Un claro efecto en la tramitación de la reforma del Código de Aguas tuvo la revelación de los intereses de la familia del senador RN Rodrigo Galilea en el negocio de las sanitarias.
Durante la última sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, del 15 de enero, el legislador se inhabilitó de participar en la discusión y votación de dos de los incisos del nuevo artículo 314, que entrega potestades al Presidente de la República para declarar zonas de escasez hídrica, por un año máximo, previo informe Dirección General de Aguas (DGA) y con el fin de asegurar usos humanos de subsistencia y saneamiento.
«Quiero hacer una prevención. El inciso 5º hace mención a las sanitarias en el caso de la aplicación del 314. Y yo ahí me inhabilito de opinar respecto de ese artículo y de cualquier cosa que tenga que ver con derechos preferentes de sanitarias por tener hermanos míos participación en algunas de ellas», señaló en la ocasión Galilea.
El parlamentario aludió así al párrafo que estipula que «aquellas asociaciones de canalistas o comunidades de aguas que, al interior de sus redes de distribución, abastezcan a prestadores de servicios sanitarios, deberán adoptar las medidas necesarias para que, con la dotación que le corresponda por la aplicación del acuerdo de distribución, dichos prestadores reciban el caudal o los volúmenes requeridos para garantizar la función de subsistencia».
La decisión la replicó en el inciso 8º, que alude a que las aguas que se entreguen a las sanitarias para suplir necesidades de consumo humano en el marco por la ejecución del decreto presidencial de escasez hídrica, se considerarán como aportes de terceros a costo cero para efectos del proceso de fijación tarifaria.
Conflicto de intereses
En agosto de 2020 El Mostrador publicó el artículo “Navegando en aguas turbulentas: los conflictos de interés del senador Galilea en la votación de la reforma al Código de Aguas”, que dio cuenta que algunos de los hermanos del legislador controlan la sanitaria Aguas San Pedro, la cual, según datos de su última memoria, al año 2019, contaba con 33 mil clientes distribuidos en concesiones en San Pedro de la Paz y Coronel (Región del BioBio), Buin, Pudahuel y Colina (Región Metropolitana), Chillán (Región del Ñuble), Puerto Montt (Región de Los Lagos) y Curicó (Región del Maule).
Durante la sesión del 15 de enero se votó gran parte del articulado, principalmente con los votos favorables de los senadores Alfonso de Urresti (PS, quien preside la comisión), Pedro Araya (ind.) y Francisco Huenchumilla (DC). Carmen Luz Ebensperguer (UDI) transitó desde la aprobación a la abstención en el articulado que en su opinión afectaba los derechos de propiedad de terceros, al igual que Galilea, quien sumó a esto la inhabilidad.
Ahora, este viernes, a partir de las 8,30 horas, se continuará con la votación de algunos incisos pendientes del artículo 314.
Recordemos que, la semana previa, el viernes 8 de enero, ya se había aprobado el artículo 147 quáter que señala que «excepcionalmente, el Presidente de la República, en atención a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 bis y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad (…)».
«(…) Para ello, deberá contar con un informe previo y favorable de la Dirección General de Aguas, que justifique tanto que es con la sola finalidad de garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, como que no ha sido posible la aplicación de otras normas que establece este Código o que éstas no han sido efectivas. Esta facultad se ejercerá por el Ministerio de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo ‘Por orden del Presidente de la República’, aplicándose, para los beneficiarios, las limitaciones del artículo 5 quinquies».
En la ocasión, el ex director de la DGA, Carlos Estévez, defendió esta nueva atribución, que el oficialismo bregó porque fuera eliminada argumentando que ya estaba cautelado el consumo humano en otras normas del Código de Aguas, por ejemplo, en el derecho a extraer agua mediante pozo en suelo propio sin requerir autorización expresa.
«Puede haber situaciones en que puedes quedar fuera de esto. El agua no se encuentra dentro del terreno del comité o la cooperativa; no todos los comités o cooperativas tienen terrenos, son pocos los que tienen; o no se encuentra el agua en el terreno de uno de los asociados», explicó Estévez.
A ello, sumó los ejemplos de las personas que no están integradas a Comités de Agua Potable Rural: «Basta ver encuesta CASEN de 2017 y el Censo para decir quiénes aún no tienen acceso en el mundo rural, se habla de varios cientos de miles de familias (450 mil). Sería presuntuoso intentar prever las lagunas que pudiera ofrecer el ordenamiento jurídico, porque una cosa es la norma y otra la realidad o cómo se implementa. Siempre van a aparecer situaciones en que alguien pudiera quedar fuera de esto. Y justamente lo que hace un país es intentar proteger a sus ciudadanos y ciudadanas», concluyó el ex director de la DGA.
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