Un positivo paso para una expedita tramitación de la reforma del Código de Aguas dio este lunes la Comisión de Constitución del Senado, donde esta semana comenzó a revisarse el proyecto tras 9 años de tramitación. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta.
La sesión se realizó por videoconferencia con la presencia de su presidente Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), Felipe Harboe (PPD), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI). Como invitado especial participó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien entregó la visión del Ejecutivo sobre materias de constitucionalidad.
Previo a la exposición del secretario de Estado, los legisladores acordaron solo remitirse a los aspectos relacionados con la Carta Fundamental, sin ampliar las audiencias a expertos que no sean constitucionalistas ya que esto podría retrasar la tramitación del proyecto. Respetaron, así, el acuerdo del pleno sobre los alcances de la revisión en dicha instancia.
En base a esta decisión, rechazaron la solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura para plantear sus puntos de vista como sector interesado ante la comisión.
Batalla por la constitucionalidad
El ministro de Obras Públicas fue el encargado de enunciar las materias que el gobierno intentará revertir en la comisión y que considera tienen problemas de constitucionalidad. En particular, todas están relacionadas con la visión del Ejecutivo a favor de mantener la propiedad privada perpetua sobre el agua.
Fueron siete las materias abordadas. Un primer aspecto es la limitación que se establece en la reforma a la construcción de drenajes en humedales ubicados en las regiones de Aysén y Magallanes, que en opinión del Ejecutivo afectaría el derecho de propiedad de los dueños de tales terrenos.
Además, cuestionó la facultad que se le entrega al Presidente de la República para constituir derechos aunque no exista disponibilidad, lo cual en su opinión afectaría los derechos de terceros. Esto, dijo el ministro, sería un tipo de expropiación inconstitucional. Apuntó asimismo a la figura que prohíbe el pago de indemnización, cuando se requiere una redistribución de las aguas producto de una declaración de sequía.
Agregó a estos “problemas” que se declare caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas cuando no se inscriben en el Catastro Público de Aguas y que se limite el cambio de uso productivo, es decir, que si el derecho se otorga para cierto fin este no pueda ser modificado.
Uno de los puntos más complejos de la discusión será la nueva figura de concesiones temporales de una duración máxima de 30 años, prorrogables si existe disponibilidad y protección de la fuente, para el caso de los nuevos derechos.
Y el último, la extinción para los casos en que el caudal autorizado no se utilice luego de un determinado lapso (5 años para los derechos consuntivos; 10 años para los no consuntivos), lo cual complementaría el sistema de multas que opera hoy y que busca evitar la especulación y acaparamiento. Esta última figura incluiría tanto los derechos nuevos como los antiguos.
Sobre este punto, indicó Moreno que “el concepto central, y que creo en la comisión anterior todos compartieron, es que el problema más importante que tenemos acá tiene que ver con el no uso. El problema más importante que hemos tenido para atrás, y que se ha ido resolviendo, tiene que ver con personas que tienen derechos que no los ocupaban, limitando el derecho de otras personas de tener acceso al agua”.
En opinión del gobierno, por esto la reforma se debe enfocar en las patentes por no uso, que se instituyó en las modificaciones de 2005, y no en la extinción.
Concluida la presentación del secretario de Estado, el senador Francisco Huenchumilla (DC) hizo un contrapunto a sus planteamientos: “Yo no puedo dejar de manifestar mi preocupación, porque este es uno de los grandes temas que nos dividen a los chilenos, detrás de todas las protestas que hubo. Esto nos va a seguir dividiendo en la medida que no resolvamos el problema de fondo respecto del tratamiento de las aguas que se le dio en la Constitución del 80 y donde el Código de Aguas del 81 es simplemente un reflejo”.
En su visión, el problema es la “decisión política que se tomó en la Constitución del 80 de privatizar las aguas mediante la figura jurídica del derecho real de aprovechamiento de las aguas”. Por ello, entonces, “cuando yo escucho al ministro todo este alegato, es uno en función de mantener los privilegios que hoy tienen algunos”.
A su turno, el senador Felipe Harboe (PPD) expresó que “es evidente que el régimen jurídico de separación de la propiedad del agua, al igual que otros sistemas como el de AFP o de la salud, ha generado desigualdades muy fuertes”. Y apuntó: “Hay un conjunto de derechos que fueron adquiridos gratuitamente. Hay gente que no solo especuló sino que también lucró con los derechos de agua. ¿Y a esa gente que mantiene un poco de derechos de agua los vamos a tener que indemnizar? Me parece increíble”.
El presidente de la comisión Alfonso de Urresti (PS) también expresó su desacuerdo en cómo el Ejecutivo enmarca el debate: “Me preocupa que volvamos a la visión ideológica de entender que aquí debe cambiar todo para que no cambie nada, el gatopardismo”.
Expresó que “hoy, cuando la principal y más básica recomendación es lavarse las manos con jabón, en muchas regiones hay lugres donde hay que llevarle a la gente agua con un camión”. Esto, agregó, ocurre en Los Ríos, la Araucanía, Los Lagos, “que por definición son regiones abundantes en agua. Son cientos, miles de personas a las cuales las municipalidades deben que llevarles agua en camión, pagándola. Cuando al lado hay una empresa forestal o un señor con una empresa productiva que es dueña de las aguas”.
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