Se ingresa a la Cámara de Diputados el proyecto para mejorar los protocolos de reacción ante personas extraviadas

Este miércoles se ingresó el proyecto  que está a cargo de Pablo Kast (Evópoli) y Marisela Santibáñez (Pro), en el que se especifican la diligencias que se deben seguir como nuevo protocolo al momento de la desaparición de una persona con menos de 24 horas de sucedido el hecho. Estos casos, que en muchas ocasiones son vistos como poco urgentes, pueden derivar en tragedia o en salvación dependiendo de la actuación (o no), de las autoridades.

El documento establece, en primer lugar, el concepto claro del hecho como «la pérdida de contacto con una persona, de quien se ignora su actual paradero y se teme fundadamente por su vida o por su integridad física»

Ante las categorías que se pueden presentar, dependiendo del tipo de extravío de una persona, el diputado Kast da puntos básicos de diferencia para entender claramente lo expuesto, explicando que «no es lo mismo que se pierda un niño en un sector vulnerable, a que se pierda otro haciendo trekking , o un abuelito en un sector rural, por lo que es importante establecer categorías, además de que hoy los procedimientos quedan a discrecionalidad de quien toma la denuncia, ya sea  PDI (Policía de Investigaciones de Chile) o Carabineros, y también depende de en qué lugar del país se da la desaparición».

Es por esto que el diputado plantea cinco categorías de extravío de personas:

1. Por causas médicas
2. Por causa accidental o natural
3. Extravío por suicidio
4. Desaparición forzada o por intervención de terceros
5. Desaparición voluntaria, por evasión o fuga.

Otra de las ópticas para el abordaje de la problemática en Chile, es centralizar la información, para de esta manera hacer más eficiente la recolección de datos y elementos estadísticos que puedan ser utilizados en materia investigativa y de empleo de soluciones a estos hechos. Para ello, se establece la creación de una base de datos como la herramienta tecnológica más idónea. Esto ante la eventualidad que se presenta al cotejar los datos existentes en la PDI y Carabineros, que presentan disparidades sustanciales.

Se puede citar como ejemplo los datos suministrados por la primera institución (PDI), que plantea un registro anual de más de 8 mil denuncias por presunta desgracia, de estas cerca de 600 casos quedan sin resolver. Por otro lado Carabineros indica que cada año se generan sobre 25 mil denuncias por presunta desgracia y los casos sin resolver bordean los mil por año.

A este hecho Kast agrega, en referencia a la PDI, Carabineros, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil y el Ministerio Público, que «La idea de esta base de datos es que sea la única fuente de información que consulten y a la que ingresen todas las instituciones involucradas».

De igual forma plantea que, otro de los avances del proyecto ingresado permita distinguir el tipo de riesgo de la desaparición, catalogándola en Alto riesgo confirmado, Alto riesgo no confirmado y Riesgo limitado.

Por otra parte, la diputada Marisela Santibáñez, agregó a lo ya expuesto por Kast,  «hay todo un tema con las cámaras y la obligatoriedad de entregar las imágenes. Hoy la ley no lo exige, no hay un protocolo que te obligue a entregar las grabaciones que pudieran contener información relevante para encontrar una persona. Eso no puede seguir así».

Este proyecto tiene como una de sus propuestas principales la modificación del artículo 83 del Código Procesal Penal, para que las policías puedan actuar sin la autorización previa de un fiscal, lo que daría celeridad en la acción y mayor efectividad a la aplicación del protocolo.

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