millones; en tanto que Enel tuvo una ganancia ese mismo año, reportada en el mes de diciembre, de $ 296.154 millones. En cambio, la contabilidad de las eléctricas para el año 2020 da cuenta de una fuerte merma de las ganancias del sector, registrando Enel una pérdida de $50.860 millones a diciembre de 2020.
LEY QUE QUEDÓ CORTA
En agosto del año pasado fue promulgada la Ley 21.249, la que impide a las empresas eléctricas, de gas y servicios sanitarios cortar el suministro por morosidad de la población. Sin embargo, la ley garantiza la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2021.
Al momento de tramitarse dicha ley, en la Comisión de Economía se calculó en más de un millón de hogares no podían pagar sus cuentas, debiendo en promedio al menos 350 mil pesos cada hogar.
La ley estableció la posibilidad de efectuarse convenios de pago. Sin embargo, estos a la fecha no alcanzan a ser más de 196 mil, según el informe de la SEC.
Según la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, la normativa “no garantiza un tratamiento de la deuda acumulada en el periodo en cuestión, situación que producirá graves problemas futuros una vez que finalice la protección legal que evita la realización de corte del servicio por parte de las empresas concesionarias, pudiendo estas ejercer acciones de presión en un contexto difícil para las familias de nuestro país”.
Dicha organización, dirigida por Hernán Calderón; junto a la Asociación de Municipalidades Libres (AML), representadas por el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo; y la diputada Daniella Cicardini (PS) entregaron esta semana una petición al gobierno para regularizar las deudas en servicios básicos producto de la pandemia del COVID-19, donde la industria y el gobierno deben ser parte de la solución del conflicto.
La organización de consumidores llama la atención sobre el fin de la vigencia del “mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía”, lo que anuncia un aumento en el monto de la tarifa eléctrica que pagarán los clientes a partir del segundo semestre del año 2022. Esto profundizará el ya complicado escenario económico de los usuarios de estos servicios fundamentales, destacan.
Los firmantes también llaman a una intervención estatal con el objetivo de garantizar el servicio oportuno y de calidad para quienes habitan Chile. Para ello demanda que el Estado se haga parte a través del diseño de una propuesta y que otorgue una ayuda económica en la regularización de la deuda generada en las familias más pobres del país.
Otro punto destaca que los concesionarios de los servicios básicos “reduzcan sus utilidades y asuma parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento de la misma”.
El Ciudadano
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