El laboratorio AstraZeneca y el Ministerio de Salud (Minsal) recurrieron a la Corte de Apelación de Santiago, para apelar contra los tres fallos emitidos por el Consejo de Transparencia, quienes solicitan los documentos del contrato firmado por ambas instituciones para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.
De acuerdo con una investigación realizada por BioBio Chile, tanto la compañía farmacéutica como el Minsal, alegaron que revelar el contrato, atenta los principios de la reserva y afecta el interés nacional y comercial.
Desde Minsal y Astrazeneca afirman que «la decisión del órgano que fiscaliza el acceso a la información pública, afecta la reserva en que deberían mantenerse los documentos y su sola revelación afectaría el interés nacional, entre otros argumentos”, consignó el citado medio.
Los recursos de nulidad fueron interpuestos por la firma en contra de tres dictámenes del CPLT en favor de distintos particulares y que fueron acogidos en contra de la negativa resuelta por las subsecretarías de Relaciones Económicas de la Cancillería y Salud Pública, respectivamente. El CDE, en tanto, solo patrocina al Minsal.
La solicitud del Consejo de Transparencia se da luego de una fiscalización realizada por el organismo, en el que se detectó transferencias a los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca con descripciones genéricas por un monto que suma un total aproximado de 425 millones de dólares.
En reiteradas ocasiones, desde enero de 2021, se solicitó no solo a AstraZeneca – sino también a los laboratorios Pfizer y J&J – los documentos para conocer los acuerdos que se firmó con el Gobierno de Chile para la adquisición de vacuna.
Según los recursos – publicados por BioBio – todos alegaban que la información solicitada era “altamente sensible” no solo para la empresa, sino también para el gobierno chileno.
De igual forma, señalaron que todos los documentos habían sido compartidos únicamente “con las autoridades sanitarias competentes”.
No obstante, se supo, que lo solicitado por el CPLT no incluyó aspectos -hasta ahora secretos- como la estructura de costos, la logística de distribución, así como datos personales de quienes participaron del acto comercial.
Solicitud del CPLT
Tras detectar las transferencias, el organismo solicitó a la Secretaría de Salud, completar algunos campos para determinar cuál era el origen la finalidad de cada transferencia realizada por los laboratorios.
De acuerdo con BioBio, se buscó tener acceso a las compras del Estado entre febrero de 2020 hasta mayo de 2021, las cuales tuvieran relación con el Plan de Vacunación contra el Covid-19; que ya se estaba comenzando a diseñar.
En la investigación, se detectaron infracciones o posibles incumplimientos en las normas de transparencias, sobre todo en el mes de julio.
Ante este hecho, Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia, entregó un informe detallado, en el que se observó 43 transferencias desde la Subsecretaría de Salud Pública a Pfizer, 27 transferencias a Sinovac, y cuatro transferencias a AstraZeneca.
Los montos – refiere la investigación de BioBio – equivalen a $67.008.848.756 a Pfizer; $242.017.584.754 a Sinovac y $10.716.404.160 a AstraZeneca.
De igual forma, se detectaron modificaciones autorizadas por la Dipres, entre el cargo de compras de vacuna y el “Programa Ampliado de Inmunizaciones”, refiere el portal BioBio.
Esto no permite determinar el destino específico de los recursos, puesto que podrían involucrar compras de vacunas, pero también refrigeración, distribución u otras acciones asociados al plan de vacunación.
Minsal en la mira del Consejo para la Transparencia
Según supo la Unidad de Investigación de BioBio, no es la primera vez que el MINSAL pierde contra el Consejo para la Transparencia.
Este último le ordenó entregar todos los correos electrónicos que envió y recibió la subsecretaria Paula Daza, del exministro Jaime Mañalich y el actual titular de la cartera, Enrique Paris.
La resolución incluyó también la revelación de las cuentas pertenecientes al director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, exjefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.
Por la orden, la autoridad sanitaria también recurrió a la Corte para evitar la divulgación.
Hasta los momentos, las autoridades no han entregado ninguno de los documentos solicitados por la Corte.
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