La votación para el proyecto de ley SBAP se retomará el próximo lunes 29 de mayo en la Comisión Mixta.
Nuevo escándalo salmonero: empresas crean conflicto artificial por áreas protegidas y fuentes de trabajo
El próximo lunes, la Comisión Mixta votará el proyecto de Ley para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el que está en tramitación hace más de 10 años en el Congreso y busca establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad.
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“La Ley para la Naturaleza es una deuda pendiente que tiene el Estado con la conservación y protección del medioambiente, y que a través de los años ha sido largamente atrasada por distintos obstáculos. No obstante, este último paso tampoco está exento de controversias, en particular, la inclusión o no de concesiones al interior de áreas protegidas, lo que permitiría la instalación de actividades económicas que dañen o amenacen la biodiversidad, como es el caso de la salmonicultura en el sur del país”, señala Emilia Aparicio, periodista de El Mostrador.
Según datos de Fundación Terram, actualmente existe un total de 1.400 concesiones salmoneras otorgadas, distribuidas en las regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes. De este total, 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% del total de centros vigentes.
Un hecho que reiteradamente ha sido desmentido en medio de una fuerte campaña de desinformación de empresas y transnacionales de la industria salmonera, es que la ley no es de efecto retroactivo, es decir, no afectan a las concesiones que ya están, a pesar de numerosos delitos ambientales por contaminación e impactos socio ambientales cometidos por centros de operaciones salmoneros en áreas protegidas, patrimonio de Chile. También se ha señalado desde fuentes oficiales, que esta ley no afecta a las fuentes de trabajo de la industria salmonera.
Empresas han señalado que un alto porcentaje de sus centros de operaciones se encuentran al interior de áreas protegidas y que esta ley afectaría al empleo. Desde Salmón Chile se ha señalado en estos últimos días, que “el proyecto establece limitaciones a la salmonicultura que podrían afectar el 60% de la producción”, generando alarmismo e incertidumbre en trabajadores del sector, acusando que son definiciones centralistas y de ongs internacionales.
El ministro de Economía, Nicolás Grau desmintió que vaya a existir una afectación a la industria o el empleo,” ya que las disposiciones de este nuevo servicio no afectarán a las concesiones actuales de la empresa salmonera”, indicó el titular de la cartera a Radio Reloncavì.
“Los puestos de trabajo que actualmente existen se van a mantener, por lo tanto, esas visiones que existen y que se han manifestado, probablemente se basan, ya sea, en un desconocimiento por lo que ha planteado el ejecutivo liderado por el Ministerio del Medio Ambiente (…) este es un proyecto que va a permitir por un lado cuidar el medio ambiente y junto con ello, proteger los trabajos de las y los trabajadores que participan en esta industria. Creemos que es un proyecto equilibrado”, destacó el ministro al medio de la Patagonia Austral.
La Comisión Mixta es presidida por el senador Juan Ignacio Latorre (RD) e integrada por los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Félix González (PEV), Daniel Melo (PS), José Carlos Meza (PR), Jaime Sáez Quiroz (RD) y los senadores Matías Walker (IND), Sergio Gahona (UDI), Isabel Allende (PS) y Alfonso de Urresti (PS).