Frente a la situación social que estamos viviendo como país, la comunidad académica y estudiantil de Trabajo Social de la Universidad de Chile, quiere hacer un aporte sintetizando las demandas al gobierno que se han levantado -en los últimos días- por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, con el fin de confrontarlas con las respuestas y propuestas que ha dado este.
Las calles del país muestran que las manifestaciones han levantado como lema la Justicia Social, lo cual nos obliga a reflexionar sobre aquellas demandas que -desde la visión de la ciudadanía- expresan o materializan dicha noción.
Al analizar las respuestas dadas en el anuncio del Presidente Piñera del 22 de octubre de 2019, nos damos cuenta que este, en ningún caso, se hace cargo de las necesidades y demandas de la ciudadanía y, por lo mismo, mantiene abiertos los problemas y contradicciones que han causado el estallido social. Situación que se expresan también con profundos sentimientos de indignación e injusticia.
Para tener una idea más clara de lo que señalamos, a continuación se confrontan algunos de los puntos de la discusión que hemos ordenado, primero, siguiendo las demandas levantadas por diversas organizaciones y difundidas en diversas redes, para luego dar cuenta de los anuncios del presidente Sebastián Piñera, acompañado de algunos comentarios que traemos para el análisis del lector. Este ejercicio es una breve y preliminar aproximación, al calor de una coyuntura cuya resolución está abierta y nos pone enormes desafíos como sociedad.
Demandas ciudadanas versus respuestas de Sebastián Piñera: ¿Avances significativos?
Una de las primeras demandas que se observa de parte de las organizaciones y movimientos sociales es la Democracia Directa (plebiscitos vinculantes) y la generación de una Nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente. Cuando se observan las propuestas del gobierno, vemos que no menciona nada respecto de este tema en sus anuncios, ni tampoco retoma el trabajo avanzado por el gobierno de Bachelet, en la línea de cambiar la constitución. Esta omisión, creemos, es la más grave de todas las omisiones, pues implica desconocer los pilares de la democracia: la facultad y poder que tiene el pueblo de cambiar el orden social y definir su propio gobierno.
Una segunda tiene que ver con la Pensión Básica, que sea igual al sueldo mínimo entendiendo que ese es el mínimo para vivir. Sebastián Piñera responde con las siguientes medidas: a) Aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria, lo que beneficiará a 590.000 pensionados, b) Aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil pensionados, c) Aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años, d) Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación, lo que favorecerá a 500 mil trabajadores, e) Aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes.
Al analizar estas medidas, podemos decir que el monto de la Pensión Básica Solidaria es de $110.201 (desde julio de 2019). Este beneficio está destinado a las personas del 60 % más pobre de la población que no han podido acceder a una pensión -ya sea de Vejez o Invalidez- y que cumplen determinados requisitos legales. El aumento del 20% dejaría la pensión básica en 131.000 pesos aproximadamente. Muy lejos del salario mínimo que corresponde a 301.000 pesos desde marzo de este año y cuya anuncio habla de subirlo de 350.000 pesos (no sabemos cuando).
Debemos recordar que según la Fundación Sol (2019), el salario mínimo alcanza para cubrir: cotizaciones para jubilación, salud, arriendo, transporte y un kilo de pan diario “57.190 pesos de gastos en leyes sociales (pensiones, salud y seguro de cesantía), 39.490 pesos en un kilo de pan diario basado en el precio promedio del pan fijado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), 48.320 pesos en movilización de ida y vuelta al trabajo en horario punta, y 156 mil pesos de un arriendo básico” (Fundación Sol en Cooperativa, 3 de marzo de 2019).
Por otro lado, la respuesta del gobierno no define cuánto aumento adicional en las partidas de esos años ni a cuántos pensionados específicamente va a impactar, como tampoco en cuánto va a complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, NADA dice de las trabajadoras y clase media precarizada, que posee vacíos o lagunas en sus cotizaciones, ni define los aportes de recursos ni cuántos adultos mayores no valentes existen en Chile. En ese sentido, es una medida que presenta varios vacíos e insuficiencias.
Otra demanda muy sentida es el fin de las AFPs, pero Piñera no elimina este sistema ni se hace cargo profundamente de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP, aun con su propuesta de reforma previsional.
La Salud Pública es parte de las demandas también: a) Asegurar el financiamiento a los prestadores públicos, entregando nuevas partidas presupuestarias para los centros asistenciales que viven la crisis de insumos, b) Aumento efectivo del presupuesto en salud 2020, alcanzando el 6% del PIB en gasto público para salud en un plazo de 3 años, c) Aumento del per cápita a $9.000 para la Atención Primaria en Salud, d) Fin a la discriminación en salud: Fondo universal mancomunado en salud para todo el país, que incluya cobertura de los medicamentos más utilizados por la población, e) Disminuir la brecha de recursos humanos, fortaleciendo el aumento de la dotación, su especialización según las necesidades del país y mejorando las condiciones contractuales de los funcionarios de la salud.
La respuesta del gobierno ha planteado respuestas en el orden de medicamentos y seguros, como dar urgencia de discusión inmediata al Proyecto de Ley enviado por este al Congreso que crea el Seguro de Enfermedades Catastróficas, de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias.
La creación de un Seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas, no cubierto por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto, y la ampliación del convenio del Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, beneficiará -según sus cálculos- a más de 12 millones de personas. Sin embargo, dicha respuesta NO ANUNCIA NUEVOS RECURSOS para centros asistenciales con crisis financiera, no suben el valor del per cápita, ni alcanzan el 6% del PIB destinado a financiar la salud pública. Tampoco se pronuncia acerca de las condiciones laborales y contractuales de los funcionarios de salud. En definitiva, la propuesta en salud del Gobierno no contesta los problemas estructurales del sistema: el déficit de financiamiento del sistema de salud pública y la privatización de este derecho.
Otra gran demanda que se escuchó en las marchas de octubre es la de un sueldo digno que contemple la realidad social enmarcada en este sistema neoliberal, frente a la cual el gobierno responde con la creación de un Ingreso Mínimo Garantizado de $ 350 mil, para todos los trabajadores con jornada completa.
Señala que este beneficio se aplicará en forma proporcional a los menores de 15 y mayores de 65 años. Sin embargo, el ingreso mínimo garantizado de 350.000 no permite vivir dignamente, pues la línea de la pobreza para un grupo familiar de 4 integrantes alcanza los 430.763 pesos.
“Específicamente, el 57% del total de ocupados en Chile, no podría sacar a una familia promedio de la pobreza, en el caso de las mujeres sería el 64% y para los hombres 52%. A esto se suma, que el 51% de los asalariados privados que trabajan jornada completa se encuentra en igual situación, lo cual da cuenta de los elevados niveles de precariedad que existen en el mundo del trabajo” (Fundación Sol, 2019). Así, la cuestión del monto del salario parece ser un punto muy sensible en las familias chilenas, y a la que recién un grupo de empresarios están reaccionando, proponiendo un salario que no baje de los 500.000 pesos.
Respecto de la demanda de la estatización de los servicios básicos, el gobierno no responde más que respecto de las tarifas eléctricas, con la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza 9,2% de la electricidad, retrotrayendo el valor de las tarifas eléctricas al nivel del primer semestre de este año. Sin embargo, no se entiende el trasfondo de las alzas de las tarifas eléctricas, del gas, del agua u otros servicios, las cuales están vinculadas a la privatización de los servicios básicos, es decir, a la búsqueda constante de lucro para las empresas transnacionales.
La cuestión tributaria es otro de los puntos sensibles. Se plantea -por parte de las demandas ciudadanas- congelar las reformas en curso. Pero, además, el gobierno responde con impuestos a los sectores de mayores ingresos, a través de la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales, lo que permitirá aumentar la recaudación tributaria en US 160 MM.
No obstante, el punto de esto es que: 1) No aborda el problema de la evasión de impuestos de parte de los más ricos del país, esto es, el 1% más rico, 2) No aborda el sistema tributario en relación al tipo de impuesto, es decir, que el impuesto al ingreso tenga mayor peso que impuestos como el IVA que es pagado por toda la población. Asimismo, no hay un impuesto específico a las ganancias del capital.
Otra necesidad, por mayores recursos para las comunas y municipios, es parte de la historia de los reclamos de las autoridades y vecinos a nivel país, especialmente de los sectores marginados de la sociedad. El gobierno propone mayor equidad entre comunas de altos y bajos ingresos y para ello, el fortalecimiento del Fondo Común Municipal, estableciendo subir los aportes de las comunas de mayores ingresos, en beneficio de las comunas de menores ingresos.
Con ello, plantean que se permitirá una mayor equidad en la provisión de servicios municipales como seguridad, luminarias, infraestructura, parques, deporte, recreación y otros. Si bien, estas medidas son importantes, no son suficientes, pues no establece montos ni porcentajes de aportes, como tampoco propuestas para el manejo de estos ingresos, en comunas que poseen desigualdad territorial dentro de las mismas comunas, asimismo, para abordar la inequidad entre comunas y municipios se requiere plantear el aumento de recursos otorgados por el Estado central al fondo común municipal. Ello es reconocido transversalmente por los alcaldes de distintos sectores políticos.
Especial importancia posee también la demanda por la nacionalización de los recursos naturales y la modificación del actual Código de Aguas, pero esta no es abordada por el gobierno. Se trata de un punto problemático porque es impulsada hace bastantes años por diversos movimientos sociales. Modatima es parte de una de las organizaciones por la defensa del acceso al agua, la tierra y la protección al medio ambiente, la cual en sus propuestas señalan modificar la Constitución y derogar el Código de Aguas vigente, para que sea el Estado quien tenga el dominio absoluto de todas las aguas continentales de la Nación y sea quien administre y asigne estos recursos.
Así, tanto el agua, el litio y el cobre son recursos estratégicos del país, que deberían estatizarse, pues la economía se sostiene fuertemente en estos, y en el caso del cobre, este sector genera los mayores ingresos para el país. El estudio de Caputo y Galarce (2019) dice que el “valor total de las propuestas presentadas por el Presidente Piñera es de 1.200 millones de dólares, que es mínimo si se compara con las ganancias globales de las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras, que explotan el cobre chileno, que ascienden a 13.780 millones de dólares en 2018”.
Estos recursos podrían ser estatizados porque “la Constitución de Chile, señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalielable e imprescritible de todas las minas” (Caputo, 2019). La estatización de sectores estratégicos en otros países de Latinoamérica ha permitido redistribuir riqueza en la sociedad, como fue el caso de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, o de Bolivia con Evo Morales, ambas expresiones de estas políticas en las que el nivel de vida de la población se vio directamente mejorado una vez que los ingresos estatales aumentaron.
Por último, la reivindicación de los pueblos originarios asociada a la autonomía territorial como forma de libre determinación indígena; la libertad de los dirigentes y comuneros encarcelados en el marco de procesos vinculados a la violencia rural; la representación parlamentaria mapuche y la consulta previa indígena como derecho a la participación política; la demanda territorial como derecho a la tierra y al territorio y al medio ambiente; y la educación intercultural como derecho a la educación1, no son abordados por el gobierno.
Sin embargo, históricamente las medidas implementadas por los gobiernos han sido la criminalización del pueblo mapuche y la militarización de la zona de conflicto, sumada a algunas medidas de distribución de recursos a través de programas gubernamentales, todo lo cual, solo ha mantenido el conflicto y empobrecimiento de la zona.
Respuestas insuficientes y de espalda a las necesidades de la ciudadanía: Injusticias crónicas
Entre otras cosas, los sueldos bajos, las malas pensiones, los servicios privatizados, la mala salud que ofrecen los servicios, el lucro que obtienen los capitales privados, la necesidad de endeudarse para sobrevivir y acceder a bienes y servicios básicos, la precarización del trabajo, el patriarcado y el racismo, la depredación socioambiental y el extractivismo, así también, las políticas dirigidas al crecimiento del país se encuentran orientadas a un crecimiento económico neto, sin mediar sus externalidades negativas de determinadas actividades productivas y el impacto directo a los ecosistemas y sociedad civil presentes en la zonas de sacrificio, hacen necesario repensar el modelo de crecimiento económico mediado por estándares de crecimiento tradicionales como el PIB, porque, entre otras cosas, afectan la dignidad, los derechos y la justicia social de la sociedad.
Además se hace necesario recordar enfáticamente que el Estado de Chile se comprometió a resguardar los derechos humanos fundamentales, los cuales han sido sistemáticamente vulnerados por las fuerzas de orden y seguridad, quienes se han sentido facultados de agredir y apresar a civiles en estado de desobediencia civil. Por ello, se hace igualmente urgente, hacer pública la cifra real de muertos, heridos, detenidos y desaparecidos, sin omitir los casos de violación y tortura por parte de fuerzas armada y/o carabineros, haciendo urgentemente expedito la identificación de cuerpos aún no identificados e investigar las causas de muerte. Es repudiable la violencia del Estado ejercida en los últimos días propiciada por una declaración de estado de emergencia, lo cual quebranta la pluralidad y libertad propia de una democracia madura.
El sentimiento de abuso, malestar e indignación que sufre la ciudadanía, pero también el sentimiento de desamparo para enfrentar los problemas, se ha transformado en un volcán que ha estallado en Chile y abrió un nuevo ciclo. El gobierno no está a la altura ni la estructura económico-juridico-normativa del país, heredada de la dictadura civico militar. Nunca más Chile volverá a ser el mismo, la ciudadanía se levantó para decir no más INJUSTICIAS, queremos DIGNIDAD. Hoy tenemos una oportunidad única para comenzar a concretar estos valores bajo un nuevo horizonte societario.
Bibliografía:
Fundación Sol (2019). Los verdaderos sueldos de Chile: Panorama actual del valor de la fuerza de trabajo usando la ESI 2018. El estudio revela que el 51% de los trabajadores de empresas privadas no podría sacar a una familia promedio de la pobreza con su salario. El Desconcierto, 21 agosto de 2019. Disponible en https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/21/estudio-revela-que-el-51-de-los-trabajadores-de-empresas-privadas-no-podria-sacar-a-una-familia-promedio-de-la-pobreza-con-su-salario/
Caputo, Orlando (2019). Las ganancias globales de las mineras privadas en el cobre y el valor global de las medidas anunciadas por el Presidente Piñera. Documento de trabajo sin publicar.
1 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Febrero 2019, Principales demandas mapuche como reivindicaciones de derechos humanos: Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales.
Autores:
Dra. Paula Vidal Molina
Estudiantes:
Consuelo Urra,
Ivania Verdejo,
Luna García,
María José Muñoz,
Sebastian Hewitt,
Claudio Troncoso,
Macarena Norambuena.
Trabajo Social, Universidad de Chile.-
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