Este jueves, en dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la senadora Fabiola Campillai (IND) se reunió con la ministra de la cartera, Marcela Ríos; la subsecretaria de Derechos Humanos (DDHH), Haydee Oberreuter; y el subsecretario de Justica, Jaime Gajardo, con el fin de delinear las primeras disposiciones que permitirán la conformación de una Mesa Unitaria de Trabajo por la Reparación y Justicia para las víctimas y sobrevivientes del estallido social, brutalmente reprimidas por acción policial, y de las presas y presos políticos en el mismo periodo.
Esta mesa la liderará la propia senadora (cegada por Carabineros mientras se dirigía a su trabajo, en noviembre de 2019) y la subsecretaria de DDHH, y se conformará por familiares de víctimas fatales del accionar de la policía uniformada y Fuerzas Armadas, sobrevivientes y representantes de éstos y de presos y presas políticas, instituciones que velan por la garantía y respeto de DDHH, académicos y organizaciones civiles.
El objetivo es reparar integralmente a las víctimas y a sus familias, en todos los ámbitos de sus vidas afectados por las consecuencias del actuar estatal represivo perpetrado desde octubre de 2019, en contexto de la revuelta popular, además de trabajar respecto a la situación de quienes han sido condenados, en proceso judicial, o en prisión preventiva sin derecho a juicio hace incluso más de dos años y medio.
Sobre cómo se establecerá orgánicamente la Mesa, la ministra Ríos indicó que primero terminarán un ciclo de audiencias con diversas personas y organizaciones (ya que las víctimas de la brutalidad policial, y presos y presas políticas, son miles), y que luego conjuntamente se definirá la metodología de trabajo de esta instancia, para después convocar, junto a la parlamentaria, a conformar la entidad y llegar a una primera reunión.
La senadora Campillai manifestó que es imperativo que la Mesa comience a operar lo antes posible, y que sería necesario que se creen dos grupos que caminen juntos, pero paralelamente: víctimas y sobrevivientes del actuar de las policías y FFAA, y presos y presas políticas.
Adicionalmente, desde el Ministerio de Justicia se explicó que la prioridad es lograr un catastro de todas las personas imputadas, formalizadas, encarceladas, víctimas y sobrevivientes del estallido social, pues uno de los principales problemas que han debido enfrentar, desde que asumió el nuevo gobierno, es que el anterior no tuvo voluntad de cifrar los casos. Para ello, desde la subsecretaría de Justicia se está trabajando con Gendarmería, tribunales y Ministerio Público para obtener un listado completo.
En tanto, la senadora Campillai manifestó su profunda preocupación por la situación carcelaria de quienes permanecen en prisión esperando que algún día comiencen sus juicios, a lo que se respondió -desde el ministerio- que comparten su aflicción, y que están diseñando planes para mejorar sus condiciones penitenciarias, reconociendo que el sistema completo está en grave crisis por las altas tasas de personas privadas de libertad que no tienen condena.