Con un llamado al Ejecutivo para que presente, en forma urgente, las indicaciones que se requieren para perfeccionar y hacer efectiva la denominada «rebaja de la dieta parlamentaria», el Senado aprobó -por unanimidad- la idea de legislar la reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, y que ya cumple su segundo trámite.
De este modo, por 42 votos se respaldó la idea de legislar y se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 20 de abril. En la oportunidad, se dejó constancia de que el Ejecutivo tiene la iniciativa para -a través de indicaciones- generar una comisión técnica que fije las remuneraciones de parlamentarios y altas autoridades y, que involucre a su vez, una modificación de estado para establecer una política de recursos humanos y remuneraciones que sea coherente.
La mayoría de los legisladores abogó por debatir “en forma responsable” y “sin populismos” el texto legal ya que “tal como está, podría afectar las remuneraciones de unos 12 mil funcionarios públicos” y afectar incluso la carrera funcionaria, tal como hicieron presente numerosos invitados en el debate desarrollado en la Comisión de Constitución.
Asimismo, se aludió a la evolución histórica que ha tenido el tema de la dieta parlamentaria y cómo ha sido resuelta en distintas Constituciones.
Durante la discusión también se hizo presente el rechazo a las expresiones del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en cuanto a que “el arriendo de un recinto para hospitales costaba menos al mes que un parlamentario”. En esa línea, se precisó que las dietas están fijadas en la Constitución y por ley afectan además varios cargos en la misma jerarquía.
Por otro lado, algunos senadores aseguraron que, en este debate, se deberían incorporar otros temas, como el límite a la reelección, la disminución del número de parlamentarios y otros más específicos como la regulación del pago de viáticos. Asimismo, en la discusión también se reflexionó respecto a que “hay que hacerse cargo de la valoración de la política” y precisaron que esta “no puede ser percibida como una actividad de privilegio”.