Emiliano Arias, jefe de la Fiscalía Regional de O’higgins, presentó un documento ante el juzgado de Garantía de Rancagua en el cual pide formalizar Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, por la eventual participación en delitos de estafa en 2012. Todo esto en el marco del Caso Caval.
Tras más de tres años del estallido de este caso, Arias pidió además reformalizar a Natalia Compagnon y su ex socio, Mauricio Valero, por los mismos cargos. Además, solicitó una posible extensión del plazo para ampliar el plazo de investigación.
Dávalos era el gerente de proyectos de la firma controlada en un 50% por su esposa, Natalia Compagnon. Cuando estalló el caso, el hijo de la Presidenta no era investigado por estas acusaciones de estafa. Esto hasta que las declaraciones de su ex socio Mauricio Valero aseguraron lo siguiente:
Dávalos había realizado informes para el empresario Gonzalo Vial Concha cuando se desempeñaba como funcionario de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon). Estos trabajos fueron considerados como “asesorías” y su valor superaba los 11 millones de pesos.
Pero la declaración no quedó ahí. Valero aseguró que “las mismas no corresponden a la asesoría que en ella se expresa, esto porque Natalia Compagnon decidió que su marido emitiera boletas con dicha glosa por los trabajos que efectuaba para Gonzalo Vial ya que él aún se desempeñaba en un cargo de gobierno; y, según ella, consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa; todo lo cual no me consta porque no tengo conocimiento en materia administrativa, pues yo nunca he trabajado para el Estado u organismos públicos”, según consigna el registro de su testimonio.