Seguridad humana, plebiscito y la violencia

Paulina Acevedo Menanteau
Periodista y defensora de Derechos Humanos

Mucho se ha hablado y debatido estos últimos días sobre la violencia que amenaza las calles y a la población, ante los múltiples signos de polarización, enfrentamientos y atentados de dudosa autoría hasta ahora no esclarecidos.

“No dejemos, nunca, que la violencia o la delincuencia le pongan barricadas o terminen destruyendo nuestra democracia y la paz en nuestra sociedad”, advertía enfático el propio Presidente Piñera en un punto de prensa en que habló de plebiscito seguro y participativo, a pocos días de haberse conmemorado el primer aniversario de la revuelta social que despertó a Chile y claramente apuntando a los que ha venido sindicando como “los mismos de siempre”.

No obstante, las formas de violentar la seguridad humana son múltiples, así como las que horadan la democracia y la paz social.

Este concepto, que surge en el seno de Naciones Unidas y que hace parte de las obligaciones internacionales de los Estados, implica la construcción de sistemas políticos, sociales, ambientales, culturales y de orden, entre otros aspectos, dirigidos a brindar a la ciudadanía y los pueblos en general elementos básicos para su supervivencia, un desarrollo armónico y la dignidad de las personas.

En Chile, sin embargo, la garantía de estos elementos mínimos y su demanda por parte de la población, vienen siendo desatendidos hace más de 30 años por los distintos gobiernos, y por lo mismo, fueron la causa principal del descontento social que dijo basta en octubre de 2019.

¿Es que acaso el Presidente olvida o ignora que es también violencia la falta de acceso agua,  a una vivienda digna o el hambre que padece gran parte de la población? Que es también violencia que la educación de calidad sea solo para algunos y que ésta aún no sea gratuita para los sectores que así lo requieren, o que miles de adultos mayores reciban pensiones de miseria por un sistema privatizado y creado en dictadura por su hermano José Piñera. Que es también violencia sacrificar impunemente a localidades enteras y la vida de sus habitantes, producto de la innegable contaminación de sus territorios por un desarrollo que nada les aporta y que enriquece a unos pocos.

Que también es violencia, y en este caso del propio Estado, la ejercida en contra de cientos de personas baleadas en manifestaciones o mutiladas en sus ojos a lo largo de Chile, y las víctimas de tortura o asesinadas por Carabineros, todas graves violaciones a los derechos humanos que vienen registrándose –de forma reiterada y sistemática- desde el inicio del denominado “estallido social”. Las cuales han sido constatadas al menos por seis misiones internacionales de observación, incluidas las del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, sin que hasta ahora sean reconocidas por su gobierno.

Que son también actos graves de violencia originada en el Estado, el abuso, el maltrato, la violación y la desaparición de niñas, niños y adolescentes bajo la “protección” del Sename. O que en el marco de la pandemia, y pese al insistente llamado que han hecho diversos organismos internacionales a descongestionar las cárceles para evitar contagios masivos en estos centros de confinamiento, se niegue de forma permanente el cambio de medidas cautelares a presos de la revuelta y mapuche sin condena. Pero que sí se le conceda, y por tanto otorgue libertad, a funcionarios involucrados en delitos constatados por las referidas misiones. Quedando claro, con esto, que se trata de una prisión política.

Finalmente, no es menos cierto que si el Presidente, frente al acto electoral histórico que viviremos el próximo 25 de octubre, refiere a la democracia y la paz de nuestra sociedad, su gobierno no puede admitir manifestaciones en que se hace apología a ideologías genocidas, en cuyo nombre se cometieron crímenes de lesa humanidad, no puede no investigar las abiertas amenazas que por redes sociales realizan por parte de grupos de choque como Patria y Libertad, ni tampoco permitir que manifestantes de una determinada postura electoral porten elementos que blanden como armas desafiantes contra partidarios de la otra opción, lo cual se encuentra prohibido por la propia Constitución que se quiere cambiar.

La violencia, se debe condenar venga de donde provenga, y eso incluye al Presidente, que hoy elude mirar hacia su propia vereda.

Y un plebiscito seguro, no debe evitar únicamente la propagación del virus, sino que este debe a su vez garantizar que el proceso electoral se avecina, no se vea mancillado por un estado de excepción y un toque que horada en su esencia el espíritu democrático que debiera imperar, pues nos asiste no solo el derecho a vivir, sino también a votar en paz.